Un balance de los juicios por Derechos Humanos

La Dra. Griselda Tessio, Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe 2007-2011 y de vasta trayectoria en el campo de la Justicia y los derechos humanos, reflexiona sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina. La conferencia fue presentada por Oscar Blando y Alberto Ford y se desarrolló el 14/05/2010 en la Sala E del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, en el marco del Congreso Internacional Rosario 2010 "Profundizando la democracia como forma de vida", organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

La "gente" y el servicio militar obligatorio

No es mi intención discutir aquí la conveniencia o no de reinstalar el servicio militar obligatorio que merece un análisis profundo que excede este espacio. Sí, me interesa tratar los motivos que esgrime parte de la sociedad para avalar el retorno al sistema anterior. El debate no es nuevo: el año pasado el portal Infobae hizo circular la siguiente "encuesta": "¿Cree usted que el retorno del servicio militar obligatorio sería una solución al descontrol de los adolescentes?". Los votos por el "sí" fueron, según publicaron, abrumadores: el 75,29 por ciento del total. Hace pocas horas, se interrogaba por un medio local a personas que caminaban por la peatonal sobre las buenas razones que justificarían regresar al servicio obligatorio. Y otra vez, los jóvenes en la mira. "Y si no, ¿cómo los parás?... ¿No ves que no se puede salir a la calle?". "Algún límite tienen que tener ante la falta de control de la escuela… ahí los van a educar"…

Tengo claro que no se trata técnicamente de encuestas, tan sólo de opinión publicada de alguna gente a quienes se las consulta circunstancialmente. Quizá sería distinto el resultado si el universo interrogado incluyese los pibes de 16 y 17 años, los familiares de los desaparecidos o los ex combatientes.

Pero no son menores por ello, las consecuencias de aquellas respuestas. Primero, porque, lamentablemente, creo que reflejan buena parte del pensamiento medio y que atraviesa franjas etarias y sociales; y segundo, porque muchas de las decisiones políticas, sociales y económicas desde hace tiempo se toman desde los poderes y desde la política, teniendo en cuenta estas valoraciones individuales de la "gente", elevándolas como sagradas y acríticas a categoría sociológica. La "gente" aparentemente despojada de enclaves ideológicos, desprovista de mezquinos intereses, alejadas de sus corruptos representantes, se autoproclama y se autoconsuela sugiriendo desde una visión antipolítica que ninguna cuota de responsabilidad tiene en los avatares de la cosa pública. La historia política argentina desmiente esa visión tan idealizada como falsa: el consenso a gobiernos de distinta estirpe, el respaldo a planes económicos y a reelecciones y hasta el apoyo –ya que estamos en tema– muy generalizado a conflictos bélicos, como los del Beagle y Malvinas.

Vale la pena intentar, al menos, desentrañar algunos discursos de la "gente", en este caso, referido al debate sobre las razones del volver al servicio militar obligatorio. Y otra vez, el tema de la inseguridad se cuela por los lugares menos pensados y el espíritu blumbereano sobrevuela. Pregunto: ¿la respuesta a la inseguridad ciudadana debe combatirse con los jóvenes incorporados obligatoriamente a las fuerzas armadas? ¿Qué se quiere decir en este caso con que "esto hay que pararlo" o "no se puede salir a la calle"? ¿Se pretende que los chicos cuando hagan la instrucción patrullen las calles con armas de fuego para combatir el delito? ¿Qué se pide cuando se afirma que los jóvenes tienen que tener algún control que la escuela no da y que ahí se van a educar? ¿Se sugiere que el cuartel suplante al aula y que el sargento al maestro en la "lucha" contra el descontrol de los adolescentes? ¿Para esto se quiere el servicio obligatorio? ¿Estas son las soluciones?

La educación, desde la escuela, el colegio y la universidad –con todos sus problemas y deficiencias– trata de infundir principios igualitarios, participativos y democráticos, formadores de ciudadanía, y es infinitamente más eficaz en todos los sentidos para los jóvenes, incluso para con el llamado "combate" contra el delito, que las consignas de orden, jerarquía, "subordinación y valor", especialmente cuando se lo piensa en términos de seguridad ciudadana. El imperativo constitucional obliga a los ciudadanos a armarse en defensa de la patria y de la Constitución y no tiene nada que ver con estas des-ideologizadas (¿?) propuestas de inmiscuirse en materia de seguridad interior, que además está prohibido por la ley de defensa nacional. En todo caso, discutamos el servicio militar que hoy recluta voluntarios, desde otra perspectiva, pero no desde ésta.

Quizá sea hora de algún modesto acto de circunspección: no vendría mal mirarnos como padres y como ciudadanos, qué ideas superadoras al servicio militar obligatorio en tiempos de paz tenemos para nuestros hijos, qué valores éticos y sociales transmitimos y consumimos y preguntarnos si como sociedad, estamos en el buen camino cuando el rating marca que Ricardo Fort quintuplica a Eduardo Galeano en la misma franja horaria...

Por fin, y ante una posible chicana discursiva sobre el autor de la iniciativa de la desobligación del servicio militar, me apresuro a responder: cuando reflexiono sobre esto no pienso en Menem, pienso en Carrasco.

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 16/03/2010)

Santa Fe y los juicios de lesa humanidad

Hay hechos en los procesos históricos de los pueblos que no pueden pasar inadvertidos. Hace más de veinticinco años Santa Fe vivía uno de los actos de vandalismo institucional más graves: en la madrugada del 8 de octubre de 1984 se robaban los expedientes de la Conadep desde el mismo edificio de los tribunales provinciales. Nada fue recuperado, las investigaciones judiciales no prosperaron, nadie fue responsable de nada: había ganado, una vez más, la impunidad. Hoy en Santa Fe, concluyó uno de los juicios más emblemáticos: la Justicia en la denominada causa Brusa y en fallo ejemplar, condenó por delitos de lesa humanidad a responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otros, a un ex juez federal, ascendido a esa categoría en plena democracia. Hemos empezado a dejar atrás la impunidad. Es un cambio cualitativo en lo institucional y en lo ético de notable profundidad.

Pero nada es casual sino causal. Estos juicios históricos que se vienen desarrollando en el país y en Santa Fe, son el resultado de la larga lucha plural y de resistencia de las víctimas: de querellantes, testigos, familiares, abogados, organismos de derechos humanos. Sin ellos, no habría habido juicios. Santa Fe quiso acompañar, impulsar y comprometerse con este proceso.

Nuestro gobierno creó la Comisión Provincial de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad con la finalidad, dentro de las respectivas competencias, de realizar tareas de apoyo, colaboración y articulación entre la provincia, la Justicia federal y las Municipalidades donde se tramitan dichas causas. También atendiendo a que se trata de juicios orales y públicos, se garantizó el acceso de la ciudadanía a la información a través de la difusión de manera online de las partes del juicio autorizadas por el Tribunal, imágenes que pueden ser captadas por cualquier canal del país y vistas en cualquier lugar del mundo. La difusión de estos juicios no sólo tiene un valor jurídico y político, sino cultural: colabora impidiendo que la impunidad sea aceptada por la conciencia social.

Por fin, se creó en ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes" que tiene como características esenciales: la dirección civil del programa, su integralidad (intervienen los Ministerio de Justicia y DDHH, de Salud y de Seguridad) brindando acompañamiento asistencial jurídico, psicológico y de seguridad civil y policial. Para la custodia personal y/o domiciliaria se creó una unidad especial que depende directamente de otro civil, el ministro de Seguridad, integrada con agentes seleccionados especialmente por los Ministerios del área y cuyos nombres fueron puestos a disposición —para que se hiciesen eventuales observaciones— de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, representada por todos los bloques parlamentarios.

Estamos convencidos que el Estado democrático, debe garantizar políticas públicas que generen espacios de confiabilidad para que el testigo —que debe pasar del relato privado al público, revivir lo vivido en una experiencia extremadamente traumática— produzca libremente con su testimonio, un acto jurídico y social fundamental: contribuir en la búsqueda para esclarecer la verdad y alcanzar la justicia. En estas causas, sin prueba testimonial no hay posibilidad de juicio condenatorio: la seguridad de los testigos es parte de una política de seguridad democrática. En el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2009), titulado "El derecho a la verdad", se sostiene que "la protección de testigos y víctimas (de violaciones manifiestas a los derechos humanos) es parte integrante de la lucha contra impunidad". Es que no hay democracia plena con impunidad.

Sabemos de lo difícil y riesgoso de este proceso: no hemos estado exentos de las provocaciones, de las amenazas e intimidaciones a testigos y funcionarios. La primera y principal responsabilidad es del Estado, pero también es tarea común: en este tránsito nos hemos sentido acompañados por los querellantes, testigos, organismos de derechos humanos e incluso, por la oposición: cada uno desde su lugar y aún desde la crítica, han contribuido ha enriquecer las propuestas y corregir y mejorar las acciones de gobierno.

Este también es un cambio cualitativo a resaltar en torno a las prácticas políticas en una sociedad democrática como la nuestra. Tal vez por ello, un querellante y protagonista principal en la causa Brusa, consecuente pero también crítico luchador, pudo llegar a decir cuando finalizó este juicio en referencia al Estado y al programa santafesino al que había ingresado, que éste consiguió "superar la lógica paternalista que se limita a «cuidar» los testigos como si fuéramos discapacitados o frágiles sobrevivientes de una tragedia cualquiera, asumiendo la responsabilidad estatal de impulsar el juicio y el castigo superando cualquier tentación de neutralidad frente a los genocidas o de intromisión en el movimiento de derechos humanos. Por una vez, el aparato estatal apoyó al movimiento popular y hay que celebrarlo".

(artículo publicado en eldiario "La Capital" de Rosario el 27/01/2010)

Las voces contra la impunidad

Luz en el infierno. El lugar donde funcionó el centro clandestino del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, uno de los escenarios ocultos de la represión. (Foto: C. Arfeliz)

Con una larga trayectoria dedicada a la enseñanza universitaria y a la defensa de los derechos humanos, el abogado Oscar Blando dirige el Programa de acompañamiento y protección de testigos y querellantes de delitos de lesa humanidad. Una iniciativa que el gobierno provincial presentó en agosto de 2008 con el propósito de "colaborar en el proceso de alcanzar la verdad y la justicia". Con la reciente elevación a juicio oral de algunas de las causas más importantes, el Programa puede constituirse en una pieza fundamental para que los responsables de secuestros, desapariciones y crímenes cometidos en la provincia durante la dictadura reciban, al fin, castigo.

Actualmente el Programa asesora a unos 50 testigos y querellantes en Rosario, Santa Fe y Reconquista, y se plantea la perspectiva de trabajar con otros 600, con el desarrollo de las causas y los juicios. Blando destaca la articulación de medidas de contención y de seguridad, el principio del consentimiento de la persona interesada, la posibilidad de incluir a familiares directos y abogados patrocinantes. Y lo explica en detalle, con oficio docente. Es que hay cuestiones delicadas, como la participación policial, y los modos de preservar el relato de los sobrevivientes.

—¿Cuáles son las características particulares del Programa?

—En primer lugar, toda la protección es esencialmente civil. Tiene una parte de seguridad policial, pero el Programa asume una impronta civil, dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Incluye un aspecto tal vez diferente a otras jurisdicciones que es la integralidad: nosotros damos asesoramiento jurídico y asistencia psicológica, con psicólogos del área de salud de la provincia. Los juicios por crímenes de lesa humanidad plantean una situación de conflictividad, emocionalmente es un tema difícil. Algunos querellantes vienen declarando cinco, seis veces.

—Una situación que puede desgastar a quienes declaran, con los tiempos lentos de la Justicia.

—Hay una revictimización, por eso es muy importante el apoyo psicológico. Algunos testigos no quieren custodia ni asesoramiento jurídico pero sí un apoyo psicológico que los ayude a transitar esto que es pasar del relato privado de los hechos al relato público. Muchos de ellos pueden estar en organismos de derechos humanos y redes de contención, pero ese paso al relato público, con el escenario de la Justicia y la presencia de los imputados puede ser traumático. El Programa no es meramente un asesoramiento jurídico. El objetivo es la verdad y la justicia, colaborar con ese relato que es jurídico, porque se va a dar en el ámbito de la Justicia, y también político, porque tiene que ver con el fin de la impunidad, y finalmente es cultural, porque significa que las atrocidades que se cometieron tengan el condigno castigo.

—¿Cómo está pensada la participación policial?

—En primer lugar, nosotros implementamos un aspecto de seguridad no policial. Se puede brindar seguridad y protección no necesariamente policial. La seguridad policial sería la última razón, cuando la persona lo reclama o cuando ocurre una circunstancia que merezca y necesite, porque lo pide el testigo o el querellante, el requerimiento policial. Hay gente que no quiere protección policial, porque a lo mejor es la misma fuerza, con otros nombres, que los persiguió o los torturó. Por lo tanto hay una relación conflictiva y si no hay reclamo no damos esa protección. Pero sí hay, y en esto los organismos de derechos humanos tienen una participación importante, seguridad no policial: las redes de contención son un espacio de confianza que nos sirven para proteger. Además estamos implementando un sistema de monitoreo. Tenemos alrededor de 50 personas incorporadas voluntariamente como testigos, de los cuales la mitad está con monitoreo del área de seguridad civil del Programa. El ejemplo es la gente de Reconquista, que tuvo una serie de intimidaciones de algunos familiares de imputados y ahí hay un monitoreo permanente con nosotros.

—¿Y la seguridad policial cómo es?

—Se crea una unidad especial que tiene como cabeza al ministro de Seguridad de la provincia y un coordinador que es el comisario Omar Odriozola, el jefe de las Tropas de Operaciones Especiales. La unidad se conforma con un reclutamiento de agentes que tienen determinadas características profesionales. Nosotros, con total transparencia, tratamos de consensuar con quienes tienen la necesidad de ser protegidos, los organismos y el estado: recibimos una lista de agentes que pasa por la observación del ministro de Seguridad y que éste traslada al ministro de Justicia. Hay una parte de la seguridad que necesariamente debe ser policial, como la custodia y el traslado de detenidos. En ese sentido necesitamos decisiones de tipo político, y esta decisión fue ofrecer a los organismos de derechos humanos, los testigos, los querellantes y los legisladores esa lista que nos envía el ministro de Seguridad para que nos hicieran llegar, por escrito y fundadamente, las objeciones que pudieran tener. Por lo menos a esta primera tanda nadie hizo ninguna observación. Nosotros fijamos algunos criterios: por ejemplo la edad, con la idea de que no hayan podido haber participado en el golpe de estado. Se hizo además una evaluación en términos de conocer sus familias y planteamos algunas preguntas relacionadas con la dictadura militar. Hicimos así una primera tanda de selección, que ahora necesita el referendo del ministro de Seguridad. Así como el titular de la unidad dependerá del ministro Daniel Cuenca y no del jefe de policía de la provincia, los agentes dependerán exclusivamente de quienes tengan responsabilidad en el Programa y se van a dedicar exclusivamente a esa tarea.

—¿Cómo es la relación del Programa con los organismos de derechos humanos?

—El decreto de creación del Programa fue consensuado con los organismos en varias reuniones que hicimos en Santa Fe, Rosario y Reconquista. Algunas cuestiones se sacaron y otras se enriquecieron. En su gran mayoría, los organismos han colaborado en el diseño de este programa. También señalo la colaboración de la oposición política, en particular del justicialismo, que también ha hecho algunas críticas pero con una idea de comprensión y de trabajo en conjunto. Esta debe ser una política de Estado, hay que sacar las internas de los organismos y las internas de los partidos políticos. El Programa trata de dar seguridad sin mirar la ideología política, y el justicialismo tiene muchos militantes requeridos en los testimonios.

—Antes de la presentación del Programa hubo una polémica con la anterior secretaria de Derechos Humanos cuando dijo que también se protegería a represores. ¿Cómo se definió esa cuestión?

—En ese momento el decreto estaba en elaboración. Yo creo que no hay lugar para los dos demonios. Este Programa ofrece acompañamiento y protección exclusivamente para quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Ese es el motivo específico del programa: no ha habido nunca otra visión del tema.

—En Santa Fe hay varias causas por delitos de lesa humanidad elevadas a juicio oral. ¿Qué perspectivas observa?

—Vale la pena visualizar el tema general. Hemos tenido etapas de progresos y de retrocesos. La renovación de la Corte Suprema a nivel nacional fue uno de los hechos más importantes en el sentido de que prevalezca la memoria, por los nuevos jueces que la integran. Y se inició una etapa de juzgamiento. Hay que situar los peligros posibles dentro de esa perspectiva. Con avances y retrocesos, hay una intención desde el punto de vista político y judicial que está instando a que las causas se movilicen y avances. Lo dijo la presidenta, lo dijo el ministro (Ricardo) Lorenzetti, lo dijo Binner. Hay inconvenientes, por ejemplo la constitución definitiva de los tribunales orales retarda la iniciación de los juicios orales. Aun teniendo la conformación de los tribunales, la Justicia no tiene a veces los medios o hasta los lugares necesarios. Las salas de audiencias no están pensadas para esos juicios.

—Los querellantes están dispuestos a declarar, pero para los testigos a veces puede ser difícil dar testimonio. ¿Cómo podrían pasar del relato privado al relato público que mencionaba?

—Es una suma de cuestiones. Debemos tratar, desde la Justicia y desde el poder político provincial, que ese relato ayude a la verdad y la justicia. Uno de los efectos más destructivos del horror sobre los afectados, es, como se ha dicho, que la persona queda fijada en una identidad de víctima, es decir, la identidad unida al sufrimiento, a la culpa de haber sobrevivido, a la moral del sacrificio, a la autoculpabilización. Por tanto, dar testimonio, re-vivir, re-editar, es una experiencia extremadamente traumática, porque hay en definitiva una ruptura de la intimidad. Por eso, desde lo público tenemos la obligación de asegurar esos espacios de confiabilidad que van desde preservar los archivos a la memoria, a la protección de los testimonios, posibilitando pasar de la voz pasiva del afectado a la activa, como modo de ser protagonistas del curso de la historia y permitir a ésta darle un sentido diferente. No es lo mismo que haya juicios que no los haya. Tenemos que utilizar todos los resortes para que los juicios tengan su fin. Esa es una decisión que tiene el gobierno de la provincia.

Instantánea

En Rosario, el Programa de acompañamiento y protección a testigos y querellantes funciona en Moreno 248 (tel. 0341-4721466/67). Entre otras consideraciones, el decreto de su creación menciona "la expresa voluntad política del Estado provincial de acompañar, asistir y proteger tanto a testigos y querellantes como a familiares y abogados patrocinantes".

(Publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 15/03/2009)

Superti ratificó el compromiso de avanzar en los juicios por la verdad

“Estamos más involucrados y comprometidos que nunca para que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio”. La afirmación fue del ministro de Justicia, Héctor Superti, durante una jornada sobre Democracia y Derechos Humanos que se realizó ayer en Rosario. En la ocasión se hizo un reconocimiento a los miembros santafesinos que integraron la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).

Superti resumió los principales hitos históricos de la lucha contra la impunidad “desde el final de la trágica noche de la dictadura”, y destacó el trabajo de los organismos de derechos humanos que permitieron los avances de las causas.

“Estamos más involucrados y comprometidos que nunca para que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio -insistió el ministro-. Con verdad y con justicia podemos decir Nunca Más”, aseveró.

La vicegobernadora Griselda Tessio, por su parte, enumeró algunos hitos de la historia de la Conadep desde sus inicios, y describió el proceso histórico que llevó a los juicios por delitos de lesa humanidad. La funcionaria detalló los logros de la comisión y destacó que durante aquellos momentos iniciales de la lucha por los derechos humanos “sólo las Madres (de Plaza de Mayo) estaban al tanto de lo que sucedía con el robo de niños y nadie creía que en la Argentina se pudiera llegar a tal grado de ferocidad”. .

En Santa Fe

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, destacó el “merecido homenaje a las mujeres y hombres de la Conadep”, y reafirmó “un renovado compromiso para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos”.

La funcionaria brindó un informe sobre las políticas aplicadas en función del eje Verdad y Justicia, y ratificó el compromiso del gobierno provincial de facilitar “todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir y colaborar con los juicios por delitos de lesa humanidad”.

Más adelante, el director del Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos en causas por el mismo tipo de delitos, Oscar Blando, señaló que la lucha de los organismos y los sobrevivientes, “además de impulsar los juicios, ha impedido en los hechos la consagración de la impunidad”. El funcionario aseguró que esa batalla es jurídica y también ética. “Los derechos humanos son la ética de la democracia, y es necesario acelerar los juicios”, aseveró.

Reconocimiento

Del acto participaron organismos de derechos humanos, ONGs, legisladores y funcionarios provinciales y municipales. En la ocasión, se desarrolló el panel Justicia y Derechos Humanos, integrado por el ministro Superti; la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; y el director de los programas de Derechos Humanos y de Acompañamiento y Protección a Testigos en causas por delitos de lesa humanidad, Oscar Blando.

Posteriormente, tuvo lugar la disertación “A 25 años de la creación de la Conadep”, a cargo de la vicegobernadora Griselda Tessio. Finalmente se exhibió el documental testimonial titulado “La vergüenza consumada”, producción sobre el robo de los expedientes de la Conadep perpetrado en los Tribunales de Rosario en 1984.

La actividad cerró con un reconocimiento y entrega de diplomas a miembros de la Conadep provincial a cargo del subdirector del Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes, Daniel Bóccoli. En la oportunidad, Bóccoli dijo que la “lucha inclaudicable” de quienes hicieron posible que estén en marcha las causas por delitos de lesa humanidad y genocidio.





Abogados y el aborto

Como abogado matriculado perteneciente al Colegio de Abogados, 2ª Circunscripción de Rosario, me dirijo a usted (Arturo Araujo) a fin de manifestarle formalmente mi inocultable rechazo por sus temerarias declaraciones vertidas en el Día del Abogado respecto a la despenalización del aborto.

Como abogado matriculado perteneciente al Colegio de Abogados, 2ª Circunscripción de Rosario, me dirijo a usted (Arturo Araujo) a fin de manifestarle formalmente mi inocultable rechazo por sus temerarias declaraciones vertidas en el Día del Abogado respecto a la despenalización del aborto. Usted, señor presidente, tiene entre sus facultades las de representar al directorio del Colegio pero no a verter opiniones personales y menos de hondo contenido político —que le está vedado— (critica insólitamente una declaración al Concejo Municipal de Rosario, órgano representativo de la voluntad popular rosarina) sobre una cuestión altamente sensible y en donde se entremezclan las (sus) cuestiones personales, religiosas y hasta filosóficas. No era el ámbito ni la oportunidad ni está entre sus obligaciones estatutarias tratar inconsultamente este tema y menos en el día del abogado: admitió que el directorio "no se había expedido" ni tampoco los miles de abogados que integramos el Colegio. De más está decir que también son claramente discutibles (y por tanto inapropiadas haberlas allí expresado) sus opiniones personales caracterizadas como "jurídicas" sobre la supuesta inconstitucionalidad o lesión a los tratados internacionales de derechos humanos sobre la despenalización del aborto. No comparto esta posición como seguramente muchos de mis colegas: con más razón debió privar su mesura y evitar tan imprudentes como inoportunas definiciones. Usted es el presidente del directorio del Colegio de todos los abogados y no el vocero de determinada institución confesional: no resulta ético ni estatutariamente corresponde, que utilice los atriles que le permite su investidura para expresar tan livianamente sus opiniones personales públicamente, comprometiendo a todos los abogados que aún no se han expedido democráticamente sobre el tema y debería, incluso, discutirse si corresponde o no hacerlo. Tiene sí todo el derecho de manifestarse sobre la despenalización del aborto realmente a "título personal": un artículo de opinión en un periódico o en una revista científica hubiese sido mucho más apropiado que hacerlo como presidente del Colegio de Abogados de Rosario en un acto público. Ahora, lamentablemente, el daño institucional está hecho.

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 03/09/2008)

Decisiones para proteger testigos

Oscar Blando fue designado en la Dirección Provincial de Programas de Derechos Humanos, del que depende el Programa de Protección de testigos y querellantes. Desde ese lugar esta diseñando el programa dirigido a las víctimas de la represión durante la última dictadura que este mismo año van a sentarse frente a sus victimarios en la justicia federal . Este abogado ligado a la defensa de los derechos humanos, es hijo de Manuel Blando quien fuera presidente de la CONADEP Rosario, que recabara las primeras denuncias contra el terrorismo de estado. Entre los puntos destacados Blando propuso que el personal policial que brinde la seguridad entre los testigos sea seleccionado por los propios organismos de derechos humanos entre los hombres de las Tropas de Operaciones Especiales, la tropa de elite de la fuerza provincial.

artículo publicado en Rosario/12 el 18 de mayo de 2008