Presentación del libro: La Constitución de 1921: La verdadera Constitución progresista"

"Cuando Santa Fe tuvo una Constitución avanzada"

La Constitución de Santa Fe de 1921 es considerada una Carta Magna progresista por lo novedoso de su texto, que incluía la separación de la Iglesia del Estado, los derechos laborales, un régimen tributario progresivo, la autonomía municipal, el voto femenino y hasta la división de los latifundios y la entrega de tierras a los colonos.

Los constitucionalistas Oscar Blando y Oscar Defante retoman estos debates en el libro "La Constitución de 1921. La verdadera Constitución progresista de Santa Fe", obra con la que procuran sumar al debate de la reforma de la Carta Magna en la provincia.

"Esta Constitución es considerada progresista dentro de lo que se llamó el constitucionalismo social, ya que por esos años Santa Fe impuso una serie de reformas novedosas y, para algunos, revolucionarias para el país. Una de ellas fue el tema de la neutralidad religiosa, la separación de la Iglesia del Estado, proponiendo un Estado laico, motivo por el cual no fue puesta en vigencia. Además, los derechos sociales, que tienen que ver con el régimen tributario progresivo y con el régimen de trabajo, esboza una reforma agraria al proponer dividir los latifundios, entregárselos a los colonos a pagar en cuotas", indicó Blando.

Para Defante no queda ninguna duda de que "el enemigo principal fue la Iglesia" Católica, y recordó que las crónicas de esa época de los diarios LaCapital y El Litoral "apuntaban al obispo Boneo". Además, queda claro que "se discutía poder, y hubo sectores que no estaban interesados en dar ese debate".

En comparación con otras constituciones, como la del 49 o la actual, del 84, Blando sostuvo en cuanto a los derechos consagrados que la Constitución del 21 que "fueron adelantos de esos derechos, pero no solo el orden social, sino también los que tienen que ver con la política, como la autonomía municipal que consagra esta Constitución, y también incluye el voto femenino y la posibilidad de que las mujeres sean electas en cargos locales".

En ese sentido, Defante consideró esta cuestión como "el tema de fondo", y explicó que se trata de "un tema que sigue siendo no resuelto" en la política santafesina, y se aventuró a pensar cómo habrían sido esos municipios de haber podido decidir sus cartas orgánicas y manejar sus propios fondos.

Blando agregó que "el tema de la autonomía no es un problema legal, es un problema político; la autonomía significa descentralización, que centralidad política tiene que reconocer poderes y, entre otros, los poderes financieros de recursos. Por lo tanto, en 1921 o 1994 o en 2014 este sigue siendo un problema, porque hay muchos que hablan de la autonomía municipal pero no están dispuestos a ceder poder. Lo mismo con algunas cosas de la vieja política, porque esa Constitución reconocía los derechos electorales de las minorías dentro de los cuerpos colegiados".

Idas y vueltas.Esta Constitución, que fue desconocida por un decreto del entonces gobernador radical Enrique Mosca, va a ser puesta en vigencia en el gobierno del demoprogresista Luciano Molinas, en 1932, y derogada por la intervención federal a Santa Fe del año 1935.

En esos tres años de vigencia las ciudades de Rosario y Santa Fe, autónomas de acuerdo a esa Constitución, alcanzan a dictar sus cartas orgánicas.

"Esta Constitución, además, establecía las formas semidirectas de representación, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato, que recién va a retomar la Constitución nacional de 1994", remarcó Blando.

En cuanto a los motivos por los cuales Santa Fe no pudo modificar su Constitución en 30 años de democracia, Defante tiene su explicación: "Más allá de que debo admitir que la burocracia santafesina es eficiente, y eso quedó demostrado en las últimas crisis económicas del país, es cierto que todos los ministros de Economía, desde (el actual Angel) Sciara para atrás, siempre pensaron en la caja única, donde todos tienen que venir al pie, mientras que la decentralización municipal en las áreas financieras y administrativas signica que los intendentes tengan su dinero que surja de otra estructura".

"Yo siempre fui reformista", admitió Blanco, quien sostuvo que "la especulación política primó sobre otras cuestiones, porque si hablamos con lealtad todos los sectores políticos admiten la necesidad de la reforma, y sin dudas los aspectos acuciantes, como el tema de seguridad y pobreza puede plasmarse en un debate público sobre cláusulas constitucionales muy importantes. La reforma no tiene que ser pensada para los políticos sino para la sociedad; por qué no podemos preguntarles a las instituciones de la sociedad civil qué reformas incorporaría de aquí a 20 años, y lo pienso desde los sectores minoritarios, como diversidad sexual, medio ambiente, la tierra, el agua como derecho humano fundamental. Por eso, reivindicar esta Constitución del 21 es reivindicar políticas y proyectos de provincia".

Artículo publicado en el diario La Capital, el día 28 de Abril de 2014

"Un aporte a la historia y al debate"

En 1921, durante la gestión del gobernador radical Enrique Mosca, la provincia de Santa Fe aprobó una Constitución de avanzada, con institutos que en algunos casos se adelantaron en varios lustros al resto del país, y otros que todavía hoy se discuten como profundas innovaciones. Sin embargo, ese texto no fue puesto en vigencia oportunamente, y recién tuvo su oportunidad una década más tarde, hasta que una intervención federal por motivos espurios le puso fin. El sorprendente antecedente institucional quedó semioculto en la memoria colectiva, y sepultado en antiguos archivos, sin estar siquiera disponible para la consulta de estudiosos, historiadores, políticos o meros curiosos. Pero eso, acaba de cambiar con la edición de “La Constitución de 1921. La verdadera Constitución progresista de Santa Fe”, de Oscar Blando y Oscar Defante. Sobre el impacto histórico de aquel texto y de esta obra, y la trascendencia actual de ambos, El Litoral dialogó con Blando, investigador y docente universitario, ex diputado provincial latorrista y actual director de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno de la provincia. —La obra ya llama la atención desde su mismo título, cuando habla de la verdadera Constitución “progresista” de Santa Fe, de 1921. —Dos cuestiones tiene el título. Por empezar, hay un libro de 1932, con prólogo de Lisandro de la Torre, del que yo incluyo una parte sustancial, que es la tesis doctoral de una persona de Rosario (Napoleón Pérez), que se llamó “La verdadera Constitución de Santa Fe”. Yo juego con ese título y le agrego “progresista” porque esa Constitución, de 1921, se inserta en lo que se llamó el constitucionalismo social en el mundo, con la de México en 1917 y la de Weimar (Alemania) en 1919. Esa impronta es una de las características principales. Por un lado, con la incorporación de los derechos sociales, del trabajador y demás. Pero además, lo que significaba en términos de régimen económico y tributario; es decir, progresividad, exención a los artículos de primera necesidad, y un esbozo de reforma agraria (división de los latifundios, entrega a los arrendatarios para que puedan comprar a largo plazo las tierras que trabajaban). Es decir, hay varios temas fuertes de constitucionalismo social, que después van a ser eje de los estados sociales, del estado de bienestar. —También fue profundamente innovadora en materia de política institucional... —En lo político significó algo muy importante, porque incluye entre otras cosas la autonomía municipal, que todavía hoy no tenemos. Ya estaban las formas semidirectas de democracia: referéndum, plebiscito y revocatoria. El derecho de los extranjeros y las mujeres a votar. Una fuerte tendencia a la descentralización del poder; un tema que tal vez explica por qué hoy todavía no la tenemos. Y es progresista porque es la única Constitución que propone un Estado laico. La disputa de supremacía entre el Estado y la Iglesia fue en la Edad Media. La modernidad es la secularización del Estado. Y esta Constitución produce esa separación. También crea el principio de inamovilidad de los jueces, que hasta entonces el gobernador podía sacar y poner. La educación común, integral y laica, aparece como otra impronta. —Un quiebre importante frente a lo que imperaba en la época. —Esta Constitución generó muchas discusiones, como explica en el libro el Dr. Gustavo Vittori. Los convencionales electos en 1920 tenían mayoría radical y minoría demócrata progresista. Lo que ocurre es que la Convención se instala, avanza y no cumple el plazo que la propia ley de creación establece. Se excede. Pero por unanimidad, establece una prórroga. Aun así, ése fue el argumento legal que se utilizó para desconocer esta Constitución. Pero en el fondo era el problema religioso: el presidente Hipólito Yrigoyen mandó, a través del Ministerio del Interior, una especie de recomendación al gobernador Mosca. El desconocimiento por decreto de esa Constitución provoca un problema en el radicalismo, que había aceptado esta reforma, y también en la línea del diario El Litoral. —¿Cómo fue esto? —El Litoral, por un lado su convencional Salvador Caputto, y por el otro con su línea editorial, apoyaba fuertemente estas reformas, y se planteaba una situación muy difícil. Lo mismo ocurría con La Capital. Estas cosas las contamos en el libro, y las apoyamos con artículos de la época, que lo reflejan muy claramente. Hubo un debate muy interesante, y la Constitución recién se pone en vigencia en el año ‘32, con la gobernación de Luciano Molinas, en esa alianza demócrata-socialista; que perdió a nivel nacional por el fraude, pero que en Santa Fe gana. La película termina, lamentablemente para las instituciones de Santa Fe, con una intervención federal. La sucesión del presidente Agustín Justo peligraba, porque tenía varios colegios electorales en contra, entre ellos el de Santa Fe. Entonces intervie- ne la provincia -algo que por entonces era una especie de deporte nacional- con el argumento, otra vez, de la Constitución nula, que había sido puesta en vigencia por el gobierno de Molinas. Con eso, vuelve a caer la Constitución y se vuelve a la de 1900, hasta la convención de 1962 en que se establece el texto hoy vigente. —¿Qué lectura hace de este proceso, en perspectiva histórica? —Me parece que tenemos que aprender de que no nos fue bien cuando despreciamos las instituciones democráticas, cuando la violencia política se instauró, mucho antes de los ‘70 -en el ‘35 fue cuando asesinaron en el Senado a Enzo Bordabehere-, cuando la corrupción, el desprecio por las instituciones, el fraude, fueron el signo de una época. Y también es importante por qué este libro sale ahora. Yo tengo un pasado latorrista, pero también estoy en la Dirección General de Reforma Política y Constitucional de la provincia y el gobierno ha iniciado un diálogo para la reforma constitucional. Entonces, éste es un antecedente fundamental, porque no está en las bibliotecas, no está en Internet. Tuve la suerte de que me consiguieran el original, que está en los archivos de la Legislatura. Lo demás fue rastrear fotos, documentos y publicaciones de la época. La verdad es que fue algo apasionante, y que no estaba en ningún lado. Creo que es algo que puede servir mucho para entender cosas que pasaron en Santa Fe, y también para muchas discusiones que todavía no están cerradas. La obra incluye el texto completo de la Constitución de 1921 y una parte sustancial de “La verdadera Constitución de Santa Fe”, del Dr. Napoleón Pérez, con prólogo de Lisandro de la Torre. Incluye un recorrido por la historia institucional de la provincia a cargo de Rubén Galassi, y ensayos del historiador Miguel Marcó y el periodista y escritor Gustavo Vittori, integrante del directorio de El Litoral, además de fotos de época y facsímiles documentales. Se presentará mañana en la Universidad de Rosario y el miércoles, a las 19, en la Sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - UNL. Artículo publicado en el diario El Litoral, el día 27 de Abril de 2014 "Una auténtica Constitución progresista y laica" La Constitución santafesina de 1921 fue invisibilizada: no se encuentra en los anaqueles de las bibliotecas ni en las librerías, tampoco está accesible en los modernos formatos comunicacionales ni figura -como asegura Miguel A. De Marco (h)- en la Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe en el tomo relacionado con Documentos, Tratados, Convenciones y Constituciones. Quizá por ello pocos recuerdan que esa Constitución no pudo ponerse en vigencia en 1921 pese a la unánime sanción de los constituyentes electos por el voto popular porque fue desconocida por un simple decreto de un Gobernador; y también tal vez pocos se acuerden que el honesto y progresista gobierno de Luciano Molinas, entre 1932 y 1935, la puso en vigencia y, como señala Felipe Pigna, comenzó a aplicar, bajo ese marco constitucional, políticas keynesianas un año antes que Roosvelt lo hiciera a través del New Deal en Estados Unidos. En efecto, la Constitución de 1921 es reconocida como una de las reformas más progresistas de su época en la Argentina, avanzada en Latinoamérica y adscripta al constitucionalismo social como lo fueron la Constitución de México de 1917 y la de Weimar de 1919. Consagró, antes que en la Nación, los derechos de los trabajadores y de los más necesitados y garantizó la estabilidad del empleado público. Estableció las Bases de un Régimen Económico y del Trabajo de vanguardia: fijaba la jornada máxima de labor y el salario mínimo; destinaba una parte de la renta fiscal para la construcción de casas para obreros. Por primera vez en la historia de la Provincia esa Constitución propuso un estado laico con neutralidad religiosa del Estado pero con garantía y respeto por la libre profesión de todos los cultos. Como diría Lisandro de la Torre, el gran impulsor de ese texto: esa Constitución seguiría la tradición de reformas laicas introducidas en la Nación: la secularización de los cementerios, el registro civil, el matrimonio civil, la enseñanza laica. Ese Carta constitucional consagró, lo que para afrenta de los santafesinos, aún no hemos logrado: la autonomía municipal, y en 1933, Santa Fe y Rosario dictaron sus propias cartas orgánicas, y reconoció más de 70 años antes que en la Nación. Porque es parte de la mejor tradición institucional santafesina de raigambre democrática y progresista, deberá tenerse presente cuando más temprano que tarde reformemos y actualicemos nuestra actual Constitución de 1962. Artículo publicado en el diario Página 12, el día 27 de Abril de 2014

Justicia por mano propia : entrevista en Plan A, Canal 3 Rosario

La democracia con pena y sin gloria

La presentación de un anteproyecto de reforma al Código Penal ha puesto de manifiesto que la democracia argentina tiene serios problemas para procesar sus discusiones públicas. El agravio y la chicana suplantan al debate responsable y a la reflexión crítica. El cortoplacismo obtura la posibilidad de discutir políticas públicas de largo plazo: quienes permanentemente las reclaman se encargan de impedirlas con renovada demagogia coyuntural y electoralista.

Las cuestiones que son complejas no pueden tener respuestas sencillas, y menos, en temas como los de la justicia y la seguridad que no se resuelven por un sí o por un no, por bajar o subir unos años las penas de un delito.
La justicia es un ideal reivindicado por las sociedades y por las personas de carne y hueso. Pero la "justicia" reclamada no es entendida por el conjunto de igual manera. ¿Todos queremos decir lo mismo cuando pedimos "justicia"?. Creemos que no: Depende de muchos factores, entre otros, del lugar desde donde cada uno se ubica o se encuentra, para dar esa respuesta.
Para explicar esto, pondremos el conocido ejemplo del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen sobre la fábula de la flauta y las tres niñas, rescatado de su libro "La idea de justicia". Hay tres niñas y una flauta de madera. Las tres reclaman la flauta. Una niña dice "Yo soy la única que sabe tocar la flauta, sólo yo puedo disfrutar de ella: las otras dos niñas no podrán obtener nada de ella". La segunda chica, reconoce: "Yo no tengo dinero, soy pobre y no tengo juguetes, la flauta sería mi primer juguete y mis compañeras tienen ya muchos juguetes". Por fin, la última niña, nos aclara: "Disculpen, yo he construido la flauta, por tanto es mía y aunque tengo muchas flautas y muchas cosas, la flauta es mía y la quiero para mí". ¿A quien le damos la flauta para hacer "justicia"?. Cualquier respuesta aparece avalada con un fundamento de "justicia": Dependerá de la visión de cada uno tenga de ella. Dicho más rigurosamente: dependerá de la teoría de la justicia, de la política y de la ideología que invoque cada uno. El filósofo Sen responderá más o menos así: Si somos comunitarios, solidarios y creemos en la igualdad, la flauta deberíamos dársela a la niña pobre que no tiene juguetes: Si las demás niñas ricas tienen muchos juguetes es justo distribuir esa riqueza de forma que las tres niñas puedan jugar. Si somos utilitaristas creeríamos que el uso y disfrute le correspondería a la niña que sabe tocar la flauta ya que la finalidad de la flauta es permitir crear música y sólo ella puede hacerlo. Por fin, si somos liberales y sostenemos la propiedad, creeremos en el derecho de la niña que fabricó la flauta, por lo que lo más justo es devolver la flauta a quien la hizo e invirtió en ella.
Este ejemplo demuestra para todos los casos en que está en juego el valor justicia, que los actores de una sociedad (ejemplo, una víctima, el político, el juez) pueden tener visiones muy diferentes sobre cómo deben resolverse con "justicia" dilemas como el aquí planteado. También demuestra que todo juicio está condicionado ?voluntaria o involuntariamente? al paradigma de justicia en el que creemos o el que nos influye. Dicho de otra forma y referido a los actores políticos que participan del debate sobre "la justicia" y la "pena": En cada una de sus opiniones y en cada una de las opciones que eligen, subyacen determinadas concepciones ideológicas y políticas. No hay neutralidad en las respuestas sobre qué política criminal debe adoptarse para una sociedad.
Por eso, para que alcancemos un proceso deliberativo amplio y democrático, el anteproyecto de reforma penal -que no sabemos si alguna vez será proyecto y que no analizamos puntualmente en este lugar? además de ser criticado por cierta oposición en alguna de sus aristas más polémicas, necesita de propuestas alternativas que expliciten qué política criminal pretende cada uno. El debate requiere de una profunda discusión de ideas y proyectos que enriquezcan la controversia y no una disputa de slogans y frases hechas más o menos efectistas que solo consiguen empobrecer y distorsionar el diálogo democrático.
Nos parece por ello que es insuficiente e inconducente una consulta popular sobre este tema, más allá de los posibles cuestionamientos constitucionales: 1) porque vuelve a la carga con la confrontación entre democracia formal -o principio mayoritario- y democracia sustancial. La política criminal de un estado, más allá del sustrato ideológico que la sostenga, no admite chance alguna de desconocer el conglomerado de derechos y garantías que gozan de máxima jerarquía jurídica y son el resultado de inconmensurables luchas históricas. Y 2) porque no se es serio -ni democrático- proponer interrogar sobre una reforma a un código con cientos de artículos para que -cual discurso policial- el pueblo solo pueda responder: "Afirmativo" o "negativo". Como sostiene Santiago Mollis, una consulta popular que busca una respuesta de "si" o "no" desconoce los matices que esta modificación implica, limita las posibilidades de disenso y debate de cláusulas particulares y representa un tipo de participación muy distante y poco activa. Debemos apuntar a mucho más que a una simple consulta popular: la participación debe girar en torno a debates y foros donde se escuchen todas las opiniones, con información clara y precisa, con responsabilidad y con vocación de resolver problemas, no de ganar elecciones, respetando a los ciudadanos, entendiendo que todos somos parte de una misma sociedad y como tal que tenemos el derecho a participar activamente en el diseño de nuestras propias normas.
Por fin, previniendo los atributos más simbólicos que reales sobre el papel del Derecho Penal para mitigar la inseguridad ciudadana digamos que éste es puesto en marcha en el preciso momento en que ya resulta tardío: entra en escena cuando queda poco por hacer, y allí ingresa dispuesto a castigar, a accionar un mecanismo del cual la sociedad espera un único final infeliz: la cárcel. Es tiempo de desplazar del imaginario que la efectividad de la solución es proporcional a la intensidad del castigo, es hora de que la reflexión abandone la satisfacción de ánimos inmediatistas y despliegue el suficiente largoplacismo para penetrar en el origen del inconveniente. El discurso médico históricamente ha sostenido que el criminal es un enfermo, y ello justifica la máxima dureza represiva. Pero, si atendemos a la versión hebrea de la voz "enfermo" ella significa "sin proyecto", y quizás allí esté la respuesta que tantos dicen buscar pero se resisten a encontrar. Quien vive enfermo del sistema, desatendido por la historia, excluido de las elocuencias discursivas, desanda su vida con enorme inmunodeficiencia a la epidemia del castigo estereotipado. La valentía política no reside en construir la confusión ficcionando resoluciones a través de guiños demagógicos, el verdadero desafío está en que los ojos de la justicia permanezcan ciegos en pos de su independencia, pero bien precisos para identificar las razones más sensibles que hacen del delito una omnipresencia social.

 

Artículo publicado en el diario Página 12 el día 23 de marzo de 2014

Se inició la ronda de consultas para la reforma constitucional

La ronda de consulta con los partidos políticos para discutir la eventual reforma de la Constitución

provincial ya se inició con mar de fondo. A las declaraciones del senador radical Hugo Marcucci que publicara ayer El Litoral advirtiendo que el tema “no puede ser el único leit motiv de la gestión”, se sumaron apreciaciones del diputado nacional Mario Barletta quien a través de las redes sociales, primero, y en declaraciones periodísticas, después, alertó a las autoridades sobre la oportunidad del debate. “Sr. gobernador, a no distraerse con la reforma constitucional”, tuiteó.

Esta mañana, durante la reunión que encabezó el gobernador y en el posterior diálogo con los medios, los referentes de los partidos que integran el Frente adoptaron un discurso casi aleccionador con los radicales, que pareció dejarlos en soledad dentro del propio oficialismo.

El mismo Antonio Bonfatti fue quien enfrentó a los medios después del cónclave para comunicar los resultados, y ninguneó a Barletta cuando lo consultaron sobre su tuit. “Yo he recibido a los presidentes de los partidos políticos, que traen la voz oficial de cada fuerza; no atendemos cuestiones individuales. He convocado a los partidos y el radicalismo planteó que está de acuerdo con la reforma”, aseguró.

Ésa fue la foto que intentó mostrar el Frente después del encuentro; una coalición convencida de que es pertinente avanzar con el proceso reformista, aunque en diálogo con El Litoral, Eduardo Galaretto, presidente de la UCR, insistió en que su partido deberá deliberar ahora orgánicamente para definir qué postura adoptar.

“Tendremos que analizar la oportunidad de esta reforma. Y el sentido de oportunidad hoy puede ser diferente al que existió cuando el tema se puso sobre la mesa, el 1º de mayo. Ésa es nuestra tarea; que el partido se empiece a reunir para determinar si es pertinente avanzar o no con el tema”, dijo. El dirigente advirtió, mientras tanto, que “no se pueden dejar de lado las acciones específicas de gobierno. De ninguna manera puede haber en la sociedad una percepción de que esto posterga las necesidades concretas que tiene la gente”.

Las voces

Desde el socialismo, Miguel Lifschitz consideró que la reforma es “indispensable para modernizar toda la infraestructura institucional de Santa Fe”, y dijo que dentro del Frente “hay pleno y absoluto consenso”. Eduardo Di Pollina, también del PS, avaló la reforma y consideró que “es prioritaria y fundamental para los intereses de todos los santafesinos”.

Verónica Benas, de Pares, dijo a El Litoral que “es indispensable” la reforma, y aclaró que “la oportunidad es la de justamente reformular este contrato y avanzar en la calidad institucional de la provincia”. Sostuvo que no es una cuestión “que le interese sólo a los partidos políticos, sino a todos los santafesinos”, e ironizó sobre quienes cuestionan la oportunidad del hecho. “Nunca hubo momentos. Los momentos son los que la decisión política determina -insistió- para avanzar con las garantías y derechos de los santafesinos; ofreciendo legalidad a las reformas que ya hicimos a la Justicia, y que hoy chocan con la Constitución provincial, y ofreciendo transparencia porque hoy tenemos todavía mayorías (legislativas) organizadas por la Constitución que todos sabemos lo que representó. Esas cosas hay que corregirlas -dijo-. Los momentos los establecemos los políticos responsablemente, y no las excusas que en definitiva llevan a repetir los mismos problemas periódicamente”.

Desde el PDP, Gabriel Real también retó a Barletta. “Creemos en la necesidad de la reforma. Sobre la oportunidad, la verdad es que si uno mira las cuestiones chiquitas de la política, nunca es oportuno porque seguramente en el discurso de la antipolítica se planteará que hay otras necesidades. Partimos de la base de que el gobierno puede ocuparse de su política diaria y también enfrentar un proceso de reforma de la Constitución, porque no hacemos una especulación política sobre si nos conviene o no, sino que creemos que esto es necesario”, aseguró.

Cerrar un capítulo

• Bonfatti aclaró que por ahora no se discute el contenido de la eventual reforma, sino la oportunidad de hacerla. “Si todos estamos de acuerdo, veremos cómo avanzamos”, fue la respuesta del mandatario a los interrogantes sobre las eventuales modificaciones y los plazos de la constituyente. Y aclaró que si no se logra acuerdo en esta instancia, el tema se dará por cerrado.

“Estoy cumpliendo con lo que he manifestado en mi programa de gobierno; mi programa sostenía que la provincia tiene que tener una Constitución que se adecue a los tiempos modernos, porque muchas cosas cambiaron en 52 años. Así lo he expresado en mis diferentes discursos ante la Asamblea Legislativa, y creo que ha llegado el momento de cerrar un capítulo por la positiva o por la negativa, pero hay que cerrarlo, porque si no, permanentemente estamos discutiendo estas cosas. Nos parece que si hay voluntad se hará, y si no, cerraremos un capítulo”, aseguró.

Si se logra consenso sobre la oportunidad de la reforma, el punto seguido será definir los temas, entre ellos, si se habilita la reelección del gobernador como lo pide el socialismo pero con lo que no acuerda la UCR; y si se modifican las mayorías automáticas en la Legislatura, como también pretende el oficialismo, pero en lo que no coincide el PJ.

Artículo publicado en diario El Litoral el día 12 de Febrero de 2014

La casa se reserva el derecho de admisión.

Las frase aparece estampada en carteles más o menos visibles en algunos locales o directamente la menciona el dueño de un comercio ante variadas circunstancias. Pese a los avances en materia de derechos civiles, esa difusa afirmación pervive y roza la frontera con la discriminación directa. 
¿Qué pasa cuando alguien se niega a acatarla y se defiende?.
¿Hay derecho de admisión o discriminación?. El valor de decir no...                                                          

El último jueves un joven trató de ingresar a un restaurant rosarino, pero le fue impedido su acceso por usar
bermudas (que incluso le cubrían sus rodillas). Al mismo tiempo, una mujer ingresaba al mismo local con un diminuto (y atractivo) short. Ante el reclamo del joven, la respuesta no se hizo esperar: esas son "las reglas", dijeron, la casa se reserva el "derecho de admisión" (y pareciera se reservaba también el monopolio de la estética). El hecho puede constituir tan sólo una anécdota sin mayor trascendencia. Sin embargo, recordé lo que le ocurrió en la década de los 90 al prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos, cuando en una confitería de Recoleta le pidieron que se retirara en razón de su vestimenta: tenía una remera sin cuello y sin mangas pese a que varias mujeres lucían blusas escotadas similares y sin embargo, no habían sido molestadas. El ya fallecido jurista contó el caso en Cartas de Lectores del Diario La Nación e indignado, hizo la denuncia bajo el rótulo de "discriminación".

Casos mucho más graves ocurren reiteradamente, todos los días. Hace unos años en el restaurant de un hotel de Venado Tuerto una rosarina invitó a dos chicos que pedían limosna a compartir su mesa: no sólo hicieron retirar a los niños sino que al otro día echaron a la huesped del hotel por ese motivo. Todos recordamos cuando dos chicas fueron obligadas a irse de un pub en Rosario porque se besaban: "estaban a los besos 'mal', adelante de toda la gente" dijo el propietario y agregó: "acá no pueden manifestar su condición sexual".

Es que en definitiva, lo que sobrevive en estos casos, pese a los avances en materia de derechos civiles, es ese difuso y arbitrario "derecho de admisión" de los propietarios de locales comerciales, que en realidad muchas veces, se convierte en el verdadero rostro que adopta la discriminación.

Discrimina quien restringe o impide el ejercicio y goce de los derechos y libertades en condiciones de igualdad frente a otros por razones tan variadas como la posición económica (que entre otras cosas, exterioriza la vestimenta), los aspectos físicos, el sexo, la raza o la religión. Adviértase que bajo el pretexto del derecho de admisión, los modernos inquisidores, restringen derechos en razón no de actos sino de personalidades o de "categoría" de personas. Aplican de facto el "derecho penal de autor". El dueño del pub rosarino no podía censurar el bello acto de besar (de hecho se lo permitía a parejas heterosexuales) sino que, convertido en cruzado de la "moral" ciudadana, les impedía besarse a determinadas personas: a dos mujeres entre sí.

Las confusiones y lo jurídico.  

Los titulares de locales -y algunos sectores- defienden el derecho de admisión, basados en notorias confusiones argumentales: "soy el dueño del local y tengo derecho como propietario a dejar entrar y echar a quien quiera", dicen. Y esto no es esencialmente así. Hay tres tipos de casos diferentes cuando nos referimos a este tema: 1) el espacio "público"; 2) el espacio "privado"; 3) el espacio "privado destinado al uso público". No hay duda que el propietario de su casa puede impedir el acceso a quien se le ocurra porque la propiedad y el domicilio son inviolables: es más, sólo mediante una orden judicial se podrá allanar un domicilio. Tampoco parece haber discusión sobre los lugares públicos, (plazas, calles): todos los habitantes tienen igual derecho a su uso y goce sin restricciones. Pero en referencia al espacio "privado destinado al uso público" (restaurantes, locales de espectáculos, bares, hoteles, etc), es decir, sitios particulares pero dedicados al acceso del público, parece que las cosas se confunden. Es cierto que un bar o una discoteca puede ser propiedad privada pero el dueño de ese negocio está proponiendo una actividad pública y por tanto, está sujeta a reglas y normas también públicas: seguridad, higiene, bromatología, medio ambiente, según los casos, que no está obligado necesariamente a cumplir cuando se trata de su domicilio particular. Discriminar, no sólo no es un "derecho" de ningún propietario sino que está prohibido por la normativa vigente.

En efecto, la ley nacional 26.370 referida a "espectáculos públicos" que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público, aclara que no pueden tomarse decisiones que sean "contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos".

Por ende, toda restricción al acceso de personas a espacios privados pero de uso público, incluido el derecho de admisión a espectáculos, no podrá quedar al arbitrio, al humor o la moral de propietarios, patovicas, dirigentes o funcionarios, sino que deberá tener fuente legal o judicial. Quienes en espectáculos produzcan actos violentos, promuevan disturbios, porten armas o amenacen a terceros deberán ser puestos a disposición de la autoridad pública competente (judicial) que, en su caso, decidirá y hasta podrá impedir el acceso en determinadas ocasiones. Los principios de legalidad y de razonabilidad deben convertirse en vallas infranqueables para los abusos del llamado derecho de admisión.

Nuestro derecho, por lo menos en sus textos, rechaza toda forma de discriminación, especialmente sobre los espacios destinados al uso público. Las leyes de fondo como la ley antidiscriminatoria 23.592 y la Constitución reformada en 1994 que adopta con igual jerarquía la Convención Internacional sobre la "Eliminación de todas las formas de Discriminación racial" dice que discrimina quien impida a toda persona "el derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques" (art. 5to, f).

La ciudad de Rosario del mismo modo, en ordenanzas municipales vigentes sanciona hasta con la clausura de locales, actos discriminatorios (desde la Ordenanza 4884/90, hasta 7946/06 que modifica la 6321/96). También durante la gestión del Intendente Miguel Lifschitz, se sancionan una serie de Normativas de vanguardia sobre Diversidad Sexual que van en igual sentido tuitivo, en este caso, de los derechos de LGByT.

El valor de decir "No". 

Por fin, digamos que no debemos "naturalizar" los actos discriminatorios por menores e insignificantes que parezcan y también recordar que los avances democratizadores e igualitarios se consiguieron a fuerza de resistencia y de lucha. Cuando la costurera negra Rosa Parks en diciembre de 1955 se negó a dejar su asiento a un blanco en el ómnibus que la transportaba (los blancos y los negros no podían sentarse en la misma fila), ese "no" significó su arresto pero también el inicio del fin de la segregación racial en el transporte público norteamericano consagrado definitivamente un año más tarde en un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. Tampoco basta con la individual actitud de no sentirnos culpables porque "nosotros" no discriminamos: se trata de obligar e impedir que otros lo hagan, porque como se ha dicho y sabemos, lo esencial para diplomarse en racismo es siempre la oportunidad.

El texto fue publicado en el Suplemento Rosario 12 del Diario Página 12, el domingo 12 de enero de 2014

Manuel Blando, un hombre decente

Por Jorge Salum/Diario La Capital de Rosario

El sábado 7 de diciembre murió en Rosario el abogado, docente y dirigente político Manuel F. Blando. Excepto para sus familiares y amigos más cercanos, su deceso pasó desapercibido, un poco porque la atención de los medios estaba centrada en el conflicto policial y la tensión social y otro poco porque los principales episodios de la vida de ese hombre extraordinario ocurrieron hace mucho tiempo. Y el paso del tiempo, ya se sabe, a veces es injusto con quienes merecerían que los despidiéramos de otra manera.

Manuel Blando dedicó su vida a la militancia política y en favor de los derechos humanos. En 1984 esa larga y reconocida trayectoria se coronó con su designación como presidente de la delegación Santa Fe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep). Junto a los otros miembros de esa comisión le tocó un trabajo tan penoso como arduo, pero su contribución a la búsqueda de la verdad dejó una huella entre muchos de los que lo conocieron por entonces y también marcó su propio carácter por el resto de sus días.

Paradójicamente, su muerte se produjo cuando se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia, el hito histórico que, entre otras cosas, permitió la creación de la Conadep, el juicio a la junta militar que derrocó al gobierno de Isabel Perón en 1976 y tantos otros acontecimientos vinculados a la condena del terrorismo de Estado y la reivindicación de los derechos humanos.

Escribo sobre Manuel con datos que me aporta su hijo Oscar, militante y dirigente político como su padre y actual Director de Reforma Política y Constitucional del gobierno de Santa Fe. En representación del Partido Demócrata Progresista, fue concejal de Rosario y diputado provincial. Como si fuese una mueca triste de la historia, en ambas ocasiones su mandato fue truncado por los golpes de estado de 1966 y 1976.

Luego, durante el proceso militar, junto a otros dirigentes como Ricardo Molinas fundó el Movimiento Latorrista, línea interna de la democracia progresista disidente de la conducción oficial. En 1989, como muchos de sus correligionarios, renunció al PDP cuando esa agrupación política formalizó una alianza con la UCeDé.

Manuel fue profesor de Historia Argentina e Instrucción de Cívica en la entonces Escuela Industrial (el actual Instituto Politécnico General San Martín dependiente de la Universidad Nacional de Rosario). Allí, como le gustaba recordar, fue docente de Roberto Fontanarrosa. También integró en representación de los egresados la primera comisión directiva de la Escuela de Derecho de Rosario, antecedente inmediato de la Facultad de Derecho de la UNR.

Además participó activamente de la vida gremial del Colegio de Abogados de Rosario. Fue crítico tenaz de la intervención Saráchaga al Poder Judicial en 1969 durante el gobierno de Onganía, y luego fue cofundador con otros abogados del Movimiento Solidaridad Forense. En varias ocasiones fue miembro del Tribunal de Ética de ese colegio. Me cuenta Oscar que además, entre sus amplias actividades, fue crítico de cine y escribió durante muchos años numerosos artículos en las columnas de opinión del La Capital.

En su libro "Derecho y Política", Oscar escribe una dedicatoria que resume su percepción de hijo, que es también la de todos los que lo conocieron. Allí dice: "A Manuel F. Blando, que me enseñó, entre muchas cosas, que se puede transitar por la vida (y por la política) decentemente".

Un dato habla muy bien de su decencia: es uno de los escasos legisladores provinciales que no se jubiló como diputado y no percibía un haber de privilegio. Muy por el contrario, cobraba dos modestas jubilaciones como docente y abogado.

Conocí a Manuel Blando en 1989 en el Colegio de Abogados y compartí con él unos cuántos momentos enriquecedores. Lo recordaré siempre con la misma percepción de Oscar y tantos otros: era un hombre que transitaba por la vida (y por la política) decentemente".

Artículo publicado en el diario La Capital el día 12 de diciembre de 2013

Elecciones en Santa Fe 2013: boleta única y simultaneidad.

Organizado por el Centro de Estudios Mar del Plata que dirige el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Licenciado Francisco Morea, se realizó una jornada sobre implementación de la boleta única en la que participaron el diputado provincial Alfredo Lazzaretti y el Doctor Oscar M. Blando, Director provincial de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno y Reforma de Estado del Gobierno de la Provincial de Santa Fe. 

El Dip. Lazzaretti explicó su proyecto de boleta única presentado en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Blando el proceso de implementación del sistema de votación de boleta única en elecciones simultáneas con las nacionales, lo que constituyó una experiencia inédita en el país.

Francisco Morea, Rector de la UNMdPata, presentando el panel junto al legislador Alfredo Lazzaretti

Repercusiones en el diario La Capital de Mar del Plata

Acceso al texto de la conferencia del Dr. Blando