jueves, 12 de diciembre de 2013

Manuel Blando, un hombre decente

Por Jorge Salum/Diario La Capital de Rosario

El sábado 7 de diciembre murió en Rosario el abogado, docente y dirigente político Manuel F. Blando. Excepto para sus familiares y amigos más cercanos, su deceso pasó desapercibido, un poco porque la atención de los medios estaba centrada en el conflicto policial y la tensión social y otro poco porque los principales episodios de la vida de ese hombre extraordinario ocurrieron hace mucho tiempo. Y el paso del tiempo, ya se sabe, a veces es injusto con quienes merecerían que los despidiéramos de otra manera.
Manuel Blando dedicó su vida a la militancia política y en favor de los derechos humanos. En 1984 esa larga y reconocida trayectoria se coronó con su designación como presidente de la delegación Santa Fe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep). Junto a los otros miembros de esa comisión le tocó un trabajo tan penoso como arduo, pero su contribución a la búsqueda de la verdad dejó una huella entre muchos de los que lo conocieron por entonces y también marcó su propio carácter por el resto de sus días.
Paradójicamente, su muerte se produjo cuando se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia, el hito histórico que, entre otras cosas, permitió la creación de la Conadep, el juicio a la junta militar que derrocó al gobierno de Isabel Perón en 1976 y tantos otros acontecimientos vinculados a la condena del terrorismo de Estado y la reivindicación de los derechos humanos.
Escribo sobre Manuel con datos que me aporta su hijo Oscar, militante y dirigente político como su padre y actual Director de Reforma Política y Constitucional del gobierno de Santa Fe. En representación del Partido Demócrata Progresista, fue concejal de Rosario y diputado provincial. Como si fuese una mueca triste de la historia, en ambas ocasiones su mandato fue truncado por los golpes de estado de 1966 y 1976.
Luego, durante el proceso militar, junto a otros dirigentes como Ricardo Molinas fundó el Movimiento Latorrista, línea interna de la democracia progresista disidente de la conducción oficial. En 1989, como muchos de sus correligionarios, renunció al PDP cuando esa agrupación política formalizó una alianza con la UCeDé.
Manuel fue profesor de Historia Argentina e Instrucción de Cívica en la entonces Escuela Industrial (el actual Instituto Politécnico General San Martín dependiente de la Universidad Nacional de Rosario). Allí, como le gustaba recordar, fue docente de Roberto Fontanarrosa. También integró en representación de los egresados la primera comisión directiva de la Escuela de Derecho de Rosario, antecedente inmediato de la Facultad de Derecho de la UNR.
Además participó activamente de la vida gremial del Colegio de Abogados de Rosario. Fue crítico tenaz de la intervención Saráchaga al Poder Judicial en 1969 durante el gobierno de Onganía, y luego fue cofundador con otros abogados del Movimiento Solidaridad Forense. En varias ocasiones fue miembro del Tribunal de Ética de ese colegio. Me cuenta Oscar que además, entre sus amplias actividades, fue crítico de cine y escribió durante muchos años numerosos artículos en las columnas de opinión del La Capital.
En su libro "Derecho y Política", Oscar escribe una dedicatoria que resume su percepción de hijo, que es también la de todos los que lo conocieron. Allí dice: "A Manuel F. Blando, que me enseñó, entre muchas cosas, que se puede transitar por la vida (y por la política) decentemente".
Un dato habla muy bien de su decencia: es uno de los escasos legisladores provinciales que no se jubiló como diputado y no percibía un haber de privilegio. Muy por el contrario, cobraba dos modestas jubilaciones como docente y abogado.
Conocí a Manuel Blando en 1989 en el Colegio de Abogados y compartí con él unos cuántos momentos enriquecedores. Lo recordaré siempre con la misma percepción de Oscar y tantos otros: era un hombre que transitaba por la vida (y por la política) decentemente".


jueves, 14 de noviembre de 2013

Elecciones en Santa Fe 2013: boleta única y simultaneidad.

Organizado por el Centro de Estudios Mar del Plata que dirige el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Licenciado Francisco Morea, se realizó una jornada sobre implementación de la boleta única en la que participaron el diputado provincial Alfredo Lazzaretti y el Doctor Oscar M. Blando, Director provincial de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno y Reforma de Estado del Gobierno de la Provincial de Santa Fe. 
El Dip. Lazzaretti explicó su proyecto de boleta única presentado en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Blando el proceso de implementación del sistema de votación de boleta única en elecciones simultáneas con las nacionales, lo que constituyó una experiencia inédita en el país.

Francisco Morea, Rector de la UNMdPata, presentando el panel junto al legislador Alfredo Lazzaretti
Repercusiones en el diario La Capital de Mar del Plata

lunes, 21 de octubre de 2013

El consenso es todo para una reforma

El director de la Reforma Política Oscar Blando y el constitucionalista e investigador de la UBA Lucas Arrimada, estuvieron en Santa Fe y Rosario dando conferencias y en reuniones con funcionarios. Con Rosario/12 hablaron de los puntos que sería necesario modificar
El gobernador Antonio Bonfatti fue claro al anunciar que después de las elecciones del domingo próximo, comenzará a convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria para determinar si el 2014 es o no el año de la reforma constitucional en Santa Fe. De todos modos, las consultas nunca se detienen, y sobre todo los intercambios con catedráticos, investigadores y especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Comparado de todo tipo. En ese marco, días atrás estuvo en Santa Fe y Rosario dando charlas y en contacto con funcionario del gobierno provincial, el doctor Lucas Arrimada, profesor e investigador de Derecho Constitucional de la UBA. Junto al director de la Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, Oscar Balndo, hablaron con Rosario/12 sobre la necesidad y la oportunidad de la reforma.
Arrimada aclaró de entrada que el análsis político fino sobre la oportunidad de modificar el texto constitucional provincial de 1962, "se los dejo a los santafesinos". Y agregó que su análisis "está anclado mucho más en el texto constitucional que en el contexto político. Lógicamente, puedo tener una lectura sobre eso pero eso lo dejo para los santafesinos, para los ciudadanos y para los dirigentes. A mí me interesa analizar, por ejemplo, cuánta compatibilidad hay entre la Constitución de Santa Fe y la Constitución Nacional reformada en 1994". Y añadió que "desde mi punto de vista hay dos agendas principales, una vinculada a temas estructurales como la relación entre el Estado y la Iglesia que es el artículo 3º de la Constitución santafesina, y eso debe estar en la línea del concepto de derechos humanos en cuanto a la igualdad religiosa".
-¿Qué dice la Constitución de Santa Fe sobre la religión oficial?
-Bueno, muchos no conocen que ese artículo 3º de la Constitución de la provincia dice que el Estado es católico, es más, puntualmente señala: 'La religión de la provincia es la Católica, Apostólica, Romana'- intervino Blando.
Para Arrimada otro aspecto a tener en cuenta "es el del diseño territorial por departamentos, que eso también formaría parte de la agenda de reformas estructurales de la Constitución. Es un sistema que está más anclado en las formas del siglo XIX que en la actualidad o el constitucionalismo moderno. Esa una poco sería la faz no sólo de la modernización constitucional sino también de las estructuras del Estado, sobre todo del Estado democrático", explicó.
A su turno Blando recordó que el proyecto de reforma constitucional que presentó el Frente Progresista y que tuvo estado parlamentario, "planteaba la posibilidad de analizar la elección de los senadores no por departamentos sino por los cinco nodos, otorgando para cada uno dos senadores para la mayoría y uno para la minoría. Eso daría un número total de 15 senadores contra los 19 que hay hoy, pero sobre todo sería más equilibrado y representativo a la hora de distribuir los cargos".
-Se descartaría entonces la chance de la unicameralidad como en algún momento se planteó...
-Personalmente no soy enemigo de la unicameralidad, pero no la apoyo en el sentido de que se lleve adelante por el mero hecho de un recorte de gasto político, como muchos argumentaron en otras provincias. Eso me parece que no conduce a nada. Yo digo que podría darse quizás la unicameralidad con el mismo número de miembros que tiene la Asamblea Legislativa actual de Santa Fe, que es de 69 -dijo Arrimada.
Para el constitucionalista investigador de la Universidad de Buenos Aires, también hay otra agenda "que es la que pasa por actualizar todas las instituciones de la provincia, adecuadas a lo que contempla el texto Constitucional reformado en 1994 a nivel nacional. En ese marco se encuentra el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, que son instituciones presentes en Santa Fe pero que no tienen aún rango constitucional. Constitucionalizar estos institutos permiten una discusión más seria, porque llevaría a estas formaciones a un rango con más espíritu de permanencia, que en definitiva es lo que contempla toda Constitución. Esto marca que lo que se vaya a poner en el nuevo texto constitucional debe estar ampliamente discutido y acordado, para que de estabilidad en el largo plazo", afirmó.
Para Blando también "se podría pensar en una justicia electoral independiente, hoy en Santa Fe la Corte Suprema es la que tiene toda la autoridad en las cuestiones electorales". Y explicó que "ya hubo proyectos en Santa Fe que contemplaban una justicia electoral independiente y permanente. Como por ejemplo lo es la Cámara Nacional Electoral, con cargos concursados e idóneos en la materia. Acá, actualmente el Tribunal Electoral se conforma con el presidente de la Corte santafesina y con dos jueces que se sortean. Con lo cual, no hay una especialización sobre el tema electoral en sí, más allá de las garantías que también puede otorgar la independencia de un órgano de estas características".
Para Arrimada, y con respecto a nuevos derechos, hay que tener en cuenta los derechos del consumidor. "No sólo una nueva Constitución puede incorporarlos si no los contempla, sino que puede ampliarlos. Porque eso es lo que implica también el federalismo para cada una de las provincias que pueden decidir sobre la ampliación de estos derechos y mejorar su protección. Lo que no pueden es ser recortados por el principio de progresividad, es decir la protección no puede ser recortada o disminuida". Y agregó que "el desafío de una nueva Constitución es crear un proceso por el cual la gente de toda la provincia participe en el proceso de la inclusión de derechos. Que se opine sobre los derechos que la sociedad siente como vulnerados u olvidados. En ese sentido se pueden crear instancias participativas antes de una Constituyente, durante ese asamblea reformista y también después".
-¿Qué debería pasar con la relección del gobernador? -se lo consultó a Arrimada.
-Particularmente creo que desde el punto de vista institucional, es nociva la reelección indefinida, como lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, con excepción de Mendoza y Santa Fe. Pero todo depende de la voluntad de las fuerzas políticas de cada territorio. Me parece que una reelección, no es nociva pero dependerá de si el gobernador quiere no presentarse. En el caso de Santa Fe, si prometió no presentarse es una cuestión más del tipo política personal. Pero institucionalmente no sería algo considerado como nocivo. La posibilidad de dos mandatos seguidos otorgaría un escenario más proclive a las políticas públicas de largo plazo, eso también hay que contemplarlo.
-¿Sería mejor limitar el mandato de los legisladores provinciales?
-Bueno, ahí aparece uno de los principales problemas que es: Cómo esperar de los principales interesados algún tipo de reforma que excluya un pensamiento basado en el interés personal o sumamente político. Es un problema de teoría política, por ejemplo sería lo mismo que preguntarse cómo hace un sistema presidencialista para morigerar las cuestiones nocivas de ese propio presidencialismo. Es realmente complicado- concluyó.

miércoles, 9 de octubre de 2013

Análisis post electoral: Reportaje al Director de Reforma Política y Constitucional de la Provincia de Santa Fe

 
El 40% de los votos nulos en las primarias fue por no hacer marcas

El dato surge de un estudio realizado sobre una muestra de urnas de toda la provincia, y refuerza la hipótesis de que esos electores, en realidad, quisieron votar en blanco.
 

El voto nulo alcanzó niveles significativos en las últimas elecciones primarias; según la categoría y ciudad, hasta se constituyó en la segunda opción. Para conocer la naturaleza de ese voto, y en un estudio similar al que se había hecho después de los comicios de 2011, la Dirección de Reforma Política y Constitucional -a cargo de Oscar Blando- analizó las boletas de 36 urnas testigo.

Según los resultados obtenidos, el voto nulo alcanzó a nivel provincial el 6 por ciento. Entre los datos salientes del informe se destaca que un 40% de esos sufragios terminó anulado porque había más de una opción marcada, en tanto que otro 40% no marcaba ningún casillero.

En diálogo con El Litoral, Blando recordó que en las elecciones de 2011, la ausencia de marcas había sido la principal causa de anulación del voto. “Lo que vemos es que ahora se equipara este porcentaje con el de aquellos que marcaron más de una opción”, comentó.

El funcionario se detuvo a analizar el 40% de votantes que no marcaron ninguna opción en la boleta. “A nuestro entender -interpretó-, son electores que quisieron votar en blanco, y es mucha gente. Por eso, decidimos hacer una campaña de difusión poniendo el acento en que si la persona quiere votar en blanco, debe marcar el casillero en la boleta donde aparece esa opción específicamente, porque si no lo hace, está anulando el voto”, planteó. Y adelantó que a su criterio, éste debería ser un aspecto a reformar de la ley electoral.
“Creo que es una cuestión a modificar. Sinceramente -dijo-, si el elector no pone ninguna marca, estaría manifestando un voto en blanco. Por eso vemos que en las elecciones de 2013 respecto de las de 2011 aumentó el voto nulo y disminuyó el voto en blanco. Con lo cual -especuló-, el voto blanco real estaría aumentando el porcentaje que apareció en las elecciones (del 2,5%) por este porcentaje de electores que anuló el voto inconscientemente al no marcar ninguna opción”.

Otros casos

En cuanto al 40% de votos anulados por marcar más de una opción, más de la mitad de esos electores dibujaron tildes en todos los casilleros. Para Blando, ello es una manifestación del voto bronca. “No es que el elector esté desinformado o indiferente a todo; es como que los impugna a todos a la vez”, planteó.
En segundo lugar aparecen los que marcan dos o más casilleros de diferentes frentes o partidos políticos. “Allí sí hay una equivocación, aunque hay una porción menor de electores que marca más de una opción pero dentro del mismo Frente, con lo cual entendemos que el elector tal vez quiso reafirmar su voto”, analizó.
Otra característica que sí aparece como distintiva respecto de 2011 es el aumento de voto nulo por la aparición de expresiones ofensivas o ajenas técnicamente al proceso electoral, que en esta ocasión representaron el 15% de los votos anulados. “Esto también sería una expresión del voto bronca”, dijo Blando.

Resumiendo: del universo de votos nulos en las primarias, el 40% no tuvo ninguna marca, otro 40% tuvo más de una cruz, el 15,2% expresiones ajenas al proceso electoral, y un 2,5% marcó claramente una opción pero por fuera del casillero, por ejemplo, con un círculo en la foto del candidato. Blando recordó que si bien rige para estos casos una acordada del Tribunal Electoral que los consideraba votos válidos, “tal vez las autoridades de mesa en el escrutinio provisorio se ciñeron a la ley y los consideraron nulos”.
En un 0,7% de los votos nulos aparecía una opción tachada y una nueva marca en otro casillero. “Aquí también hay un error de interpretación -dijo Blando- porque si la persona se equivocó, tiene que salir del cuarto oscuro y pedirle un nuevo talonario a la autoridad de mesa”. Finalmente, en una porción ínfima, aparecieron votos nulos porque se identifica al elector.

Difusión

Sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio, el gobierno impulsó una campaña de difusión que pone el acento en cómo votar en blanco para no anular el sufragio.
“En las primarias -sostuvo Blando-, nuestra preocupación era hacer entender la simultaneidad de elecciones y la convivencia de los dos sistemas electorales diferentes. Ahora, nos estamos dedicando a la boleta única para recordar cómo funciona, y que la ciudadanía voto mejor”, concluyó.

Participación en las urnas

  • El relevamiento incluyó el análisis de otros aspectos, como la asistencia de electores el día de la votación. Según relató Blando, en las primarias de agosto pasado hubo una participación mayor al 70%, lo cual se ubica dentro de los parámetros históricos. Y advirtió, incluso, que hubo un crecimiento de la participación ciudadana en los últimos años.

“En 2007 -recordó-, sin boleta única hubo un 67,7% de asistencia; en 2009 un 64% y ya en 2011 con boleta única, un 71,2%. En las primarias de este año, ese guarismo subió al 73 por ciento. Es decir, que no sólo que no ha disminuido la asistencia a las urnas, sino que mínimamente ha aumentado”.
El funcionario recordó que cuando se cuestionaba la boleta única, se argumentaba que podía desalentar la participación por la incomprensión del sistema. “Esto ha quedado desestimado por segunda vez. La gente se siente cómoda y sabe votar”, afirmó.


La clave

Válido
  • El caudal de votos válidos en los últimos comicios primarios se ubicó por encima del noventa por ciento. En dicha categoría se incluyen los votos positivos más los votos en blanco, menos los votos impugnados y nulos.

El dato
Ficha técnica
  • El trabajo de análisis se realizó sobre 12.044 boletas obtenidas de 36 urnas de todos los departamentos de la provincia, teniendo en cuenta comunas y municipios de distintos colores políticos. Trabajaron en el relevamiento las licenciadas Lourdes Lori y Luciana Araya, contratadas por la Dirección de Reforma Política y Constitucional



domingo, 6 de octubre de 2013

Diez razones para una Reforma Constitucional

El Gobernador de la Provincia Antonio Bonfatti ha anunciado que luego de las elecciones del 27 de octubre convocará a los partidos políticos en la búsqueda de consensos para la reforma de la Constitución Provincial.
Toda Constitución y cualquier reforma implica un acuerdo democrático y colectivo: "un pacto de garantías y convivencia" que debe perdurar en el tiempo. Teniendo en cuenta antecedentes en esta materia, los argentinos aprendimos que las reformas constitucionales no deben imponerse, deben acordarse.
 


Se necesita consenso. Consenso político, especialmente con los partidos con representación parlamentaria que deben habilitar la necesidad de la reforma. Sin ese acuerdo previo no hay reforma. Pero también necesitamos consenso social, esto es que la ciudadanía -el “demos”- se apropie del debate y de los contenidos sobre la reforma, garantizando que suvozsea escuchada y se sienta protagonista del cambio institucional. La participación igualitaria y pública permite algo fundamental: tomar conciencia cívica sobre los beneficios que la reforma y la Constitución significan concretamente para la (su) vida en una sociedad democrática.

Los santafesinos y las fuerzas políticas que los representan debiéramos encontrar las coincidencias necesarias para abordar las reformas pendientes. Es más lo que une que lo que separa. No para hacer reformas refrendatarias sobre “pactos” o “paquetes” cerrados acordados con anterioridad: se propone acordar una agenda de temas y líneas propositivas fundamentales que habiliten la reforma y que luego sea el voto popular quien defina, entre las distintas alternativas políticas que conformaran la Convención Constituyente, qué cambios y con qué dirección y profundidad los prefiere.

Esbozaré, por cuestión de espacio, sólo diez razones (que engloban a muchas más) por las cuales entiendo debe reformarse la Constitución:

1) La Constitución de 1962, adelantada para su tiempo, fue el reflejo de las ideas predominantes en el mundo de posguerra del siglo pasado y de determinada concepción de la política y el poder en una Argentina caracterizada por la inestabilidad institucional. Recuperada la democracia en 1983, Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista que signó el derecho público provincial argentino ni modificó su carta magna pese a la reforma nacional de 1994 que cambió el paradigma constitucional: consagró la democracia y los derechos humanos como valores supremos. Sería prudente incorporar un artículo como en Nación, de defensa del orden democrático y constitucional.

2) En relación a los derechos y garantías, la primera condición es reconocer que cada persona es titular y sujeto de derechos. Desde una perspectiva igualitaria y desde "la mirada" del más débil no es indiferente que un derecho o una garantía estén o no inscriptos en su constitución (especialmente si observamos a uno de los poderes del Estado, el Judicial): el reconocimiento de esos derechos permite luego la lucha por su efectivización en el campo de lo social, lo político y también lo jurídico, e impide que cualquier norma de rango inferior los cercene.

Desde esta visión será importante la recepción de derechos y garantías que contemplen los nuevos actores sociales, el reconocimiento de minorías, de excluidos y el rol que cumplirá un Estado activo y presente, para garantizar el cumplimiento de los mismos. Tendrán que incorporarse, entre otros, el derecho a la identidad de las personas y a ser diferentes sin ningún tipo de discriminaciones; el derecho de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; el amparo a las víctimas de trata, violencia y explotación sexual; el reconocimiento de derechos desde la perspectiva de género, los derechos reproductivos y sexuales y la igualdad real entre varones y mujeres en el acceso a todos los derechos;  el derecho a la plena integración de las personas con capacidades diferentes; los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente, el acceso a la tierra; el derecho al agua como derecho humano fundamental para que ni el mercado ni el Estado puedan suprimir o lesionar. Tendrá que adecuarse la acción de amparo, no sólo porque es incongruente con la constitución nacional sino porque ese instrumento debe permitir el acceso a la justicia a los más necesitados, a los que no tienen recursos para esperar los lentos "tiempos" de la justicia común. Y la Constitución deberá reconocer la ampliación de derechos acorde a la Nación: es discriminatorio que los jóvenes de 16 años, como ocurre en estas elecciones, puedan ejercer el sufragio para cargos nacionales y no para los locales porque nuestra Constitución provincial se lo impide.

3) La provincia recogiendo su mejor tradición de tolerancia en materia religiosa deberá modificar su art. 3: no puede ser la religión católica ni ninguna otra la religión del Estado. El Estado como tal debe ser laico pero garantizando la inviolabilidad de la libertad religiosa y de conciencia y el ejercicio del culto en cualquiera de sus manifestaciones.

4) En el ámbito del Poder Legislativo, debe aspirarse a la modernización parlamentaria: desde procedimientos más ágiles hasta la modificación del período de sesiones que hoy sigue siendo igual al de las constituciones del siglo XIX (siete meses al año). Pero también deberíamos habilitar la discusión sobre la llamada «cláusula de gobernabilidad» del art. 32 que otorga al partido ganador la mayoría absoluta en la representación en la Cámara de Diputados: habrá que debatir si se justifica en estos tiempos mantener ese sistema que otorga sobre-representaciones, o si es necesario encontrar equilibrios representativos en base al sistema proporcional D´Hont. Respecto al Senado, aún manteniéndolo, es posible pensar un nuevo diseño adecuado a las realidades geo políticas, demográficas y económicas más que a un antiguo y arbitrario sistema de división administrativa.

5) Dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, además de renovar atribuciones y fijar límites, Santa Fe es una de las dos provincias (la otra Mendoza) que no tienen reelección de gobernador y vice. Esta saludable y republicana actitud debiera sólo ponerse en discusión, para la posibilidad de la renovación por un solo período y no para asegurar reelecciones indefinidas. El Gobernador Antonio Bonfatti, disipando eventuales dudas ha asegurado que no buscará su reelección diciendo: “jure por una Constitución que me lo prohíbe y la respetaré”.

6) En torno al Poder Judicial Santa Fe tiene en materia de enjuiciamiento penal una confusión institucional de roles que la Constitución permite: el Procurador integra la Corte Suprema (art. 84) pero a su vez es el jefe de los fiscales, es decir, por un lado acusa y por otro integra el órgano que juzga. Además, el Procurador es también el jefe de los defensores, siendo que en todo proceso adversarial, acusador y defensor son partes contrapuestas. Santa Fe ha cambiado legislativamente el paradigma del sistema de enjuiciamiento penal con las sanción unánime de las leyes del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa y la propia Corte provincial dejó abierta la necesidad de una adecuación constitucional cuando en caso “Bassó”, sostuvo que "su definitiva implementación exige una interpretación del texto constitucional provincial que armonice con este nuevo modelo impuesto por el bloque constitucional". Por otro lado, nuestro sistema de enjuiciamiento penal bajo el diseño previsto en la Constitución fue incluso cuestionado por la propia Corte Nacional en el llamado "caso Fraticelli", dejando sin efecto el fallo y ordenando dictar nueva sentencia ya que, para decirlo en términos sencillos, la intervención de los mismos jueces en la etapa instructoria como en la del juicio, afectaron las garantías de imparcialidad y doble instancia consagradas en la Constitución de 1994. Deberá también discutirse la forma de selección y remoción de magistrados y la constitucionalización del Consejo de Magistratura.

7) La Constitución vigente incumple el mandato del constituyente nacional cuando en su art. 123 sostiene que cada provincia asegura la autonomía municipal en su propia Constitución. Al ser cuestión de distribución de competencias de poder, la autonomía debe estar inscripta en la Constitución y no en una ley y esa ley debe asegurar recursos, porque no hay autonomía sin recursos; lo contrario, sería reproducir a escala local las distorsiones que hace la Nación a las Provincias. La autonomía que debe sustentarse en la concertación y no en la imposición, permite organizar la sociedad sobre la base del principio legitimador de la proximidad que asegura la interactuación de vecinos, ONG´s y gobernantes.

8) En material electoral, entre otros temas, deberá pensarse en la creación de una justicia electoral independiente, especializada y permanente. Deberán exigirse mayorías especiales para reformar las leyes electorales y evitar así que pase lo que ocurrió con la sanción de la ley de lemas en 1990, cuando un solo voto de diferencia, cambió el sistema. Es imperioso que las autoridades comunales renueven sus mandatos a los cuatro años.

9) La visión de la democracia representativa deberá enriquecerse en la constitución reformada por una concepción de democracia más inclusiva, deliberativa y participativa. Sería conveniente no sólo incorporar las formas semi-directas de la iniciativa y la consulta popular, sino incluir otros mecanismos como el presupuesto participativo -ya vigente en algunas municipalidades- y las audiencias públicas, incluso como exigencia para la privatización eventual de empresas de servicios y renegociación de concesiones.

10) Finalmente, deberán incorporarse órganos extra poder como el Defensor del Pueblo y mecanismos nuevos y más eficaces de control independiente y exigencia de responsabilidad de los funcionarios. También asegurarse que esos funcionarios tengan que estar obligados a dar información sobre sus actos cuando están en la función, y que éstos sean públicos, porque el derecho a la información es un bien social y no una mercancía o monopolio de los oficialismos de turno.

Para algunos ningún tiempo político es considerado apropiado para reformar la constitución: hay que recordarles que los constituyentes de 1853 no vivieron en las mejores condiciones políticas cuando la sancionaron: "todavía estaban humeantes los cañones de la guerra civil", sin embargo forjaron los cimientos de la Nación sobre la base de la Constitución. La propuesta es clara: consiste en que los santafesinos –en un año no electoral, 2014- nos podamos dar la oportunidad de deliberar e interrogarnos sobre qué constitución tenemos y qué constitución queremos y merecemos para el siglo XXI. En definitiva, si podemos construir colectivamente una mejor Constitución para una sociedad que debe ser cada vez más libre, democrática e igualitaria.
(*) Director de Reforma Política y Constitucional del Gobierno de Santa Fe.
 




sábado, 22 de junio de 2013

Memorias de la Justicia de Santa Fe

En el mes junio, pero de 1968, se conmemoraba en el país el cincuentenario de la reforma universitaria y en Santa Fe se intervenía al poder judicial. Dos hechos que estarían trágica e indisolublemente unidos.
Apelo para estas reflexiones, a mi (falible) memoria, recordando el relato de testigos presenciales. Me reencuentro con amarillentos papeles de la época y recupero algunos pocos textos más recientes para reconstruir la historia.
Dos años después de producido el golpe de Onganía, —que destituyó al mas honesto presidente que haya tenido la Argentina, Arturo Illia— y tras numerosos atropellos a las libertades públicas, en oportunidad de celebrarse en Rosario, el cincuentenario de la Reforma Universitaria, ocurrió un acontecimiento de resistencia judicial, único en los anales de la historia forense argentina y latinoamericana, muy poco mencionado y hasta si se quiere extrañamente ocultado por la historiografía contemporánea (Sagüier, Eduardo, 2006).

Personalmente tengo un recuerdo imborrable de esos días: el recorte de un diario que salía por las tardes rosarinas pegado —insólitamente— en una de las paredes de los pasillos del Colegio Nacional Nº 1 donde cursaba mi secundario. El artículo tenía un sugestivo título que me impactó. Decía: "Cuando la policía cachiporrea a los jueces".
En efecto, había ocurrido que jóvenes universitarios de Rosario y abogados del foro intentaron homenajear a la juventud reformista de Córdoba con un acto al que habían anunciado su presencia, entre otros, Carlos Sánchez Viamonte, Alicia Moreau de Justo, Luciano Molinas y el propio Illia. El acto había sido prohibido por las autoridades provinciales como una continuación de la política de "los bastones largos". Ante ello, la comisión de homenaje solicitó amparo judicial. Esa Comisión estuvo co-presidida por el ing. Ismael Bordabehere, (hermano de Enzo Bordabehere, legislador asesinado en el recinto del Senado en el debate de las carnes que protagonizara De la Torre) que había firmado junto a Deodoro Roca, el Manifiesto Liminar de 1918. También participaban entre los organizadores Héctor F. Bravo y Carlos Perette y en la Comisión local, políticos como Camilo Muniagurria, Horacio Fidel López, y Miguel Ausburger.
El entonces juez Juan Carlos Gardella autorizó el acto público, pero el mismo fue impedido con una brutal represión de la que fue víctima el propio magistrado. Un posterior acto de repudio por esos hechos violentos también fue prohibido y reprimido pese a ser autorizado por otro juez, el doctor. Armando Frávega. La actitud de esos jueces fue seguida por otro magistrado, Enrique Basualdo. Ante los actos de insubordinación policial, los jueces terminaron sancionando con arresto al jefe de la Policía de Rosario, resoluciones que luego, una dócil Cámara de Apelaciones, dejó sin efecto.
La respuesta ante los acontecimientos en la Provincia que produjo Onganía, —convencido que era "un lugarteniente de Dios"— y su Ministerio del Interior, el "civilista" Guillermo Borda, -—reformador de facto del Código Civil— fue la intervención del poder judicial de Santa Fe. Nombró interventor Darío Saráchaga. La consecuencia inmediata de esa decisión fue la destitución de la Corte Suprema provincial además de la cesantía de Gardella, Frávega y Basualdo, vulnerando el principio de inamovilidad de los jueces consagrada en la Constitución de 1962 e iniciando uno de los períodos más oscuros de la judicatura santafesina.
Eran otras épocas: un puñado de dignos jueces, fiscales y secretarios, ante las tropelías cometidas en la Justicia, renunciaron en solidaridad a sus cargos: Zulema Stafieri, Olivella de Rossi, Laura Rodríguez Araya, Edmundo Flores, Sonia Belloti de Podestá, Celestina Bugni, Dora Gilardoni de Delatorre. Delia Rodríguez Araya envió su renuncia a la Corte Suprema en estos términos: "Habiendo jurado por la patria y por mi honor desempeñar fiel y legalmente el cargo que me confiara la justicia, los hechos ocurridos hasta la fecha hacen indispensable que me considere demandada por la Patria y mi honor —perdida la independencia y la autoridad del poder judicial, ante las cesantías de los señores jueces Gardella, Frávega y Basualdo— a presentar mi renuncia cumpliendo así el juramento". (La Capital, Señales, 13/2/2011). Lamentablemente otros jueces no sólo no renunciaron sino promovieron sus propios ascensos, algunos, insólitamente homenajeados por estas épocas.
Hubo por entonces algunos repudios iniciales a la intervención, entre ellos el del Colegio de Abogados de Rosario presidido por Roberto Rosúa y el de un grupo de hombres del derecho comprometidos con las instituciones democráticas: los abogados y profesores universitarios Oscar Borgonovo y Rodolfo Degiovanni, los doctores Israel Esterkin, Adalberto Bóccoli, Adolfo Trumper, Alberto Jaime, Evaristo Monsalve, Arturo de la Torre, Félix Cochero, Alberto Herranz, mi padre, Manuel Blando y otros, que seguramente omito involuntariamente.
Gardella, al que tuve el honor de conocer y participar de su "repatriación" académica en 1987 desde nuestra Facultad de Derecho de Rosario luego de su exilio, y refugiado en sus cátedras universitarias dictando Filosofía del Derecho y Derechos Humanos hasta su muerte, concedió un reportaje al periodista Carlos Del Frade, donde reflexionó sobre aquellos acontecimientos de junio del 68: hasta la intervención Saráchaga, dijo, "teníamos una justicia con un buen nivel de preparación e independencia. A partir de ese momento se trastocan los valores del poder judicial. Como fenómeno institucional se termina la independencia del poder judicial en Santa Fe y no hubo una restauración de esa independencia. Ninguno de los jueces cesanteados volvimos a la justicia".
Nada fue igual luego de aquellos acontecimientos desgraciados del 68 y lamentablemente, constituyeron el preludio de nuevos y más graves desatinos institucionales.
La intención de estas líneas es rescatar las justas luchas —y no las oscuras claudicaciones— y reconocer a los hombres y mujeres del derecho —jueces, funcionarios y abogados— que resistieron los atropellos autoritarios de aquella ignominiosa intervención judicial y también realizar un tributo a esos estudiantes y docentes reformistas que levantaron las banderas inclaudicables de la reforma universitaria sabiendo que, como lo advirtiera Joaquín V. González, "el postulado revolucionario de la participación en el gobierno de la universidad fue un logro consagrado, pero no debe olvidar el estudiante reformista que la conquista de la Universidad es solo un medio para lograr el supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición".

lunes, 27 de mayo de 2013

El Poder Judicial y la tensión entre independencia, democracia y mayorías

 
El prestigioso sitio jurídico Microjuris publica un trabajo de doctrina sobre la reforma del consejo de la magistratura de autoría de Franco Gatti y Oscar Blando.

viernes, 24 de mayo de 2013

Elecciones primarias: la provincia firmó con la Justicia Federal y el Tribunal Electoral


 “Era necesario este convenio para determinar las tareas que va a tener cada uno y poder hacer un trabajo complementario”, dijo Galassi.

                                                                                                                                                                               Elecciones primarias: la provincia firmó un convenio con la Justicia Federal y el Tribunal

Electoral


El gobierno provincial firmó esta mañana un convenio de cooperación con  el Juzgado Federal –con competencia electoral del distrito Santa Fe– y el Tribunal Electoral de la provincia, con el objeto de coordinar e instrumentar acciones y normas comunes que regirán las Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), a celebrarse el 11 de agosto próximo.
El acto se llevó a cabo en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y participaron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; el juez federal con competencia electoral en el distrito Santa Fe, Reinaldo Rodríguez; el secretario electoral federal en Santa Fe, Federico Ferro; la presidenta del Tribunal Electoral provincial, María Angélica Gastaldi; la secretaria Electoral de la provincia, Claudia Catalín;  el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Diego Echen; y el director provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando.
Al respecto, Galassi explicó: “Como en Santa Fe vamos a realizar las lecciones en forma simultanea, se van a elegir los 9 diputados nacionales y las autoridades municipales, era necesario firmar este convenio para determinar las tareas que va a tener cada uno y poder hacer un trabajo complementario”.

“Valoramos la voluntad del Dr Rodríguez en poner a disposición todo su trabajo y la provincia también ha manifestado disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos para que en Santa Fe podamos concretar las elecciones en forma simultánea”, agregó. 

Finalmente, subrayó que la elección se realizará “compartiendo el padrón, porque el padrón es único, eso es un gran avance y es una decisión del gobierno federal que valoramos mucho”. 
Por su parte, Rodríguez destacó que considera “muy dúctil que en vez de cuatro elecciones al año haya dos” y aclaró que este convenio solo incluye las elecciones primarias del 11 de agosto  y luego se firmará otro convenio para las elecciones del 27 de octubre.

EL CONVENIO

>> Padrón y constancias de emisión de voto:

El padrón será único para ambos actos eleccionarios. No obstante, se preverá un sombreado color amarillo con la finalidad de indicar en el padrón a aquellos electores de 16 y 17 años que se encuentran habilitados para sufragar exclusivamente para la categoría de cargos nacionales, a efectos de que la autoridad de mesa les provea únicamente la boleta correspondiente a dicha categoría.
Asimismo, destacará a través de  un sombreado color verde a aquellos electores que se hallen en la nómina de “observados” por el Tribunal Electoral de la Provincia, a fines de impedir la emisión del sufragio en dicho ámbito. Adicionalmente, se preverá un padrón complementario para habilitar el sufragio de aquellos electores extranjeros, el que será confeccionado en forma exclusiva por la autoridad judicial provincial.
La constancia de emisión del voto para cada elector será única para ambos actos electorales.

>> Autoridades de mesa:

Se designarán como autoridades de mesa un presidente y dos vocales (suplentes). El juzgado federal con competencia electoral efectuará la selección y designación de esas autoridades. Mientras que la designación del segundo vocal la efectuará el juzgado federal, pero dentro de la nómina de ciudadanos suministrada a tal efecto por el Tribunal Electoral de la Provincia.
El segundo vocal tendrá a su cargo asistir al presidente de mesa en todas las funciones que le sean requeridas por aquél durante el desarrollo del acto comicial y hasta la finalización total del mismo.

>> Capacitación de autoridades de mesa:

La capacitación de las autoridades de mesa estará a cargo de la justicia nacional electoral con la colaboración del Tribunal Electoral de la Provincia y del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe.

>> Mesas de votación y urnas:

Las mesas de votación serán comunes para ambos actos electorales. Por cada mesa electoral se preverá un cuarto oscuro para la emisión del sufragio nacional, y un box para el voto provincial; este último estará emplazado fuera del cuarto oscuro y a la vista de las autoridades de mesa, a los fines de permitir a estas ejercer un control adecuado de la emisión del voto. Cada mesa de votación para electores argentinos dispondrá de dos urnas, una destinada a los sufragios relativos a la categoría nacional y otra para las categorías locales.

martes, 5 de febrero de 2013

Los "Eunucos Políticos"


Periódicamente, pero especialmente en épocas de crisis, resurge ese confuso espacio que es definido como “la nueva política”. Sus epígonos se reconocen por la fidelidad genérica a “la gente” y proponen para mejorar y moralizar la política, personajes que no provienen de ella, que orgullosamente se denominan “apolíticos” y que en mi caso, preferiría llamar, “eunucos políticos”.
Me explico: el concepto de "eunuco político" lo adopto del jurista John A.G. Griffith que lo utiliza -con ironía- para referirse a los jueces y a su supuesta neutralidad: el juez no es neutral porque no existe neutralidad ideológica y por tanto, no existe un juez "ascéptico" y "desideologizado". Eso es una ficción. Como se ha dicho, el juez es un ciudadano que participa de creencias, comprensión del mundo y una visión de la realidad.
No hay "jueces eunúcos políticos" como no puede haber "ciudadanos eunucos políticos". Sin embargo, quiero detenerme en aquellos que pese a presentarse como tales, aspiran a participar -y participan- de la vida política.

La carta de presentación del eunuco político que interviene en política es advertir, curiosamente, que no pertenece a ella: parece (quiere aparecer) estar desvinculado de intereses y anclajes sociales, económicos, culturales, religiosos. Se muestra alejado de los "corruptos políticos tradicionales" y desprovisto de mezquinas ambiciones. Se presenta, no sólo como un "no político" sino casi como un "no ciudadano", que orgullosamente se ha refugiado en su ámbito natural que es donde mejor se siente: el privado, ocupándose de sus negocios y ajeno a las preocupaciones sociales, aunque imprevistamente, las ha encontrado.
En el mundo griego, el hombre “no político” era un ser defectuoso, un “idion” (el significado actual sería un idiota, pero sin carga peyorativa), es decir, un ser por fuera de la polis y cuya insuficiencia, dirá Giovanni Sartori, consistía precisamente en haber perdido o en no haber adquirido la plenitud y la simbiosis con la propia polis. Brevemente: un ser “no político” era simplemente un ser inferior, un menos-que-hombre, no inserto en la comunidad.

El moderno idion, se coloca por fuera de la polis moderna y de la sociedad política y la crítica ferozmente: se monta sobre la desconfianza ciudadana que cuestiona al político partidario. Y lo hace sobre críticas compartidas y reales: las insuficientes gestiones de los gobiernos, el incumplimiento de los mandatos electorales, las denuncias -y la impunidad- sobre hechos de corrupción de funcionarios, el doble discurso, todo ello –que es cierto- abona el camino a la propuesta de la “nueva política”.
Los mentores de la antipolítica, -heredera del qualunquismo europeo de pos guerra- utilizan las reglas del mercado: miden cómo “vende” un posible candidato y lo lanzan como un producto más; por eso no recurren a ciudadanos comunes para que los expresen: siempre van en busca de personajes conocidos, y si tienen cierto carisma y habilidad en los medios de comunicación, mejor.
No es está mal, al contrario, que los ciudadanos, cualesquiera fuese su profesión o actividad participen de la cosa pública. Es más, sería singularmente importante que los más desfavorecidos intervengan y accedan a espacios importantes de poder para que puedan defender y expresar sus intereses. Eso renovaría la política y le otorgaría sentido. Un problema aqueja a esta opción: los más débiles no cuentan con la imprescindibilidad del dinero y de los resortes del poder para hacerse conocidos y competir con cierto grado de posibilidades.
Esto lo tienen resuelto los impulsores de la “nueva política”: cuentan con fondos suficientes y recursos mediáticos adonde recurrir. El tema suele ser para ellos el discurso político y cómo pueden presentarte como algo “mejor” a lo existente y que –dicen- vienen a cambiar.
Recurro nuevamente al mundo griego para recordar que allí, la mayoría de los cargos –como por ejemplo para acceder al Consejo de los Quinientos- se elegían por la forma más democrática e igualitaria conocida: el sorteo. Todos (los ciudadanos) tenían las mismas posibilidades de acceder. Luego, cuando se abandonaron las democracias clásicas y las sociedades se complejizaron, aparece la necesidad de elegir a quien nos represente, es decir, el que actuará en lugar de nosotros. Es allí cuando ya no se elige necesariamente al igual, sino que se agrega el mérito para el desempeño del cargo público: se supone que seleccionamos al representante que consideramos mejor y más capacitado para el cargo al que se propone: nadie admitiría la elección deliberada de un inepto o un badulaque.
Aquí sí el tema entra en el nudo de la cuestión: la evaluación del novel candidato. Entramos al problema de lo que piensan y lo que dicen los modernos apolíticos devenidos en políticos.
El representante “antipolítico”, normalmente carece de antecedentes en la vida pública -de la que reniega- de referencias ideológicas y programáticas. En consecuencia su dispositivo es este: se autoproclama como el hombre que, identificado sin intermediaciones con la “gente”, vendrá “a hablarles como ellos” y a dejar atrás a la “indecente” vieja política. Divide el campo de batalla simbólico entre los corruptos políticos tradicionales de un lado y los nuevos políticos decentes por el otro, donde, obviamente, el enunciador se ubica, y su discurso pretende demostrar que la corrupción siempre está en el Estado y nunca en el ámbito privado. Es decir, el problema siempre está sólo en el funcionario venal nunca en el ciudadano o empresario sobornador. 
La propuesta del representante antipolítico no se caracteriza por ser superadora. Su catequesis discursiva es la ambigüedad y la generalización, nunca el rigor ni la solución. Describe hechos (no procesos) de la realidad y los yuxtapone para llegar al sentido común del ciudadano medio disconforme: “voy por la provincia y veo pobreza”; la “gente me reclama seguridad”; “me meto en los barrios y me piden cloacas”, dice, convencido de sus obviedades. Nunca explica cómo va solucionar esos problemas ni donde obtendrá - si es gobierno- los fondos para resolverlos. Nunca expresa por qué será mejor él que el gobernante que quiere reemplazar. Y los que es peor, generalmente nadie (ni la “gente” y a veces ni los periodistas) le pide explicaciones, consiguiendo así, un bill de indemnidad (¿“impunidad”?) configurado sobre la base de su ajenidad con la política y la acción de gobierno que parece, hace innecesario cualquier reclamo esclarecedor.
El eunuco político que pretende hacer política tiene otro problema: reniega de los partidos políticos, de las mediaciones democráticas y le agobian las elecciones internas que considera innecesarias. Prefiere procesos más expeditivos, pero para eso tiene la solución: generalmente encuentra el dedo del líder del grupo o partido -al que aún no ingresó- que “democráticamente” lo hace candidato.
Los promotores de la nueva política no diferencian entre negocios particulares y la cosa común. Confunden la actividad privada con la pública, la profesión con la política. Pretenden gobernar un municipio o provincia con la misma lógica que en una empresa comercial o una institución deportiva. Creen que gobernar es “chiste”.
Generalmente el paso por la política de los eunucos políticos es ocasional y cuando perduran algo más y gobiernan, no difieren demasiado de los políticos que han venido a combatir. Cuando acceden a cargos legislativos sobresalen por su silencio y por la ausencia en las sesiones. Por eso, prefieren entonces volver a la actividad privada y a sus negocios, muchas veces vinculados, eso sí, al Estado. Nunca forman dirigentes, casi nunca tienen discípulos. Normalmente la historia se termina en ellos.
A veces, por diversas causas y circunstancias, los eunucos de la política tienen éxito electorales. La democracia no reconoce autoinvestiduras, por tanto, hay que aceptar la decisión popular sin dobleces. Sin embargo, soy de los que piensan que aunque respetable, el pueblo se puede equivocar. Más aún: el pueblo tiene el derecho a equivocarse. No creo en la infalibilidad de ningún ser humano, en todo caso, sólo los dioses son infalibles. 
Pero estamos hablando de la política secularizada. Del estado y del gobierno. De lo hombres de carne y hueso. De las injusticias. Y del “pequeño hombre de la democracia”. En ella hay responsabilidades compartidas. El tema –hay que admitirlo- no sólo está en el representante sino también en el demos. Cornelius Castoriadis, señaló con realismo que en democracia el pueblo puede hacer lo que quiera pero debe saber también que no debe hacer cualquier cosa.
¿No nos merecemos mejores dirigentes y una mejor política?. Ayudemos a construirla con mayor participación y honestidad, pero también con mayor seriedad, poniendo la mirada en los más débiles y en formas más igualitarias y solidarias de inclusión, promoviendo los debates pendientes y generando los consensos indispensables. Debemos saber que hay otra manera de hacer política que la del statu quo o la de la frivolidad.

Artículo publicado en el diario La Capital, el 05 de Febrero de 2013