Código de Faltas: avance y continuidad

Una ley es la expresión de conflictos, intereses encontrados, ideologías que influyen y determinan su sanción. Es algo cercano a una síntesis: en términos del constitucionalista Horacio Rosatti, la ley formal "es lo que queda", es algo "residual". Y entre "lo que no queda" están lo debates, las opiniones de los distintos sectores consultados, la oposición parlamentaria, la voz de las minorías, que no constan en la redacción de la ley formal. Vale valorizar el debate público, especialmente antes y no después que una ley sea aprobada.
El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto del nuevo Código de Faltas que hizo suyo el dictamen de la Comisión de Reforma del Plan Estratégico. Sin embargo, algunos integrantes hemos planteado reparos que quedaron en minoría y pretendo aclararlos. En el proyecto hay avances respecto a la legislación en vigencia: se derogan figuras que desde estas mismas columnas hemos criticado: la "ofensa al pudor" y el "travestismo". Propuse suprimir también la "prostitución escandalosa" pero la mayoría creyó conveniente mantenerla, por lo que propicié que por lo menos se incorporase bajo el capítulo relativo a la "tranquilidad pública", esto es, ya no se sanciona la oferta pública de sexo sino las molestias y disturbios y, lo que sí es importante, será un acción de instancia privada o ejercida por el ministerio público.
Propuse, y se admitió, incorporar la sanción a toda forma o acto de discriminación y, entre ellos, los que realizan propietarios o empleados que impiden o restringen el acceso y permanencia a los "lugares privados destinados al uso público" (bares, cines, hoteles, etc.), sanción agravada en caso que dichos actos sean realizados por funcionarios públicos. Es decir, se sanciona el llamado “derecho de admisión” con fines discriminatorios.
En el nuevo proceso contravencional se ha eliminado la incomunicación del contraventor y el secreto de la "investigación preparatoria" y en cuanto al lugar de detención del infractor deberá estar acorde a los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos: cuando el arresto no cumpla esas condiciones deviene "automáticamente en inconstitucional e inejecutable" y el funcionario que lo ordenase será pasible de las sanciones del Código Penal.
Un papel importante es el rol de la policía que a mi juicio no ha quedado claro y es clave para que podamos decir que hay un cambio y no "gatopardismo": según el nuevo proceso la policía debiera dejar de realizar la investigación quedando en manos del ministerio público; sin embargo, la redacción actual es, por lo menos, ambigua. En minoría he planteado una fórmula más categórica diciendo que “corresponde al ministerio fiscal llevar adelante la investigación contravencional preparatoria. El fiscal puede delegar excepcional y fundadamente la misma a la policía previa proposición de las diligencias de pruebas a realizar e indicando el hecho a atribuir al contraventor". La Legislatura puede clarificar este tema y modificar el papel de la policía que ha engendrado tantos abusos, arbitrariedades y hechos de corrupción.
Respecto a las manifestaciones públicas del gobierno sobre que el proyecto ahora sanciona+ la "obstrucción del espacio público" (los piquetes) en una especie de definición de "empate" ideológico, es una interpretación que corre por su cuenta: en realidad, la redacción actual es la fusión modificada de dos artículos ya existentes en el Código actual (obstrucción maliciosa _término ahora eliminado_ del tránsito, art. 66 y reuniones y manifestaciones sin previo aviso, art. 68). Es más, la reforma propuesta agrega que "el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención", por lo que será un juez quien deba interpretar la ley, en donde, reitero, no ha habido innovación y no se conocen demasiados antecedentes jurisprudenciales de los jueces de faltas que hayan echado mano a ella con fines sancionatorios.
Otras críticas parten de que el proyecto propone mantener la cuantía de las sanciones actuales, que a mi juicio y aunque sea en forma alternativa, tienen en el "arresto" como la "pena" principal. Nos opusimos: aquí se sancionan contravenciones y no delitos ya que para eso está el Código Penal. El "arresto" debiera dejar de ser la sanción principal y generalizada, dejándola solamente para casos de gravedad suficiente por su grado de violencia o porque implique riesgo a la integridad física de las personas. La privación de la libertad debe ser el último recurso y no el primero. Deben privilegiarse otras posibilidades como el trabajo de utilidad pública, el apercibimiento, la inhabilitación, etcétera. El Código de Faltas debe velar por la convivencia ciudadana y debe intentar consagrar un sistema de resolución de conflictos esencialmente basado en soluciones reparadoras por sobre las punitivas.
He planteado también mis disidencias sosteniendo que de acuerdo a principios legales y constitucionales no puede haber "prisión por deudas" (se puede privar de la libertad a quien no paga una multa) y he postulado la eliminación de la figura del "ebrio habitual" y la mendicidad (dejando sólo la sanción para la inducción a mendigar a menores): en una provincia en donde la pobreza afecta al 28,6 por ciento de la población (índice del Indec) se sigue proponiendo criminalizar la pobreza disfrazada de "molestias" a automovilistas...
También he propuesto en minoría la derogación de la figura que faculta a los funcionarios públicos (la policía) requerir a las personas que suministren datos relativos a su identidad, antecedentes, dado que dicha exigencia es inconstitucional: es un símil de esa figura que desde siempre atacamos: la detención por averiguación de antecedentes que aún sigue vigente en Santa Fe.
Los legisladores provinciales tienen la oportunidad de profundizar un cambio acorde a las modernas legislaciones, modificando el proyecto del Ejecutivo en sus aspectos negativos, porque la legislación contravencional no es un tema de "menor cuantía": como ha dicho Eugenio Zaffaroni, debido a las escasas garantías que suelen rodearla, "es un campo propicio para la arbitrariedad, los apremios ilegales y la afectación de la dignidad humana; dada estas características, resulta un formidable instrumento de control social, que tiene incluso más importancia práctica que el Código Penal, puesto que penetra en ámbitos en los que aquel no puede (la creación artística, la crítica social, religiosa, de reunión); la legislación contravencional aplicada en forma arbitraria, es una de las vías más efectivas por las que la reacción penal puede condicionar carreras criminales y estigmatizar socialmente a las personas".

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 22/05/2007)

En defensa de la política

No hay dudas: el disconformismo ciudadano con la política tiene su sustento en la crítica visión sobre el comportamiento de sus principales actores: los dirigentes políticos.

Existen fundamentos: las insuficientes gestiones de los gobiernos, el incumplimiento de los mandatos electorales, las denuncias –y la impunidad- sobre hechos de corrupción, el doble discurso. Hay más: en épocas del proyecto desideologizador neoliberal –cuyas secuelas aún percibimos- se sentaron las bases del pragmatismo ético: se consagró el “todo vale” y era exitoso el slogan que justificaba al gobernante que “roba pero hace”. Y predominó la claudicación, la renuncia y así, la política tuvo un discurso nada épico: “no hay alternativas” sólo “hay que adaptarse a la globalización”. La política sin estado (o mejor, con estado cómplice) se volvió impotente frente a los mercados: ganaron los tecnócratas, adalides de la antipolítica y reinaron los “expertos” que convencieron a muchos –aún hoy-que el problema ante la crisis, se resuelve “gestionando” y no gobernando para transformar la realidad y que la pobreza y la exclusión que vino de la “mano invisible”, se soluciona con “puños de hierro”.

La crisis de 2001 trajo consigo –paradójicamente- en muchos dirigentes una actitud conservadora: antes de ser arrastrados por la repulsa social adoptaron la “política kitsch”: encuestas en mano miden el humor de la “gente” prefiriendo “ir a lo seguro” y limitarse a enunciar y proponer aquello que se considera aceptable-porque-ya-aceptado en vez de contribuir a la renovación democrática con nuevos valores, ideas y estilos políticos.

Pero digámoslo también: los políticos no son una “clase” que viene de un planeta distinto al nuestro: son parte de la sociedad y como tal, debemos hacernos cargo. No creo que seamos como se ha dicho, “un país de millones de ciudadanos cultos, honestos e inteligentes usurpados por una clase política rapaz y corrupta, argumento que podrá ser todo lo autoconsolador que se quiera pero es peligroso y falso”:  1) Peligroso, porque el discurso de la antipolítica, (aunque a veces se recicle en discursos de “nueva política”) esto es, la desacreditación generalizada de “los políticos”, de los partidos y de los órganos deliberativos, ha tenido en nuestro país una clara orientación autoritaria, predecesora de tentativas conspirativas o intentos hegemónicos: desde Leopoldo Lugones en 1.924 pasando por militares que se tiznaron el rostro hasta gobiernos de variada estirpe, en todo los casos, sus prédicas no plantearon mejorar la democracia sino suprimirla, presentarla como inviable o vaciarla de contenido. 2) Falso, porque muchos de esos críticos no son ajenos ni son las víctimas de la situación política, económica y social en la que nos encontramos. Por el contrario, han sido -y son- protagonistas fundamentales y en gran medida responsables de lo que nos pasa: son los mismos incendiarios disfrazados de bomberos.

Hay que revalorizar la política porque no hay democracia sin política. Lo que sí se necesita es un cambio de ideas, una renovación de propuestas, un ensanchamiento de los espacios de participación de los actores políticos en la toma de decisiones. Una de las formas del cambio en este escenario es recuperar el sentido de lo público... y recuperarlo en una país cargado de viejos y nuevos autoritarismos, individualismo, exclusión y anomia, no es poca cosa. Y esto incluye recuperar también el debate público.......la democracia no es monólogo, es diálogo, confrontación de ideas y de proyectos en una dialéctica de consensos y disensos. Como decía Castoriadis: el problema de esta sociedad es que dejó de interrogarse...Es saludable, renovador (y democrático) que el mayor número se involucre en la decisiones de lo colectivo: uno de los peores legados del neoliberalismo fue la privatización del debate público y haber hecho creer que la cosa común puede resolverse con decisiones individuales y recursos privados.

La aparición de la Dra. Griselda Tessio en la política santafesina, más allá de especulaciones electorales o preferencias partidarias, mejora sin dudas, la calidad del debate público y por tanto, eleva cualitativamente el discurso democrático.

Tessio no ha disimulado sus posturas ideológicas, ni ha llegado blandiendo la demagógica “vulgata antipolítica” heredera del qualunquismo europeo y vernáculo: a reivindicado la política como instrumento de cambio y transformación social. Tessio no llega a la política de la mano del cupo femenino, aunque no sea un demérito, pero muchas veces este mecanismo ha sido utilizado para cumplir un requisito legal. Ha sido propuesta por méritos propios, antecedentes y trayectoria y alcanzará la función gubernativa si la voluntad popular así lo decide. Ha renunciado a un cargo en un país en el que -sin especulaciones- pocos renuncian, y menos a cargos rentados y que gozan de inamovilidad.

El campo de lo jurídico y el de lo político son espacios diferentes pero no excluyentes. El discurso jurídico de los derechos humanos debe transformarse, renovado en sus contenidos y prácticas, en acción política para intentar que en la díada poder-derechos humanos la relación se incline a favor de éstos y para que de una democracia electoral pasemos a una democracia de ciudadanía: el grado de desarrollo de una democracia está esencialmente vinculado con el nivel de vigencia de los derechos ciudadanos y esta tarea está inconclusa y requiere el compromiso del mayor número.

La justicia pudo haber perdido una funcionaria de admitida valía, pero la política ha ganado una mujer con compromisos éticos y convicciones que, como todos, deberá sostener y revalidar con sus actos. Ha renunciado a un lugar –de aparente- “comodidad” profesional para ingresar a un espacio mucho más beligerante, menos reconocido y a veces ingrato como es el de la política. Diría en palabras de Hanna Arendt: “la humanidad no se adquiere nunca en soledad... sólo puede alcanzarla quien expone su vida y su persona a los “riesgos de la vida pública”.

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 24/03/2007)

Dedicado a Ruben Naranjo

 Palabras pronunciadas en nombre de la “Fundación Rubén Naranjo”, el jueves 9 de noviembre de 2006 en la inauguración de la muestra en el Museo Juan B. Castagnino y que rinde homenaje a este militante de los derechos humanos y protagonista de la cultura de Rosario

En uno de los últimos libros del escritor Héctor Tizón, “No es posible callar”, el autor cuenta que un amigo, también poeta, refiriéndose “al paisaje y al arte de ir muriendo...” le dice que “los lugares son personas, sólo que viven más...”...

Por eso, familiares y amigos reunidos, pensamos que era necesario que Rubén Naranjo tuviera un lugar, un lugar permanente, donde pudiera seguir viviendo...

Y pensamos que ese lugar -como seguramente habrá otros- podía ser la “Fundación Rubén Naranjo”, cuyo objetivo principal fuera la difusión, promoción y proyección de los temas a los que dedicara su vida: la cultura, la educación y  los derechos humanos.

Están en este grupo original, sus familiares a través de Marina Naranjo; entrañables y viejos amigos de Rubén de toda la vida como Olguita Baroni, Oscar Defante, Gilberto Krass; amigos no tan “antiguos”, pero con una amistad no menos entrañable e intensa, como Daniel Luna, Francisco Besone, a cuyo programa radial, “El ruido de la nueces”, Rubén quiso participar hasta sus últimos días... Pero también quisimos que, como “miembros de honor” estén presentes hombres y mujeres que bien representan esos “lugares” que Rubén participaba en forma militante: la plaza con las Madres y Abuelas, ese espacio de “dignidad absoluta” como le llamaba, y por ello, convocamos a Darwinia Gallichio, Nelma Jalil, Marta Fernández; a Raúl Frutos en representación de la Asamblea de socios Recuperación de su querida Biblioteca Vigil; sus compañeros de ruta y de viejas luchas, Iván Hernández Larguía y Angel Seggiaro con quien compartió su militancia en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Amilcar Tamburri por la Asociación Chicos, ese lugar donde Rubén confesó: “solo me servía estar con ellos”...

Rubén Naranjo vivió en tiempos muy difíciles y a veces crueles, de luchas, y también de desmemorias y genuflexión, pero por sobre todos, Rubén, que nunca se resignó a sentirse “desteñido por el semitono de los demás”, sobresalió por algunas cualidades y valores que desde la Fundación queremos rescatar y preservar: la fidelidad a sus convicciones, su intransigencia ante lo injusto, y por sobre todo, su conducta y coherencia sin bisagras...

Por ello puedo decir que Rubén fue un hombre rebelde con el sentido que le dió Albert Camus: “un hombre que dice no...”, un “no” que se niega, pero no renuncia, sino que por el contrario, afirma una frontera, establece un límite...

Rubén fue un militante de la vida y nada de ella le era ajeno. Tal vez por eso fue un verdadero maestro... y por ello, entre muchas cosas, estudió y difundió la vida del “maestro de la humanidad”, Janusz Korczak, aquel que acompañó a sus alumnos hasta el lugar de la máxima vergüenza: los campos de exterminio.

Cuando Rubén estaba con los chicos en la Casa que supo conseguirles, como buen maestro decía: “No doy ninguna clase teórica. Nunca expliqué nada, Los motivo... Llego a preguntarles dónde estuviste este fin de semana...”. Y confieso que cuando leía estas frases reproducidas en el programa de esta muestra, recordé a don Gregorio, el viejo maestro republicano español del cuento de Manuel Rivas “La lengua de las mariposas”, obra llevada luego al cine, y cuyo papel de maestro con fama de ogro, interpretara inolvidablemente Fernando Fernán Gómez. Y él, como Rubén, no daba cátedra: como diría el pequeño Moncho (Gorrión): “nunca vi la lengua de las mariposas pero sí oí el lenguaje del aquel hombre: un soñador, un símbolo, una idea, uno maestro...”. Y recuerdo aquella maravillosa escena ubicada históricamente unos meses antes de la Guerra Civil española, cuando Moncho le preguntaba al maestro sobre la existencia de la muerte y, como Rubén, el viejo maestro, primero preguntaba: “¿Y en su casa que dicen”?, sabiendo que la madre era una confesa católica y el padre un ateo republicano, para luego requerirle, “¿Y usted qué piensa”?... Y después de permitirle explorar sus propias respuestas, su historia y su propia individualidad, muy luego, daba su opinión. Como una respuesta más, no como la única respuesta.

Es que como el viejo maestro gallego, Rubén -como las Cossettini y Rosita Ziperovich- sabía que es más difícil enseñar que aprender...porque “enseñar significa dejar aprender”... enseñar a pensar por sí mismo, a re-pensar lo pensado, a saber lo sabido, a vivir, a soñar, como dice, Carina Rattero, una especial manera de abrazar la vida y donar el tiempo... Rubén, que va, supo donar ese tiempo, el que necesitaban los chicos que él cobijó y que para deshonor, pueblan nuestras calles.

Y la pregunta es ¿”cómo recuperar la inocencia”, después del holocausto, de tantas guerras crueles actuales y pasadas, como la civil española o como el atroz genocidio argentino...?. Y la repuesta tal vez sea, volver la mirada a los viejos maestros: a Korczak, a Don Gregorio, el republicano español y a Rubén...    

La Editorial Biblioteca de la Vigil entre muchos libros publicó las “Obras Completas” de José Pedroni. El santafesino en su último poema del año 1967, titulado “La bicicleta con alas”, decía:

La bicicleta un día va volar.

La bicicleta de todos, ya van a ver.

Le están creciendo alas.

Son de verdad....

La bicicleta tendrá un solo nombre: Libertad...

Nuestra Fundación lleva el nombre de ese ciudadano ilustre que merecidamente la ciudad distinguió sobre el final de su vida y que Rubén, casi pidiendo disculpas, aceptó.... Rubén Naranjo, un hombre enamorado de la vida y la libertad... un maestro, que sin darnos ninguna clase teórica, nos enseñó a todos, que es posible volar...

(el artículo fué publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 25/11/2006)

El derecho de admisión y la discriminación

En el restaurante de un hotel de Venado Tuerto donde cenaba una rosarina un niño ingresó para pedirle una limosna. El menor recibió unas monedas y luego salió para reunirse con otro chico, que lo aguardaba afuera. La huésped se compadeció de la situación de los menores y los invitó a compartir su mesa. No le pareció buena idea a los encargados del comedor, que invitaron a los niños a retirarse del lugar. Orden que acataron obedientes. Pero la odisea para la rosarina no terminaría allí. Al día siguiente, cuando se levantó, conoció el precio que debe pagarse por defender a niños carenciados. Durante el desayuno se enteró de que había sido echada del hospedaje: “Habían preparado mi liquidación y la de la gente que estaba conmigo, perteneciente a la empresa, y nos dijeron que no podíamos permanecer más en el hotel”. (Crónica del Diario “El Ciudadano & la Región”, 20/5/05).

El local: esquina de Córdoba y Maipú, en la ciudad de Rosario. Como tantos otros pibes deambula por los bares de la ciudad tratando de conseguir unas monedas. Algunos estiman que su edad no superaba los diez años. Desde una mesa lo invitaron a comer pero el dueño lo obligó a irse. Los comensales le preguntaron al dueño del local porqué razón no podía sentarse a almorzar si ellos iban a pagar lo que él consumiera. "Porque yo no quiero", respondió y le enseñó la puerta al chico.  (Crónica del Diario, “Rosario 12”, 9/6/06).

En Rosario, en Venado Tuerto o en cualquier ciudad del país, de vez en cuando resurge el llamado “derecho de admisión” de los propietarios que en definitiva es el nombre que adopta una de las formas de la discriminación. Y discrimina quien restringe o impide el ejercicio y goce de los derechos y libertades en condiciones de igualdad por razones tan variadas como la posición económica, los aspectos físicos, el sexo, la raza o la religión.

Los supuestos “derechos” de los dueños de confiterías bailables, bares, restaurantes, etc. de impedir el acceso a determinadas personas no tiene basamento jurídico alguno: es más, contravienen desde la Constitución argentina, las leyes de fondo (ley 23592) hasta las ordenanzas municipales vigentes en Rosario (desde la Ordenanza 4884/90, hasta la reciente 7946/06 que modifica la 6321/96) que sanciona hasta con la clausura de locales.

La Convención Internacional sobre la “Eliminación de todas las formas de Discriminación racial” incorporada al texto constitucional después de 1994 dice que discrimina quien impida a toda persona “el derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques” (art. 5to., f).

Es evidente: el “derecho de admisión” viola la Constitución Nacional. Pero para ser más claros, diría que hay tres planos de análisis: 1) el espacio “público”; 2) el espacio “privado”; 3) el espacio “privado destinado al uso público”. No hay duda que en todo sitio privado el propietario puede impedir el acceso a quien se le ocurra porque la propiedad y el domicilio son inviolables: es más, sólo mediante ley se podrá determinar en qué casos se procederá a su allanamiento y ocupación (art. 17 y 18 C.N.). Tampoco parece haber discusión que en los lugares públicos, (plazas, calles) todos los habitantes tienen igual derecho a su uso y goce sin restricciones. Pero en referencia al espacio “privado destinado al uso público” (restaurantes, discotecas, hoteles, cines), es decir, de sitios particulares pero dedicados al acceso del público, parece que las cosas se confunden. No debiera ser así: es claro que un bar o una discoteca es propiedad de sus dueños, pero están proponiendo un actividad pública y sujeto a reglas y normas también públicas: seguridad, higiene, medio ambiente. Tampoco es aceptable el remanido argumento justificatorio de los propietarios que “seleccionando” evitan el acceso a quienes están “ebrios” o puedan causar “disturbios”: para eso, -y para bien o para mal- tienen el Código de Faltas.

No existe derecho de “selección” ni de “admisión”, existe delito de discriminación. Más aún, cuando se trata de un niño. El estado debe protegerlo contra toda forma de discriminación (art. 2.2. de la Convención de los Derechos del Niño) y contra los discriminadores. Porque no somos un “crisol de razas” y son muchos a esta altura los que creen que estos “niños oscuritos no huelen bien y entorpecen la contemplación del paisaje”... No basta con la individual actitud de no sentirnos culpables porque “nosotros” no discriminamos, se trata de obligar e impedir que otros lo hagan, sabiendo, que, como se ha dicho, lo esencial para diplomarse en racismo es siempre la oportunidad...

(artículo publicado en "Rosario 12", suplemento de "Página 12" el 11/07/2006)

y en "Reflexiones Políticas y Sociales"

La independencia de los jueces

¿Quién debe elegir a los jueces? La respuesta siempre es inquietante y de inacabada discusión. Simplificando, existen: a) las designaciones "políticas" (reclutan los órganos políticos, la Constitución argentina antes del 94) y b) las llamadas designaciones "profesionalizadas" donde intervienen fuertemente órganos como la "escuela judicial" y sistemas de evaluación que excluyen a los centros de poder político.
Ambos sistemas en sentido "puro" cayeron en descrédito. El "político", por la manipulación político partidista y discrecional de designación que caracterizó al "modelo empírico-primitivo" en la que los Ejecutivos intentaron centralizar y aumentar el poder de las cúpulas judiciales (para controlarlas mejor) en un proceso de domesticación que produjo, precisamente, cúpulas jerárquicamente fuertes y políticamente débiles (Zaffaroni, E. "Estructuras judiciales", 1994). Y el sistema "profesionalizado" recibió las críticas por su tendencia a la corporativización, favoreciendo "aristocracias" y "familias judiciales" y alentando la promoción de un juez "aséptico" y "desideologizado": de acuerdo a esta concepción el juez será "apolítico" si resuelve según pautas tradicionales, repetitivas y respetuosas de las "jerarquías" superiores, y cuando se "aparta" de esos criterios o da entrada críticamente a la realidad con formulaciones novedosas y democráticas será tachado de un juez "poco técnico, ideologizado y político". El asunto más o menos valorativo del apoliticismo del juez es en realidad un postulado "ideológico" detrás del cual se contrabandea determinada política de justicia (Bergalli, R.).
Lo grave del largo proceso institucional argentino es que adoptó lo peor de ambos sistemas y la consecuencia -porque de esto se trata- fue la pérdida de independencia del juez en un doble sentido: falta de independencia "externa" al deber soportar las injerencias no sólo políticas sino de los poderes fácticos (Iglesia, por ejemplo), y falta de independencia "interna" que se manifiesta en la fuerza que los tribunales superiores ejercen para revisar las sentencias que no reflejan "adhesión" a los criterios jerárquicos.
No es bueno confundir la cualidad política que supone el ejercicio de la función jurisdiccional que emana de un órgano del Estado con la "partidización" del juez: sería impropio suponer que una decisión es política cuando la toma el Ejecutivo y el Legislativo, y que no lo es en cambio la que decide no aplicarla. Por otro lado, los jueces no deberían dejar de resolver ante el reparo de que el contenido de su pronunciamiento sea político, porque hacerlo no le transfiere tal condición militante, del mismo modo que al sentenciar sobre derechos artísticos no se transforma en poeta (Boffi Boggero, L.M.).

La reforma que se viene
Se podrá discutir a fondo sobre las bondades de los sistemas de designación y remoción de jueces con preponderancia política o profesional, pero la Constituyente de 1994 ha saldado en esta instancia ese debate: ha elegido la llamada fórmula mixta incorporando el Consejo de Magistratura. Esto no tiene discusión y el mandato de la Constituyente debe ser respetado. Es cierto, su pecado fue que estructuró un consejo "inconcluso", porque creó categorías de integrantes, pero derivó a una ley reglamentaria la forma de esa integración y nominación, y el número de los mismos. Sin embargo, en su artículo 114 estableció una pauta muy precisa: procurar "el equilibrio" entre la representación de los órganos políticos, de los jueces, de los abogados, así como del ámbito científico y académico.
El proyecto de ley actualmente en el Congreso que intenta reducir de 20 a 13 miembros la composición del organismo, dando una preponderante participación al sector político, violenta ese equilibrio que supone la no superioridad de uno sobre otro. Sin perjuicio de las críticas que puedan hacerse al funcionamiento del Consejo, toda reforma debe intentar corregir y perfeccionar la institución, cuestión que, sostenemos, no se logrará aumentando la influencia política sobre el mismo.
La representación política actual (9 de 20) representa el 45% de sus miembros y con la reforma propuesta (7 de 13) pasa a tener más del 53%. Mientras que ahora en la composición del Consejo los abogados tienen un peso preferente en la Comisión de Selección de Jueces, la nueva ley deja en claro que los letrados no tendrán allí asiento alguno (igual que en la Escuela Judicial) y tan sólo un escaño en la Comisión de Acusación. Sí tendrán más peso relativo y participación en ambas comisiones los legisladores y el representante del Poder Ejecutivo. En fin, el poder político de hecho elimina la representación de las minorías y tendrá hegemonía para administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, designar y remover jueces, reasumiendo facultades que fueron expresamente limitadas por la reforma de la Constitución nacional de 1994.
Pero además de la lesión constitucional vale la pena reparar en esto: en los sistemas en donde el Consejo de Magistratura tiene asignada la competencia de designar a los jueces, la presencia de los representantes políticos, concretamente del Poder Ejecutivo, es significativa y se diría hasta indispensable. En cambio, en los supuestos donde el Consejo sólo selecciona entre un universo de candidatos con el propósito de proponerlos al Poder Ejecutivo -en terna, como es el nuestro- para que el Senado luego apruebe la recomendación del gobierno, la presencia de la representación política, y concretamente del Ejecutivo, debe ser reducida y podría ser hasta "prescindente". Esta tesis contundente que comparto y que espero ahora no renuncie a ella, fue esgrimida por el actual diputado Rafael Bielsa (junto a Luis F. Lozano, en La Ley, Sec. Doctrina, T. 1994-B).
El Consejo de Magistratura no elimina la elección "política" emanada de la representación popular: los oficialismos mayoritarios siguen designando con acuerdo del Senado a los jueces federales. ¿Para qué entonces se empeñan también en tener mayoría en su selección? ¿Por qué borrar con el codo aquella sana restricción presidencial surgida al inicio de su gestión respecto al proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema?
Precisamente, uno de los nuevos integrantes de ese Tribunal, Eugenio R. Zaffaroni, ha dicho que "la independencia en la designación y promoción de los jueces debe estar garantizada eliminando en la mayor medida posible la injerencia del Poder Ejecutivo: es requisito indispensable para establecer cierto equilibrio entre los controles estatales, que son de la esencia del republicanismo y de la materialidad del estado de derecho".
Claro, si no se está convencido en la necesidad de la independencia de los jueces y de poner controles a los posibles abusos del poder -de todo poder-, de nada habrá valido la incorporación de ingeniosas y más o menos modernas instituciones judiciales, porque como se ha dicho, no existe remedio legal contra el nombramiento de jueces adictos, ni contra la jurisprudencia obsecuente ni contra decisiones que no respetan la tradición democrática.

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 23/12/2005)

Autonomía municipal: ¿quemar las naves?

Cuando Hernán Cortés resolvió marchar sobre México y extender los dominios hispánicos, alguno de sus hombres se opusieron por el peligro que tal empresa significaba. Entonces Cortés tomó una decisión que, como se ha dicho y más allá del personaje, la historia convertiría en metáfora de los actos irreversibles: ordenó "quemar las naves" impidiendo cualquier marcha atrás de alguno de sus hombres.
Como metáfora esta referencia histórica puede aplicarse a la decisión sobre la que no cabe volver atrás en torno al status jurídico de los municipios: la Asamblea Constituyente de 1994 aseguró la autonomía municipal sepultando históricas disputas doctrinarias y jurisprudenciales entre los "administrativistas" (partidarios de la autarquía municipal) y los "autonomistas".
Sin embargo, esta decisión jurídico-política "irreversible" puede esconder una visión excesivamente "optimista", por ejemplo si pensamos en Santa Fe: es más bien un punto de partida más que de llegada. Quiero trazar algunas líneas sobre los desafíos y obstáculos que plantea el tema.
El fenómeno de la "revalorización de lo local" es a escala global. La globalización supone un juego de fuerzas centrípetas que tienden a aglutinar y acumular actividad central y fuerzas centrífugas que promueven la autonomía y la descentralización. La importancia de "lo local" en este proceso se refuerza por la disgregación que sufre el poder unívoco del Estado-nación.
Pero fenómenos como la descentralización puede significar fortalecer lo local en lo institucional, económico, con mejora de la calidad ciudadana o, por el contrario, puede reproducir a escala local la dinámica de incluidos y excluidos que se observa a nivel social.
El municipio aparece como el lugar donde se hacen "visibles" la fragmentación social, la crisis de representación y la falta de recursos pese a estar obligados a dar respuestas. El gobierno local suele ser el escenario receptor de las protestas ciudadanas: se descentralizan las funciones y también se descentraliza el conflicto (D. García Delgado).
Además, la descentralización no siempre se propicia como una forma de democratización del poder, sino como estrategia frente a la crisis. Esto ocurrió en los 90: la cesión de competencias a provincias y municipios estuvieron vinculadas a la crisis fiscal del Estado, a distribuir los costos del ajuste y, en definitiva, a encargarse de la nueva "cuestión social".
El Informe del Desarrollo Humano 2002 advierte que hubo descentralización sin financiamiento y sin niveles de coordinación. El ejemplo, la transferencia de los servicios educativos a las provincias (e incluso el intento de municipalizarlos). Más que descentralización hubo desatención, delegación de responsabilidades, en definitiva, achicamiento de la educación pública.
El debate hoy debe darse en torno a los grados y finalidades de la autonomía. El artículo 123º de la Constitución nacional ha reenviado a cada provincia para que establezca alcances y límites de esa autonomía en lo institucional, político, administrativo, económico y financiero. La autonomía supone distribución de competencias, por eso estas deben derivar de la Constitución y no de la ley siempre sujeta a los vaivenes políticos circunstanciales.
Lo que está en juego no es poco: es la orientación democrática de esa autonomía: si la descentralización será entendida como distribución de poder o como distribución de "cargas", si la participación se reducirá a lo instrumental o significará un mecanismo real para la toma de decisiones que permita la profundización de la democracia y la transformación social. Si los municipios deberán gozar de autonomía plena o semiplena, si habrá formas de participación popular más genuinas, si la provincia se arrogará el derecho de imponer formas distorsivas en las leyes electorales (la "provincialización" de las elecciones) que atenten contra la autonomía municipal y la representación política. Si los municipios asumirán mayores funciones sin la posibilidad de obtener los recursos necesarios, en definitiva, cuáles son las atribuciones de las que los municipios ya no pueden ser privados.
La cuestión es política: nadie quiere resignar poder y de esto se trata: de mayor o menor concentración de funciones, de más o menos control en la decisiones.
Santa Fe pareció "quemar la naves" con la Constitución de 1921. El manotazo centralista y autoritario de 1935 lo impidió primero, los intereses en pugna y la falta de voluntad política durante décadas, después. No desaprovechemos esta nueva oportunidad.

(artículo publicado en el diario "La Capital" el 14/09/2005)

Educación sexual: fanatismos e hipocresías

La profesora de literatura interrogaba, severa, a la alumna: "¿Quién ocupaba el centro de la Edad Media? ¡Dios...! ¿Quién ocupaba el centro del Renacimiento? ¡El hombre! Entonces: ¿qué renació en el Renacimiento? ¡El pecado!...".
Tal vez esta anécdota personal contada por la periodista Sandra Russo en uno de sus excelentes artículos exprese en la profesora no sólo una visión unilateral y fanática de la historia sino el origen de las obsesivas resistencias que ciertos temas provocan, como la despenalización del aborto, la unión civil entre personas del mismo sexo, la perspectiva de género y desde luego, la educación sexual en las escuelas.
El discurso fanático a veces se expresa brutal e inaceptable en los labios del vicario castrense Baseotto en su cruzada contra el preservativo y la educación sexual en los colegios -que dicho sea de paso, no ha recibido la debida condena de los fieles-, pero en otras, más sutil, surge y desarrolla como una de las formas de la hipocresía. El debate sobre la despenalización del aborto permite visualizar ambas actitudes: las posturas fanáticas se oponen a esa despenalización y a la vez, y contradictoriamente, también se oponen a la educación sexual en las escuelas. Las miradas sostenidas por la hipocresía asumen el reto con más coherencia: para que haya menos embarazos que terminen en aborto -dicen- "debe haber" educación sexual. Sin embargo, y salvo honrosas excepciones, esa aspiración no ha sido más que una pose: no sólo no aparece la educación sexual sistemáticamente en las escuelas y en los planes de estudios provinciales sino que cada vez que un proyecto desde el Estado se presenta, aquellos sectores que lo "reclaman" -hipocresía mediante- siempre se oponen. Pareciera que la educación sexual no puede ser parte de una política educativa pública, sino reducto privado con una orientación religiosa determinada. Así, los poderes fácticos y la falta de voluntad política se asocian, para "abortar" -valga el término- toda iniciativa. Tal vez, "para preservar a toda costa ese pedazo de Edad Media que cada uno lleva en sí".
En el año 1990 -es decir, se cumplen ya quince- presenté un proyecto de educación sexual para todas las escuelas públicas y privadas de Santa Fe. El destino de ese proyecto y el debate producido estuvo -como lo está hoy- signado por el discurso de la hipocresía.
Nuestra iniciativa sólo tuvo media sanción en Diputados y luego, como correspondía, "caducó" y perdió su estado parlamentario. Pero incluso la modestísima e incompleta vigente ley Nº10.947 del año 1992 que sólo incorpora la temática en las asignaturas Ciencias Biológicas y Sociales y nada más que para lo que por entonces era "primer grado del nivel primario y primer año del nivel secundario", habría que preguntar si se aplica, dónde y cómo. Es decir, nada.
Nuestro proyecto fue tildado por algún sector de "peligroso" y quienes lo impulsábamos, entre otros calificativos, de "ideólogos marxistas" (sic). A su vez, los representantes de la Iglesia hicieron de la crítica causa común: desde el ex arzobispo Storni (hoy vinculado a una causa judicial no precisamente por coherencia con la "moral y las buenas costumbres") hasta el padre Santidrián, quien desde estas mismas columnas sostuvo que pretendíamos "cambiar los valores éticos y morales de nuestra sociedad".
La "peligrosa" iniciativa proponía la incorporación de la temática, que preferimos llamar de la "sexualidad humana", en todos los niveles de la enseñanza y creábamos una comisión especial que, previamente a su implementación, delimitaría objetivos, integraría las temáticas a las currículas (no era una materia aislada), realizaría una tarea de difusión y sensibilización en la comunidad educativa con padres y docentes, bajo la consigna de "educar a los educadores". Esa comisión que podía ser integrada con otros sectores, originariamente estaba compuesta por "peligrosos ideólogos" santafesinos: la doctora Ana María Zeno -sexóloga-, el médico obstetra Walter Barbatto, la psicóloga-terapeuta sexual Mirta Granero, el profesor Mario Romero de Nigris, los sociólogos Hilda Habichayn y Héctor Bonaparte, y el pediatra Adalberto Palazzi. También recibí sugerencias y aportes de los especialistas Carlos Soto Payva y Liliana Pauluzzi.
El tiempo (sin educación sexual) ha pasado pero los problemas han ido creciendo. El sida, los embarazos no deseados, el aumento de la maternidad prematura y la muerte por el aborto inseguro están allí y deben ser combatidos desde distintos lugares: digámoslo con todas las letras: "En nombre de una más que discutible defensa de la moral, ciertos sectores prefieren, porfiadamente, el contagio por ignorancia a que los jóvenes reciban siquiera información sobre el sexo o los preservativos. Es como preferir la muerte antes que una vida supuestamente pecaminosa".
Este no es un problema entre "justos" y "pecadores", es un dilema de vida o muerte. Esta sociedad tolera, hipócritamente, mirando hacia otro lado y sin dar respuestas, miles de abortos (de "católicos" y "ateos") que se hacen pese a su "prohibición", y lo que es peor, tolera en silencio que las profundas desigualdades sociales aumenten el número de víctimas. Las despenalización del aborto es improbable que haga aumentar el número de abortos, lo que es seguro hará disminuir el número de muertes. Como también lo hace disminuir la prevención a través de programas como los de salud reproductiva o de procreación responsable, que deben ser en todo caso, mejorados, reforzados y no suprimidos, y que entre otras cosas, tienden a garantizar para todos, el "derecho a la anticoncepción".
¿Y la escuela...? La escuela tiene mucho por hacer en este tema: creemos que la sexualidad es una dimensión educable del alumno que incluso no debe circunscribirse a una simple información sobre el aparato reproductor, la anatomía y la fisiología del cuerpo. Se nace varón o mujer, pero la masculinidad y la femineidad se aprenden, a través de vínculos que unen a los niños con los adultos. Reconocemos el papel fundamental de los padres en la educación sexual porque allí están los modelos de identificación más tempranos y perdurables, pero estamos convencidos de que la escuela tiene mucho por decir, más allá de tabúes y prejuicios.
La escuela y los docentes son recipiendarios de los problemas e interrogantes que los chicos y adolescentes traen al aula sobre la temática de la sexualidad y éstos no deben ocultarse, callarse ni censurarse: la vida no puede dejar de entrar a la escuela... Hay que asumir la realidad de enfrentar una educación sexual del silencio, con poca información y mucha tergiversación: porque una sociedad educa sexualmente aun cuando oculte información, brinde datos falsos u omita hablar de sexualidad. La desinformación o la información distorsionada, el ocultamiento, la reducción de la sexualidad a un uso mecánico del aparato genital, son algunos de los aspectos de la "mala educación" que imparte nuestra sociedad. Esto empobrece el ejercicio de la sexualidad y restringe las posibilidades de una comunicación más plena entre las personas (H. Habichayn).
Para los que hoy se siguen oponiendo a que a sus chicos se les hable de educación sexual, como se ha dicho, el sexo debe seguir su ruta de falso silencio en aulas, livings, sobremesas, sacristías o cuartos coquetos de quinceañeras: es un residuo de aquella síntesis que habilitaba solamente la sexualidad reproductora y teñía todo lo que quedara en sus arrabales con la sospechas del mal.
Sin embargo, creo que estamos aprendiendo a desprendernos de la vinculación entre el sexo y el mal y estamos asociando, maduramente, al sexo con el amor y desde luego y aunque se lo niegue, con el placer. El debate sobre la sexualidad en las escuelas está instalado y estamos en condiciones de superar el falso silencio y la prédica de los fanatismos, aislando la hipocresía. Estamos "zafando del repollo, desprendiéndonos de los brazos de la cigüeña. Estamos sexuándonos socialmente". Que así sea.

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 04/03/2005)