Alfonsín y el aborto: Cuando impidió incorporar una cláusula antiaborto en la Constitución.

Con grupo de docentes y alumnos llegamos al Rectorado de la UNL donde funcionaba la Convención reformadora de 1994 en Santa Fe. Alfonsín nos concedió una entrevista y estaba serenamente complacido. Él no era pro abortista, pero nos contó, satisfecho, que habían conseguido impedir que se incorporara una cláusula anti aborto en la Constitución. Creía que no era una cuestión para inscribirla y cerrarla en la Carta Magna en ese momento y a las apuradas, sino un tema de debate democrático a futuro. Una vez más, Alfonsín me impactaba como político y estadista.

Nadie me lo contó. Lo ví y lo escuché y así ocurrió.

Menem y su Ministro de Justicia Rodolfo Barra y a instancia de la Iglesia, con lobbys del golpista Aldo Rico, quisieron introducir a último momento y sin consenso, una cláusula antiaborto que establecía expresamente la “protección de la vida desde la concepción”.

Ante ello Alfonsín hizo saber expresamente al peronismo que si insistían con ese propuesta él y su bloque abandonarían la Convención y la reforma se caería. Menem no llegaría a tanto: su objetivo era la reelección.

Ante ello admitieron la propuesta de Alfonsín: propuso incorporar un texto dentro del art. 75, inc 23 (atribuciones del Congreso) y como parte de la legislación sobre “seguridad social”, la “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

Con esta propuesta Alfonsín impedía una cláusula antiaborto en la Constitución que clausuraría cualquier debate posterior, la diluía dentro del régimen de seguridad social y como él dijo en la Convención, dejaba el tema a una futura discusión legal abierta que, “podía ser votada tanto en Suecia donde se practica el aborto con en Irlanda que la prohíbe”.

A horas de un debate fundamental, el de la interrupción voluntaria del embarazo, una vez más, es justo decir: Gracias Dr. Alfonsín!!!! Sin sin su férrea postura hace 26 años, este debate de hoy no se estaría dando.

IVE, ESI: SON MIS PROYECTOS, ESTÚPIDOS.

Algunos no se manifiestan a favor expresamente o condicionan el apoyo al proyecto sobre el aborto porque si se convierte en ley, entienden, teóricamente “beneficiará” o capitalizará el Gobierno Nacional. Y es tanto el encono que tienen que prefieren renunciar a sus principios y viejas luchas antes que -supuestamente- “favorecer”, con su opinión al Gobierno. Mezquindad política, enanismo intelectual. Es como si yo porque siempre propuse la derogación del servicio militar me hubiese convertido en menemista porque apoyé (lo único) esa iniciativa en los 90. Un disparate. Fui antimenemista cuando Menem gobernaba, no de ocasión o después. Fuí antimenemista como diputado en esta Provincia cuando era el proyecto de los Reutemann y casi todos lo apoyaban.  

El Proyecto de IVE es “MI” proyecto. No los del Gobierno de turno. Así como la ESI es “MI” proyecto, y con más razón: fuí el que presenté el primer proyecto de educación sexual en la Provincia siendo legislador en 1990. Es “MI” proyecto, no el del gobierno que lo apruebe.

¿Y saben qué les molesta?: la coherencia: siempre hemos luchado por estas cosas, las mismas cosas, honestamente y lo seguiremos haciendo hasta que se concreten y luego, seremos vigilantes en su cumplimiento.

Por tanto, SON MIS PROYECTOS, ESTÚPIDOS… no los de un Gobierno. Son mis luchas. Mis orgullosas luchas. Y no las “regalo” ni las oculto: eso se lo dejo a los fanáticos y a los mediocres.

En consecuencia, hoy si sale aprobado la IVE, festejaré porque será MI TRIUNFO, junto al de muchos, y si no sale aprobado, será MI (Nuestra) DERROTA, como tantas he tenido. Y allí estaré otra vez, recuperando fuerzas para seguir luchando por ellas, porque más temprano que tarde se convertirán en ley y hará que todos tengamos una sociedad mejor, más libre y más igualitaria.

NO SON HÉROES NI VANGUARDIA

No son héroes ni vanguardia. 

Hay aumento de contagios y de fallecidos. Escucho a algunos decir que no hay información o campañas suficientes???. En el mundo y en Argentina, todos (gobiernos, médicos, científicos) dicen hace meses, que hasta que no haya vacuna y millones inmunizados, la única forma de cuidarse es el barbijo, la higiene y especialmente, el distanciamiento físico. Eso tan sencillo y tan claro. ¿Qué es lo que no entienden?. En realidad, entienden, claro que sí. 

Tampoco hay "segunda ola" en nuestro país: hay desaprensión, insolidaridad, indolencia. Y no me refiero a los que necesitan laburar y a pesar de todo se cuidan. No, me refiero a los otros, a esa inmensa mayoría...A los que están convencidos que no se van a contagiar y por eso les importa un bledo contagiar a los demás, incluso a familiares y adultos mayores. A esos que creen que están desafiando al "poder".. Lamento decirles que NO, no son "héroes" de nada. No están tomando la Bastilla ni son la vanguardia del proletariado que hace crujir un "sistema". No, son modestos "caprichositos" (algunos con modales pequeño burgueses) que desafían solamente a un  virus.. y desafían con la arrogancia de los ignorantes los consejos médicos y científicos. Desafían los pedidos de distanciamiento, el cuidarse y cuidar. Eso desafían, modestamente eso. Tanto como eso. 

Aquí los únicos héroes son los médicos, enfermeros, el personal que asiste, los bomberos, que a veces ni siquiera pueden festejar en estas fiestas, que se sacrifican y mueren para salvar vidas, aún y también, la de los indolentes, la de los que desprecian al semejante, la de los "caprichosos" y la de los desafiantes de baratijas. 

El caso Traferri: ¿problema constitucional o político?.

 El caso del senador Armando Traferri es el de mayor impacto institucional desde la destitución de Antonio Vanrell en 1990. Allí fue desalojado del cargo de Vice Gobernador mediante el juicio político, en una Legislatura que integré. Aquí por el contrario, se trataría del eventual “desafuero” del senador por el Departamento San Lorenzo para que sea sometido a proceso penal (art. 51 de la Constitución Provincial).   

¿Hay en este caso discusiones constitucionales de magnitud o en realidad el problema es esencialmente político?. Veamos:

1) Lo primero que hay que aclarar es lo que distingue la Constitución Provincial de la Nacional: en ésta los legisladores sólo tienen “inmunidad de arresto”, en cambio en la nuestra, poseen además, “inmunidad de proceso”. Dice el artículo 51: “Sin autorización de la Cámara… no pueden ser sometido a proceso penal”. Es decir, no puede avanzarse sobre el legislador en el enjuiciamiento penal sin que la Cámara proceda al “desafuero”. Algún sector sostiene que esa cláusula sería inconstitucional porque impediría a la justicia actuar: en realidad no le impide, como ha dicho Sebastián Soler, “posterga” el proceso hasta que se haya cumplimentado la exigencia constitucional del “desafuero”, pero si éste es negado, puede continuar vencido su mandato. 

2) El senador Traferri ha dicho que “no puede” renunciar a sus fueros: tema de discusión jurídica. Se sostiene en la doctrina que como se trata de un privilegio del cuerpo y no del legislador, no estaría habilitado para tal renuncia. Poco cuentan los argumentos: el senador manifestó que no se someterá al proceso penal voluntariamente.

3) La decisión de Traferri deja abierta una sola posibilidad: la prevista constitucionalmente en el artículo 51: ante el requerimiento de los fiscales pidiendo el desafuero, es “la Cámara a la que pertenece” (de Senadores) la que debe “autorizar por dos tercios de los votos de los presentes” a que se lo someta a proceso penal. Sin desafuero no puede proseguirse penalmente a Traferri durante su mandato.

4) La Constitución es precisa: dice dos tercios de los “votos presentes” aunque algunos discutan ese número (erróneamente), aduciendo que el art 50 que también se refiere a privilegios parlamentarios habla de las “dos terceras partes de sus miembros”. No es bueno, confundir cuando la Constitución es clara al respecto. En un caso se trata de excluir y corregir a miembros del cuerpo, en el otro, de permitir que se le siga proceso penal.

Es la política, estúpido.

La cuestión constitucional aparece clara, más allá de preferencias personales o doctrinarias. El tema es político y está reservado a la cámara a la que pertenece Traferri: el Senado.

Allí se necesitan 13 votos (si estuvieren todos presentes) para “desaforar” al legislador y el justicialismo en su conjunto tiene 12. En consecuencia, la “llave” que resuelve este tema reside en la voluntad política de ese sector. Si la documentación probatoria fiscal es contundente y amerita el avance de una investigación penal, no debería dudarse con el desafuero. Las inmunidades parlamentarias no fueron creadas como refugio corporativo de los legisladores sino como garantía funcional de independencia frente a otros poderes institucionales (Ejecutivo, Judicial) o fácticos.

De lo dicho se desprende que en este tema que tantas aristas y consecuencias puede tener, no hay un conflicto constitucional sino de naturaleza institucional y político.

Es de enorme impacto que un órgano encargado de investigar delitos (el MPA) haya tenido en su seno integrantes que están siendo acusados ellos de haberlos cometido. A su vez, aparece saludable que sea la misma institución quien investigue y persiga a sus propios miembros. Sin embargo, las derivaciones parecen insospechadas: están involucrados ex legisladores, dirigentes políticos y un senador en funciones que mutuamente se endilgan acusaciones cruzadas de operaciones políticas con los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Lo mejor que puede pasar en este vendaval que conmueve la política santafesina es garantizar que los fiscales puedan investigar sin interferencias, libremente y que éstos prueben, si corresponde y garantizando el debido proceso, las graves delitos que se enuncian. Como nunca antes están involucrados de una u otra forma miembros de los tres poderes del Estado. Lo peor sería que frente a este escándalo y a las graves acusaciones no haya respuestas institucionales, se cubra de opacidad cómplice el proceso y no se sepa la verdad y si corresponde, quien deba ser sancionado, efectivamente lo sea. De lo contrario, la credibilidad publica en las instituciones y en la política santafesina, sufrirá un daño irreparable.