SANTA FE Y LOS IDEALES REPUBLICANOS Y PROGRESISTAS

Por Oscar M. Blando 

(Director de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe).

Existe una tendencia política a concebir ciertos principios republicanos como opuestos a posturas progresistas e incluso de izquierda. Intentaré –en la brevedad de este espacio- poner en cuestionamiento esa tesis, tomando como referencia a Santa Fe y como marco nacional a otras provincias argentinas. Me apoyaré en algunos parámetros exclusivamente institucionales.

El ideal republicano (y democrático) de la limitación de los mandatos y la periodicidad en el ejercicio de las funciones fue una conquista histórica revolucionaria en contra de los absolutismos que los dictadores de distinto linaje han tratado siempre, en el mundo, de burlar. No encuentro razones para creer que la aspiración a la perpetuidad en el poder aún en democracia, deba ser hoy visualizada como “progresista” y el de la periodicidad, “conservadora”.

Santa Fe junto a Mendoza, son las únicas provincias argentinas que no tienen reelección del gobernador: todas las demás pueden reelegir a sus ejecutivos y en algunas, en forma indefinida: Formosa, Catamarca, Santa Cruz. No es una evidencia que la Formosa de Gildo Isfran que está en el poder ininterrumpidamente mediante elecciones desde 1987 como Vice Gobernador o Gobernador, sea una provincia más progresista e igualitaria que la Santa Fe del Gobernador Antonio Bonfatti. No existe tampoco evidencia que la reelección de Carlos Menem -y su gobierno- a partir de la reforma de la Constitución Nacional o el intento fallido -y rechazado por la Justicia- de Carlos Reutemann de declarar inconstitucional en 1994 el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide la reelección, sean iniciativas más progresistas que el proyecto de reforma constitucional -que perdió estado parlamentario- enviado por el ex Gobernador Hermes Binner que contenía una cláusula expresa que impedía su propia reelección.

                                                                       

Diría más: la periodicidad de los mandatos, entre otras virtudes, tiende a romper la continuidad de pactos, arreglos –y negocios- no siempre respetuosos de la ley y la ética pública e incluso permite desactivar los reconocidos intentos de los poderes fácticos de influir, cuestionar y condicionar a los gobiernos democráticos. Dicho de otra forma: la concentración y la perpetuidad en el poder tienden a favorecer prácticas corruptas (que ciertamente no son progresistas ni de izquierda) que erosionan la legitimidad democrática.

Según el investigador Alberto Föhrig, "los gobernadores son extremadamente poderosos porque no sólo son dueños del poder político, sino del económico y del mediático”. Mayorías parlamentarias amplias y control del poder judicial, son los rasgos institucionales restantes que garantizan un esquema concentratorio del poder en varias provincias argentinas.

Este no es el escenario de Santa Fe y vale ponerlo de relieve: en la Provincia, el actual gobernador no controla ninguna de las dos cámaras legislativas: ambas están mayoritariamente en poder de la oposición y con ello, ésta consigue dominar la Asamblea Legislativa. En nuestra provincia por tanto, ningún juez puede ser nombrado por automáticas mayorías oficialitas sino con el necesario acuerdo de la oposición y ninguna ley puede ser aprobada sin el consenso entre mayorías y minorías. En Santa Fe, por designio constitucional y legal y por mandato popular, hay hoy un equilibro de poderes inédito en el país.

Como es inédita en términos electorales, la incorporación (junto a Córdoba) de un sistema de votación, la boleta única, que implementada con éxito en Santa Fe, trajo no sólo mayor transparencia y equidad en la competencia electoral evitando picardías y posibles fraudes, sino absoluta autonomía al votante que puede elegir entre distintas opciones, según la categorías políticas en juego. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la boleta única, lo que no podrá afirmarse –y no es poco- es que haya sido instaurada por oportunismo político para beneficiar al partido de gobierno: para bien o para mal, por primera vez en la historia institucional de la Provincia, la Cámara de Diputados no pertenece al partido del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y pese a todo, en Santa Fe se gobierna y se avanza en base a consensos y diálogos en épocas de marcada conflictividad y muchas veces, de intolerancia y violencia.

Es cierto -y vale subrayarlo- que con mayorías legislativas más holgadas es posible –y hasta saludable- avanzar y profundizar más rápidamente los proyectos políticos gubernamentales pero en todo caso, siempre es preferible alcanzar aquel objetivo ganando la adhesión mayoritaria del pueblo en las urnas con mejores propuestas y candidatos y no intentar abrazar proyectos concrentatorios, hegemónicos y de perdurabilidad en el poder. Abogo por incluir más democracia a la república y no sacrificar los principios republicanos porque me temo que con ello, tendremos no solo menos república sino menos democracia.

En este sentido y a todo evento, una aclaración: pensar el republicanismo como una ideología retardataria sólo es compatible, como afirma el filósofo argentino Andrés Rosler, con una de sus vertientes: la liberal conservadora nacida en el siglo XIX, (a la que no adscribo), pero el republicanismo de “pura cepa”, nos dice el autor, no sólo está interesado en los derechos individuales sino en la protección de los derechos ciudadanos frente a cualquier clase de dominación, sea de naturaleza política por parte del gobierno como de naturaleza económico-social por parte del mercado o de la sociedad civil. Al discurso republicano genuino le debe interesar combatir toda clase de dominación antes que la defensa del statu quo.

El respeto por la independencia de los poderes y el estado de derecho, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad y la necesidad de la rendición de cuentas de los funcionarios, el permitir el acceso a la información pública, el control político, jurisdiccional y social de los gobernantes, la participación ciudadana y la deliberación pública, plural e inclusiva, no son formalidades anti revolucionarias: son garantías progresistas que conjugan los principios republicanos con los democráticos en la sociedad actual. Ese puñado de principios debiera ser innegociable y tendría que presidir el discurso y los programas de todos los gobiernos: por democráticos y a la vez, por progresistas.

Artículo publicado en el Diario La Capital de Rosario, el 14/11/2014 bajo el título "¿Republicanos vs progresistas?" 

Memorias de la Conadep Santa Fe

Por Oscar M. Blando.

Hace treinta años, en los albores del proceso de la transición democrática argentina, la Comisión sobre desaparición de personas (Conadep) creada por el Presidente Raúl Alfonsín, entregaba el Informe Final, denominado Nunca Más.

Pasados los años, se revaloriza cada vez más la labor de la Conadep, por lo menos, en tres aspectos: 1) fue fundamental para que la sociedad tomara conciencia de lo ocurrido en torno a masivas violaciones a los derechos humanos; 2) sirvió como prueba fundamental para la sentencia en la denominada “Causa 13”, en donde se juzgaron y condenaron a los jefes de las Juntas Militares y 3) se constituyó en el antecedente inmediato de lo que luego, en materia de justicia transicional, se conocería como el modelo de las “Comisiones de la Verdad”. Ese modelo inaugurado con la Conadep argentina, se replicó en diversas “comisiones de verdad” a lo largo de América Latina: Brasil (1985), Uruguay (1989), Chile (1991), El Salvador (1993), Guatemala (1996), Colombia (2000) y Perú (2003).

Alfonsín propuso integrar la Conadep con figuras de prestigio nacional e internacional que provenían de distintas actividades y profesiones respetando las diferentes procedencias y trayectorias políticas e ideológicas. A su vez, en las principales provincias y con el mismo criterio, se conformaron delegaciones de la Comisión Nacional.

En Santa Fe se constituyó una Comisión que también se caracterizó por su amplitud y pluralismo. Vale recordar sus nombres. Presidió la Conadep en la Provincia, mi padre, Manuel F. Blando y divididos en norte y sur, lo acompañaron: por Rosario: Fidel Toniolli, Secretario de Prensa; Ricardo Pegoraro, Secretario de Actas; José Emilio Madariaga, Secretario de Finanzas; Israel Esterkin; Alberto Gabetta; Wence Julio Steger; Delia Rodríguez Araya; María (Mary) Dal Dosso; Carlos de la Torre, el Pastor Hugo Urcola, actuando como asesores jurídicos, José María Masuelli y Olga Cabrera Hansen. Desde Santa Fe, participaron, Juan Carlos Adrover, que fue designado Vicepresidente de la Comisión; Oscar Suffriti; Andrés H. Villoria; Mario Pilo y como secretaria jurídica, Miriam Ramón.

El Presidente Raúl Alfonsín en el acto de entrega del Informe "Nunca Mas" de la Conadep. Aquí con el Presidente de la Conadep Santa Fe, Manuel F. Blando.

                                                                 

La labor de la Comisión santafesina fue ardua e importante. Tal vez, la relevancia de su trabajo, lo demostraría uno de los hechos institucionales más graves ocurridos en Santa Fe desde la recuperación democrática: en la madrugada del lunes 8 de octubre de 1984, con el inocultable intento de sepultar la fuerza probatoria de lo colectado, con “zona liberada” y múltiples complicidades, se robaron del interior de los propios Tribunales provinciales de Rosario, 150 expedientes e innumerable documentación recogida fundamentalmente por la Conadep. Lamentablemente, nada fue recuperado, poco fue investigado y nadie recibió condena alguna por tan grave acto de vandalismo institucional.

Quienes integraron la Conadep Santa Fe fueron ejemplo de desinteresada participación: actuaron absolutamente ad honorem y lo hicieron con dignidad. Fueron respetados por la encomiable labor realizada. Precisamente durante el gobierno de Hermes Binner, en diciembre de 2008, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en Rosario, fueron recordados en un acto emocionante en donde pudimos hacerles un reconocimiento, y donde participaron los miembros de la Conadep que pudieron estar presentes y los familiares de los que ya habían fallecido.

Y fue merecido ese reconocimiento: los hombres y mujeres que integraron la Conadep Santa Fe, honraron la política santafesina y actuaron con valentía, en circunstancias en donde la democracia aún no estaba consolidada y recibía fuertes resistencias, amenazas y levantamientos.

Los miembros de esa Conadep fueron militantes de una época distinta a la actual no exenta de profundos debates. Sin embargo, fue un momento histórico que estuvo signado nada más –y nada menos- que por luchas de convicciones. Reitero: luchas por convicciones.

Época de grandes pasiones y disidencias pero de profundo, y hasta entrañable respeto, por el otro, por el adversario político. Muchos jóvenes de entonces, aprendieron -y aprendimos- de esos dirigentes santafesinos: de sus trayectorias, de sus luchas y de su fe democrática. Aprendimos también de aquellos abogados que para intervenir sólo se preguntaban qué libertad había sido avasallada y no qué filiación política tenía la víctima. 

Aprendimos la inmensa profundidad jurídica de Israel, aquel moderno quijote de cabellera blanca; la lucha inquebrantable fraguada en el dolor militante de Fidel; el socialismo humanista y romántico de Alberto; la valentía constructiva y luchadora de Mary; la digna y rigurosa presencia de Delia; la rectitud y las profundas convicciones de Manuel.

De todos aprendimos algo. Tal vez, no lo que se nos “enseña” en la escuela o en la Universidad pero sí lo que ayuda a ser mejores personas: la lucha sin otro interés que el compromiso político con lo social y democrático, con la cosa común y pública, con el semejante, con la víctima, con el más débil.

Vaya hoy para los integrantes de la Conadep Santa Fe, nuestro sentido homenaje despojado de nostalgia, pero de imprescindible recuerdo para asentar nuestro presente democrático y como legado para las jóvenes generaciones.

Artículo publicado en el Diario La Capital de Rosario, el viernes 24 de octubre de 2014.

El “disparate” de no tener boleta única.

Por Oscar M. Blando.

El Diputado del FPV Jorge Landau, ha manifestado públicamente que es un “disparte” incorporar la boleta única en la Nación y en las Provincias, porque por la cantidad de partidos y candidatos más las fotos y los logos, se necesitaría “una boleta enorme”.

En realidad, por un lado, el diputado Landau niega a la realidad: la inmensa mayoría de las democracias del mundo, que incluso eligen más candidatos que nosotros, adoptaron la boleta única, y en América Latina, salvo nuestro país y Uruguay que no la incorporaron, los demás estados poseen boleta única (o voto electrónico) y no aducen problemas de “tamaño”.  Por otro lado, no es exacto como afirma el diputado que se necesite una boleta “enorme” aún con muchos partidos y candidatos: se si adopta el sistema de boleta única por categorías como es el caso de Santa Fe, no se mezclan candidatos a gobernador con legisladores o intendentes. Cada boleta permite elegir determinada categoría de candidartos y puede haber tantas boletas como categorías a elegir. De hecho, en las elecciones de 2011 en Santa Fe, hubo cinco boletas, una por cada categoría de candadituras: Gobernador, Diputados, Senadores, Intendentes y Concejales o Comisiones Comunales.

Pero parece ser que el diputado Landau se obstina en repetir argumentos en contra de la boleta única, siendo que hace un par de años en la propia Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, se lo explicamos a él y a la Diputada Diana Conti y no solamente los legisladores representantes por Santa Fe, Alicia Ciciliani y Juan Carlos Zabalza, sino el experto que fue invitado a la reunión por las propias autoridades de la Comisión: participó Pablo Gutierréz, por entonces Director del Departamento de Observación y Cooperación Elecotral de la O.E.A.-que realizó una evaluación institucional sobre la elección a Gobernador de Santa Fe en el 2011- y rebatió una a una las críticas aducidas, respondió inquietudes y remarcó que “el sistema de boleta única se constituyó en una experiencia de gran éxito para Santa Fe”.

El Diputado Landau también incurre en contradicciones: por un lado, niega que exista robo de boletas y problemas con los fiscales para controlar las elecciones y por otro, propone una serie de medidas y reformas electorales sobre ese tema. Dice: “Se crean las figuras del delegado electoral y las boletas contingentes que van a ser proveídas por los partidos políticos para que los ciudadanos tengan todas las opciones en las mesas" y agrega que esto "Viene a ayudar al presidente de mesa a que tenga boletas y a los fiscales porque no todas las fuerza políticas tienen la envergadura para designar un fiscal en cada mesa". Es decir, admite que se deben suplir los defectos del sistema actual (que por otro lado los niega) y en lugar de incorporar la boleta única que soluciona todos esos problemas y muchos otros, propone “emparchar” algo para que en defintivia, lo de fondo, no cambie. Y lo de fondo que no se quiere modificar es un sistema de arrastre de categorías: que un Presidente o Gobernador “arrastre” hasta el cargo del último concejal o presidente comunal. Con la boleta única los candidatos (todos) ya no se eligen por “colgarse” de una candidatura conocida sino que lo son a partir de la decisión autónoma de los votantes que optan libremente por los candidatos y por los partidos que los representan.

La boleta única también impide “picardías” y eventuales trampas electorales. Al ser el Estado quien tiene la responsabilidad de diseñar, imprimir y distribuir las boletas en lugar de los partidos políticos, se reduce la posibilidad de eventuales fraudes electorales, se termina con el negocio de la impresión de boletas y se garantiza no sólo que todas las candidaturas estén disponibles para los votantes sino que todos los partidos y frentes tengan un espacio y visibilidad equivalentes, asegurándose así equidad en los espacios asignados. Se acaba con la práctica de robar u ocultar boletas en el cuarto oscuro, ya que es el presidente de mesa el encargado de entregar una boleta a cada elector. Nadie tiene acceso a las boletas si no es a través de la entrega que, al momento de votar, hace la autoridad de mesa. Se garantiza así al votante autonomía: encontrará todas las opciones electorales y los candidatos sabrán que sus candidaturas estarán disponibles para todos los ciudadanos. Se asegura así, de manera igualitaria, el derecho a elegir y ser elegido.

La boleta única, por fin, ataca las prácticas clientelares ya que no se pueden utilizar las boletas para el intercambio de favores por votos, por ejemplo, a través del llamado “voto cadena” (se suprimen los sobres) y se elimina asimismo la posibilidad de distribuir boletas falsas o adulteradas de los adversarios para perjudicarlos.

En consecuencia, diría a diferencia del diputado Landau, que lo constituye un “disparate” es que Argentina siga utilizando la boleta partidaria o “sábana” y no haya incorporado la boleta única.

Publicado en el sitio Noticias Electorales el 23/10/2014

Género, Constitución y Derechos Humanos

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de las Constituciones provinciales argentinas y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en un país que es jurídicamente federal- sobre la existencia de instituciones, cláusulas o disposiciones que incluyan la problemática de género y el reconocimiento de derechos humanos fundamentales de las mujeres.

Este estudio por tanto,  intentará poner en evidencia y discusión el paradigma cultural e ideológico que presiden las normas jurídicas de mayor jerarquía en los estados autónomos argentinos, teniendo en consideración las posiciones o roles sociales que les son asignados a la mujer y al hombre en el ámbito privado y en el laboral, a la familia en relación a los “fines y funciones esenciales” fijados jurídica y socialmente, al papel de la Iglesia Católica y al conjunto de creencias religiosas que influyen y transmiten las “virtudes y valores” a través esencialmente de la educación y que el derecho constitucional recepta.

En definitiva, investigar cómo el derecho público provincial argentino por intermedio de sus normas constitucionales admite “la diversidad humana y la paridad de los diferentes” y cómo aún reconociendo derechos, no se supera la distancia entre el principio de igualdad (abstracto), frente al de la desigualdad (real). 

Género y DDHH. Un análisis comparativo en el derecho público provincial argentino

El presente fue publicado en el libro colectivo titulado "Derechos Humanos y Constitución. A 20 años de la reforma constitucional de 1994", Coordinado por el Dr. Carlos D. Luque quien preside la Comisión del Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. 

A su vez, el trabajo es un adelanto del Capítulo que forma parte del libro "Políticas Públicas, Género y Derechos Humanos en América Latina" coordinado por la Dra. Silvia Levin y presentado al concurso -y seleccionado para su publicación- en el espacio Proyecto LATin (Iniciativa Latinoamericana de libros de textos abiertos). 

Acceso al libro "Políticas Públicas, Género y Derechos Humanos en América Latina"

Discurso de presentación del libro "La Constitución de 1921" en la ciudad de Santa Fe

Reelecciones y democracia

Recuperada la democracia electoral en la Argentina de 1983, la reelección no era un formato político muy "popular": la Constitución nacional no la admitía en referencia al presidente y vice sino con intervalo de un período y ninguna provincia permitía la reelección del gobernador. Hoy sólo Santa Fe y Mendoza no lo hacen y tres provincias (Catamarca, Formosa y Santa Cruz) posibilitan reelecciones indefinidas. A su vez, siete Estados provinciales prácticamente no han tenido alternancia en el poder desde hace 30 años: Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz.

La propensión a las reelecciones, especialmente las indefinidas, tienden a constituir en las provincias fuertes concentraciones de poder político que favorecen prácticas autoritarias, nepotistas, clientelares, todo ello -generalmente- dentro de contextos de grandes asimetrías y desigualdades sociales. Para el investigador Alberto Föhrig, "los gobernadores son extremadamente poderosos porque no sólo son dueños del poder político, sino del económico y del mediático". Mayorías parlamentarias amplias y control del poder judicial, son los rasgos institucionales restantes que garantizan un esquema concentratorio del poder.

Pero hay más, la alternancia en el poder, clave de un sistema democrático, se ve resentida por la presencia de reelecciones que afectan la competitividad electoral. Según CIPPEC, las provincias donde la reelección del gobernador no está permitida casi no tienen ventaja oficialista (el ejemplo puede ser Santa Fe), y en las que la reelección es indefinida, la ventaja del partido gobernante es muy pronunciada y por tanto, tienen oposiciones más débiles y poderes más concentrados: "la reelección indefinida es la frutilla del postre de un esquema que ha empobrecido la cultura política". En esos contextos las reglas del juego impiden que se formen partidos opositores que puedan alcanzar el poder y por tanto, violan precisamente, una de las clásicas reglas oro de la democracia expuestas por Norberto Bobbio: junto a la regla de la mayoría, la democracia no debe limitar los derechos de las minorías, "particularmente el derecho a convertirse, a su vez, en mayoría, en paridad de condiciones".

Muchos de los proyectos de "reformas políticas", en realidad encubrían -o encubren- intentos más o menos explícitos de perpetuación en el poder. Cabe recordar que la reforma constitucional de 1994 -más allá de importantes aportes especialmente en orden a los derechos- estuvo signada desde lo político, por la ambición reeleccionista de Carlos Menem. Esto demuestra que los reclamos reeleccionistas -como es el caso de no pocos gobernadores provinciales que pretenden reformas constitucionales en beneficio propio- no van de la mano necesariamente de una propuesta innovadora, progresista y menos revolucionaria de la política sino, y en todo caso, dan cuenta de uno de los supuestos implícitos más conservadores de una Constitución.

En este sentido, el constitucionalista Lucas Arrimada realiza un aporte medular: advierte que los Ejecutivos fuertes y concentrados nacen del esquema institucional originado en la propia Constitución de 1853. Esta, dice, estableció un sistema en el que el/la presidente, como Alberdi llamó, debería ser un "Rey sin corona", un "Monarca Electo". La estirpe de Ejecutivos fuertes es una consecuencia deseada, un objetivo del diseño institucional de los constituyentes de 1853. No es una anomalía circunstancial nacida de líder alguno: es una cultura política, una forma de vida social. Como toda práctica cultural, con el tiempo resulta muy difícil de distinguir e identificar aunque estemos plenamente sumergidos y se reproduzcan en ella -salvo contadas excepciones- los mismos patrones y defectos que criticamos fuera de nuestros círculos. Esas críticas caen en un juego de espejos. Se critica lo que se practica. Nos resulta muy difícil reconocer que todos estamos en una cultura presidencialista y eso tiene efectos directos en nuestras conductas, formas de resolver conflictos, tomar decisiones y hacer política. Y aclara: gobernadores, jefes de Gobierno e intendentes suelen reproducir, consciente o inconscientemente, bajo un esquema institucional poco democrático, prácticas que se identifican críticamente en el sistema presidencial nacional. La concentración de poder que se denuncia a gran escala se reproduce, con sus propias formas e intensidades, en los niveles inferiores del sistema federal. Pero más aún, Arrimada encuentra esas conductas y pautas más allá de la política: en las propias instituciones de la vida civil. Afirma: "Esos patrones de la concentración de poder (personalismo, atomización, verticalismo, juegos de suma cero, etc.) se pueden ver reproducidos no sólo en las "instituciones políticas" sino también en los partidos políticos (especialmente aquellos que depende de "figuras públicas"), en la propia Corte Suprema, fuerzas de seguridad, la AFA, la CGT, entidades periodísticas, ONG's, universidades públicas y privadas, facultades, centros de estudiantes, bancos, empresas privadas, corporaciones, la administración de los más "cercanos" consorcios, entre otras. Es decir, si hasta las más diversas instituciones sociales locales (o "micro") reproducen esos defectos que se observan a nivel nacional (macro), debemos pensar que resulta claro que el problema no es exclusivamente de la clase gobernante o la clase política (que tiene un grado de responsabilidad especial y mayor, cuyas exigencias y controles deben ser siempre más elevados) sino de un patrón cultural del que excepcionalmente se puede escapar o se escapa con prácticas contraculturales y contracorrientes".

Limitación de mandatos. Si bien las pautas culturales no se modifican con el mero dictado de una ley, sí pueden ensayarse diseños institucionales que ayuden a modificar comportamientos concentratorios del poder, en donde la reelección indefinida de los funcionarios electos por el voto popular aparece como una consecuencia "deseada" más no necesariamente conveniente.

La limitación de los mandatos de un gobernador, de un legislador, de un intendente o concejal aparece como un ideal aconsejable no sólo porque oxigena y dinamiza la política, permite la renovación de las dirigencias y abre las puertas a las nuevas generaciones -a las que tanto se invoca pero no siempre se permite su participación-, sino porque impone precondiciones que deben cumplir los dirigentes en las democracias, como ser, la periodicidad de los mandatos. Esta limitación en el ejercicio del poder fue una verdadera conquista histórica (y democrática). En efecto, el Estado de derecho nació sustancialmente para poner límites al poder concentrado de las monarquías absolutas, vitalicias y hereditarias. Cuanto más monopolizado está el poder y cuanto más perpetuo es el gobierno de los hombres más nos alejamos de aquellas conquistas históricas y más nos acercamos a procesos autocráticos. El ideal de los dictadores que rompen la legalidad democrática es precisamente la aspiración a la perpetuidad en el poder; el ideal republicano y democrático debiera ser el de la limitación y el de la periodicidad en el ejercicio de las funciones. No sólo pensando en el Estado sino en relación a los poderes fácticos como los empresariales y mediáticos: la periodicidad de los mandatos, entre otras virtudes, tiende a romper la continuidad de pactos, arreglos y -por qué no- negocios, no siempre respetuosos de la ley y la ética pública y del reconocido intento de esos poderes de influir, cuestionar y muchas veces, condicionar a los gobiernos democráticos. Dicho de otra forma: la concentración y la perpetuidad en el poder favorece prácticas corruptas que erosionan la legitimidad democrática.

El caso Santa Fe. El debate sobre la limitación de los mandatos de los funcionarios elegidos popularmente se ha instalado nuevamente en la Nación y ha habido voces que en nuestra provincia lo han propiciado. Entre otros, el propio gobernador Antonio Bonfatti que ha dado su opinión personal favorable en ese sentido, así como su compromiso de que aunque una reforma lo habilite, no aceptaría ser reelecto para un cargo que la Constitución por la que juró, se lo prohíbe.

De acuerdo a todo lo aquí dicho, sostengo que sería saludable institucionalmente que podamos discutir la limitación de los mandatos. Más claramente: cuáles son los grados de limitación de los mandatos: no es lo mismo una reelección de un cargo por 4 años, que una reelección indefinida, porque entiendo que ésta última, y elocuentemente para los cargos ejecutivos, lesiona principios liminares de un régimen basado en el Estado democrático de derecho.

Las Constituciones suelen autorizar las reelecciones por dos vías: por disposición expresa y por omisión. Nuestra Carta Magna provincial efectivamente lo hace en esos dos sentidos. Establece expresamente que el gobernador y vice "no son elegibles para un mismo cargo o para el otro sino con un intervalo, al menos, de un período" (art. 64); y para el caso de los diputados y senadores dice que son "reelegibles" (arts. 34 y 38 respectivamente). Sobre los intendentes y concejales sólo prescribe que son elegidos "por un período de cuatro años". Estas mismas normas sobre reelegibilidad rigen para los gobiernos comunales, aunque sea diferente la duración y deriven a la "ley orgánica propia". En consecuencia, salvo para el caso del Poder Ejecutivo, donde hay limitación precisa, para los demás cargos electivos es autorizada (expresamente o por omisión) la reelección indefinida. Es decir, que si esto proclama la Constitución, las reformas que se pretenden en torno a la limitación de los mandatos tienen clausurada su viabilidad en el ámbito legislativo provincial.

Santa Fe, casi como una isla institucional en el país, ha avanzado positivamente en torno a las reformas electorales, convirtiéndose en precursora de esas innovaciones. Derogó en el año 2004 la nefasta "ley de lemas" e implementó antes que en la Nación, primero las Paso en el 2007 y luego la boleta única en el 2011, dando lugar a la participación popular para la nominación de los candidatos en el caso de la primera de las iniciativas y logrando transparencia, equidad en la competencia electoral y autonomía del ciudadano, con la modificación de su sistema de votación.

Pero es preciso avanzar positivamente y dar los debates, que en base a consensos, profundicen en la provincia los procesos democráticos y de toma de decisión: los electorales, como la limitación de los mandatos y los institucionales, como discutir las mayorías legislativas automáticas que distorsionan la representación parlamentaria. Sin embargo, y como he sugerido, para todo ello es necesario reformar la Constitución: un motivo más que justificaría su modificación. Nuestra Carta Magna hoy obtura cualquier debate, lo que demuestra una vez más la tesis que he expuesto reiteradamente: en Santa Fe no hay verdadera reforma política sin reforma constitucional.

 

Artículo publicado en el diario La Capital, el 20 de mayo de 2014

Texto y contexto de la Constitución de 1921

En la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, se presentó el libro “La Constitución de 1921: la verdadera Constitución progresista de Santa Fe” (Laborde Editor), realizado por el Dr. Oscar M. Blando y el empresario Oscar F. Defante, ambos de la ciudad de Rosario.

Ante un público diverso que incluyó al ex gobernador Hermes Binner, profesores y alumnos de la casa, dirigentes políticos, funcionarios provinciales y municipales y ciudadanos interesados en la temática, abrió el acto el decano de la Facultad, abogado Javier Aga, quien se refirió a la importancia de la Constitución Provincial que motivó el trabajo y al destacable hecho de que por vez primera se hayan reunido en un libro su texto completo, comentarios analíticos y artículos que aportan referencias históricas de contexto que permiten un más amplio abordaje de la obra.

De Santa Fe al país

La ronda de oradores se inició con la palabra de Rubén Galassi, ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, quien repasó hechos relevantes producidos en el actual territorio de nuestra provincia, incluso antes de su constitución como tal, y se detuvo en el Estatuto Provisorio de 1819, primer texto jurídico-político con sanción efectiva en contemplar el sistema republicano y representativo en la historia del país. Luego abordó la saga constitucional de la Argentina con eje en la ciudad de Santa Fe, lugar de realización del Congreso General Constituyente de 1853 y las sucesivas reformas de 1860, 1866, 1957 y 1994. Destacó el proceso inmigratorio que presionó sobre los viejos latifundios y, luchas mediante, logró la subdivisión de la tierra y el incremento de la productividad rural. También evocó la primera ley de Matrimonio Civil del país, sancionada en 1867 durante el gobierno de Nicasio Oroño; la primera aplicación de la Ley Sáenz Peña en las elecciones provinciales de 1912, año en el que también resonó el Grito de Alcorta, rebelión de pequeños y medianos arrendatarios rurales contra los propietarios de campos. Mencionó luego la movilización estudiantil de 1918 en Córdoba, que tendría como fruto primero la creación de la UNL, y siguió con la creación de Consejo Federal de Inversiones (CFI) a instancias del ex gobernador Carlos Sylvestre Begnis; el Rosariazo, como emblema de la resistencia estudiantil al gobierno de Onganía, la promoción de la Región Centro, entre tantas otras marcas dejadas por Santa Fe en el camino recorrido por la Argentina. Y en ese tránsito se detuvo en la Constitución del 21, su suspensión, y posterior reactivación de la mano del gobernador Luciano Molinas (1932-35) hasta que una nueva intervención federal la truncara. Al cabo, y luego de valorar el texto constitucional de 1962, que aún nos rige, abogó por una reforma que después de medio siglo se adecue a los tiempos que vivimos.

Tiempo de grandes cambios

Seguidamente tomó la palabra Gustavo Vittori, director de El Litoral y autor de uno de los artículos que integran el libro, quien manifestó que la Constitución del 21, que tuvo el fervoroso apoyo del diario y la participación como convencional constituyente de su entonces director Salvador Caputto, surgió de una serie de fracturas sociales, políticas, económicas y culturales con epicentro en Europa, pero de alcance mundial. Dijo al respecto que en el despunte del siglo XX ya eran perceptibles movimientos de fondo que inestabilizaban al viejo régimen conservador. Poco a poco, la mujer aparecía en la superficie de la sociedad a través de su progresiva incorporación a la Universidad y su participación en movimientos que reclamaban postergados derechos de género. Otro tanto ocurría con el mundo del trabajo, que se organizaba en sindicatos y hacía escuchar su voz de protesta contra los excesos de las prácticas patronales. Y en las universidades, donde los alumnos buscaban ampliar su participación en el proceso educativo y ensanchar los planes de enseñanza con ingredientes políticos y sociales que iban más allá de la mera visión profesionalista.

Ese mundo en cambio -que acentuaría la hondura de las transformaciones con la trágica experiencia de la Primera Guerra Mundial- también se dislocaba con los hallazgos y nuevas teorías de la ciencia, que descolocaban a la Iglesia y, aplicados a la guerra, multiplicaban su poder aniquilador. Pero mientras esto ocurría en el planeta y a la distancia influía en Santa Fe, la provincia y la ciudad continuaban su rápido crecimiento. Baste señalar que entre 1907 y 1930 la población de la ciudad aumentara un 350 por ciento y la alfabetización superara la tasa del 85 por ciento. Por su parte, el puerto de ultramar -que iniciara sus operaciones el primer día hábil de 1911- alcanzó su récord histórico en 1929.

En medio de esas nuevas realidades sesionó la asamblea constituyente de 1921, que alumbró un texto moderno e integrador, suspendido por orden de Hipólito Yrigoyen en base a consideraciones de dimensión nacional. En suma, la convención cumplió su cometido, enervado durante años con vacuos argumentos formales, y El Litoral se enemistó con el gobernador Mosca, que había sido uno de sus promotores, ampliando a partir de ese momento sus contenidos generalistas y sus márgenes de libertad editorial.

Un texto progresista

La ronda de oradores se cerró con la intervención de Oscar Blando, doctor en Derecho y docente universitario, quien enmarcó la Constitución del 21 en el constitucionalismo social de la de México de 1917 y de la República de Weimar, de 1919, y en el ciclo entre ambas guerras mundiales del siglo XX.

Blando puntualizó que los reclamos reformistas de la Constitución de 1900, entonces vigente, tuvieron origen en la Liga del Sur, fundada en 1908 por Lisandro de la Torre. En 1920, durante el gobierno del radical Enrique Mosca ingresaron a la Legislatura dos proyectos de reforma impulsados respectivamente por el radicalismo y la democracia progresista. Constituida la convención y luego de superar trabas de distinto tipo que demoraron su inicio efectivo, los convencionales aprobaron el nuevo texto con un leve deslizamiento temporal respecto de los plazos originariamente establecidos, aspecto formal que serviría de argumento para la suspensión de sus efectos en clara vulneración de la mejor teoría constitucional.

De ese modo, el texto que introducía el concepto de laicidad separaba el Estado de la Iglesia, garantizaba la libertad de cultos, habilitaba los derechos de las mujeres y los extranjeros en el ámbito municipal, encuadraba los procedimientos de detención policial y abolía el secreto del sumario y la incomunicación de los detenidos, y aumentaba el poder del Estado como generador de políticas públicas en los terrenos económico y social, quedó suspendido hasta 1932, cuando fue activado por Luciano Molinas, cuyas cualidades de gobernante fueron exaltadas por Blando.

Artículo publicado en el diario El Litoral el día 09 de mayo de 2014.

 

La Boleta Única en Santa Fe: una experiencia exitosa y una opción nacional

 

1 - La Boleta Única (B.U.) es un sistema de votación que garantiza una oferta electoral completa y por tanto el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones, asegurando equidad entre los competidores. La B.U. otorga transparencia a los procesos electorales y fortalece el voto popular. Impide la concreción de “picardías” y trampas electorales: al ser el Estado quien tiene la responsabilidad de diseñar, imprimir y distribuir las boletas en lugar de los partidos, reduce la posibilidad de fraudes electorales, termina con el negocio de la impresión de boletas y acaba con la práctica de robar u ocultar boletas en el cuarto oscuro, ya que será el presidente de mesa el encargado de entregar una boleta a cada elector. Se garantiza así al votante autonomía: encontrará todas las opciones garantizando el derecho igualitario a elegir y ser elegido.

La B.U. ataca prácticas clientelares ya que no se pueden utilizar las boletas para el intercambio de favores por votos, como el “voto cadena” (se suprimen los sobres) y elimina la posibilidad de distribuir boletas falsas o adulteradas de los adversarios para perjudicarlos. Evita la llamada “lista sábana horizontal” y los candidatos a diputados y concejales ya no serán elegidos por “colgarse” de una candidatura conocida para gobernador o intendente, sino que lo serán a partir de la decisión autónoma de los votantes.

La boleta única es el instrumento de votación más usado en las democracias del mundo. Lo extraño no es que utilicemos la boleta única en Santa Fe, lo extraño es que todavía votemos con las boletas partidarias en el país[1]: en América latina sólo Argentina y Uruguay utilizan la boleta partidarias y el 80% de los países en el mundo usan la boleta por categoría y no por partidos (con alternativas en los diseños de boletas), habiendo sido adoptada por Estados con alto y bajo grado de desarrollo político, social y cultural.

 

2.- En Santa Fe se aprobó mediante la Ley Provincial Nro. 13156[2] el sistema de Boleta Única y Unificación del Padrón Electoral y las experiencias en las elecciones primarias y generales de 2011 y en las de 2013 (municipales y comunales) en simultaneidad con las elecciones legislativas nacionales, han sido exitosas.

 

La Provincia de Santa Fe adoptó el sistema de boleta única por categoría[3]: es decir, hay tantas boletas como categoría de cargos a elegir. En este caso, la boleta única supone que todas las opciones electorales en cada categoría de cargos a elegir son presentadas a los electores en una única boleta[4].

 

Una de las claves del éxito de la implementación de la B.U. ha sido: a) una amplia difusión pública desde el Gobierno provincial dirigida a los ciudadanos a través de los medios de comunicación (sopt televisivos, mensajes radiales,  instructivos y carteles con gráficos publicados en la prensa, etc), y b) una intensa campaña de capacitación hacia dos sectores principalmente: 1) a autoridades de mesa en forma presencial y virtual, con confección de Manuales instructivos, etc. 2) capacitación ciudadana junto a la Secretaría Electoral, mediante el dictado de Manual Electoral y la implementación de talleres, charlas y cursos a través de la Secretaría de Municipios y Comunas y el Ministerio de Educación donde se capacitaron más de 800.000 jóvenes en cada elección y donde participaron docentes y padres, con un simulacro de elección con boleta única (con próceres como candidatos).

 

De las evaluaciones realizadas y volcada en Informes y textos[5], y tomando exclusivamente tres parámetros, se pueden obtener algunas conclusiones:

 

Asistencia electoral:tanto con la implementación de las P.A.S.O. en Santa Fe en las elecciones de 2007 como con la  B.U. En 2011, no se ha visto resentido el grado de participación ciudadana en las contiendas electorales y se mantuvieron -y en casos, se aumentaron- los niveles históricos. Asì: en las  Elecciones Generales: 2003 (con ley de lemas): hubo un75,86% de participación. Elecciones Generales: 2007: (con PASO): 77,04%; Elecciones Generales: 2011: (con PASO Y B.U.): 74,86%; Elecciones Generales: 2013: (con PASO Y B.U.): 77,94%.

Percepción ciudadana: las evaluaciones realizadas a los ciudadanos demuestran un alto grado de aceptación y confianza en el sistema de votación con B.U. En la encuesta realizada con CIPPEC para las elecciones generales en la Provincia en 2011, sobre 1199 personas interrogadas, el 94, 5% reconoció que el sistema era Muy Bueno/Bueno; el 96% dijo que no tuvo problemas al votar y que el sistema le resultó fácil; el 95% respondió que no necesitó ayuda para votar, el 94% que el proceso de votación fue rápido. Los electores elogiaron: la rapidez, facilidad, claridad, no ausencia de boletas, menor riesgo de fraude, mayor confianza, en ese orden.A su vez, y para las elecciones de 2013 (elecciones municipales y comunales con legisladores nacionales) una encuesta realizada a 600 electores, respondieron: un 72% de los encuestados tuvo acceso a alguna clase de información pública y que esa información provista fue calificada como buena y muy buena en un 92,1%. Sobre la simultaniedad de las elecciones, los votantes respondieron un 92,7% que le resultó fácil o muy fácil votar con los dos sistemas y un 76,9% prefiere la simultaneidad a las elecciones desdobladas, de dos y cuatro jornadas electorales.Un 81,4% de los votantes encuestados dijo que el proceso de votación fue rápido y muy rápido y el 85,2% dijo que las Autoridades de Mesa estaban bastante o muy capacitadas.

Análisis del voto: Tanto en las elecciones de 2011 como en 2013 el voto válido (voto afirmativo y blanco) superó el 94% de los sufragios. El voto nulo en general alcanzó entre un 4 y 5% de los sufragios, teniendo presente que un gran porcentaje de esos votos inválidos (el 60% en 2011 y más del 40% en 2013) se produce por la no realización de marca alguna en el específico casillero del voto en blanco, lo cual supone que es equiparable al voto en blanco en el sistema anterior[6].

Por, fin, en las experiencias con B.U. en Santa Fe se escrutaron las mesas -aún con elecciones simultáneas- en tiempos absolutamente normales y los datos oficiales estaban terminados a la medianoche del día del sufragio.Tampoco se registraron denuncias de ninguna naturaleza, aceptando las ventajas todos los actores político, aún por parte de quienes en su momento, cuestionaron el sistema.

Sería importante trasladar esta experiencia a la Nación y a cada una de las provincias argentinas. Votar con B.U. otorga mayor transparencia y equidad en la competencia electoral, evita la realización de trampas electorales y mejora la calidad institucional de los procesos democráticos.

Artículo publicado en noticiaselectorales.con el día 8 de mayo de 2014