"Niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad" dice la Convención de los Derechos del Niño que integra el bloque de constitucionalidad, y es por tanto, norma suprema, aplicable y operativa. Técnicamente hablando, el proyecto en discusión en el Congreso nacional propone habilitar el derecho al voto a niños de entre 16 y 18 años en forma optativa.
Preguntarle a un profesor de Derecho Político si está de acuerdo con la ampliación de los derechos políticos a las personas es como preguntarle a un médico clínico si está de acuerdo en la necesidad de que todas las mujeres se realicen el papanicolau. Se presume entonces mi respuesta. Sin embargo, el tema es algo más complejo y es saludable el debate público.
La universalización del sufragio ha sido históricamente una conquista de las luchas democráticas. El notable filósofo Norberto Bobbio decía que una sociedad en la que tienen derecho a voto los ciudadanos mayores de edad es más democrática que aquella que solo pueden votar los propietarios pero menos democrática que aquella en que también tienen derecho al voto las mujeres. Es decir, la ampliación del derecho al voto democratiza las sociedades. Ahora bien: el pensador italiano también sostenía que la calidad democrática de una sociedad se mide no sólo por el número de aquellos que tienen derecho a participar en las decisiones que lo afectan sino los espacios en que pueden ejercer este derecho.
Pregunto, ¿cuáles son los espacios reales donde los jóvenes pueden escuchar y ser escuchados? ¿en qué lugares se les permite opinar y más aún, participar, decidir y votar?
Sin perjuicio de ciertas políticas públicas gubernamentales, como ocurre actualmente en Santa Fe con el Gabinete Joven, una de las características de nuestro tiempo, sesgado por el individualismo y la fragmentación social, es la escasa representación que como sector tienen los jóvenes, especialmente en los espacios institucionales naturales donde se desenvuelven: los educativos. Todavía a casi 30 años de democracia, en muchos lugares del país los centros de estudiantes no existen y en muchos otros las autoridades de los colegios secundarios discuten si "aceptan" implementarlos.
Ni qué decir la actitud de directivos, docentes e incluso padres, de aplicar la ley vigente de mi autoría que tiene 20 años en Santa Fe, que es la que incorpora los Consejos de Escuela, órgano deliberativo y decisional, que permite dialogar y proponer soluciones compartidas en un mismo ámbito y donde el niño (y el adolescente) tienen voz y voto junto a los demás estamentos educativos. Muchos de los problemas actuales, como la violencia en las escuelas, tendrían canales de discusión y solución, si abriésemos la escuela a esta experiencia de diálogo y participación democrática. Dicho de otro modo: la paradoja consiste en que si el proyecto gubernamental prospera, el niño podrá votar a presidente de la Nación pero no puede elegir al presidente del centro de estudiantes. Podrá elegir a un diputado nacional pero no al consejero de su escuela.
¿Y nada tiene que decir la familia en todo esto? Cuántas veces escuchamos a padres que cuando sus hijos llegan a la Universidad, aconsejan: "no te metas en política" y menos en los centros de estudiantes porque "perdés el tiempo". Muchos padres tiene la fuerte responsabilidad de "bajar una línea" individualista, competitiva y antipolítica donde están absolutamente ausentes valores como compañerismo, solidaridad, compromiso social.
En esa línea "coherente" de pensamiento, desde el sistema educativo, poco se ha ayudado: so pretexto de la crítica al enciclopedismo, muchos planes de estudio eliminaron, cambiaron o subalternizaron la sistematización de los estudios históricos y las asignaturas sociales relacionadas con la instrucción cívica y democrática. "¿Para qué me/les sirve?" replicaron —autistas— no pocos padres, docentes y alumnos. Cuando algún chico, trataba de demostrarme la inutilidad de la materia en un colegio como el Instituto Politécnico y que su meta era "recibirse", como docente le respondía: "podrás recibirte o quizá no de arquitecto, ingeniero -hay muchos factores que influyen- pero es seguro que te vas a recibir de ciudadano. No desaproveches estos espacios que te dan los colegios públicos y gratuitos".
Por estas y otras razones, muchos jóvenes -nunca es bueno generalizar- llegan a nuestra Facultad de Derecho, con severas insuficiencias no ya de cultura política, sino de elemental información histórica y cívica. (Esto no hay que bendecirlo ni minimizarlo sino criticarlo y corregirlo). Y desde luego, "huyendo" de los espacios de participación, especialmente, los políticos.
La última dictadura y luego la década del 90 hicieron lo suyo: el temor de los padres hace referencia, en ocasiones, a los riesgos que sufrieron quienes decidieron participar en política en un pasado trágico. A su vez, uno de los peores legados del neoliberalismo fue la privatización del debate público y haber hecho creer que la cosa común puede resolverse con decisiones individuales y recursos privados.
También sería bueno a esta altura, preguntarles a los destinatarios de estas preocupaciones, los niños, sobre cuáles son sus aspiraciones, problemas, e inquietudes sociales y cívicas. Un Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la UNR que dirijo, conjuntamente con la Fundación Ejercicio Ciudadano titulado "Ciudadanía y participación: de la motivación a la construcción de espacios" busca fortalecer el vínculo entre los jóvenes y la política. Los participantes del proyecto del que diera cuenta La Capital del día 31/8/2012, elaboró un Decálogo de Demandas juveniles desde el año 2007, destinado a hacer visibles las principales necesidades antes los tomadores de decisiones. Los destinatarios del proyecto son chicos de entre 15 y 21 años, pertenecientes a cuatro y quinto año de escuelas secundarias. Ellos mismos priorizaron el Decálogo de demandas, entre otras: "quiero que me ayuden a conseguir mi primer empleo; a las mujeres se les hace más difícil; los docentes no nos escuchan; tengo un amigo gay y lo apoyo; nadie debería ir en cana por fumar porro; me siento inseguro a la salida de un boliche; a los jóvenes no nos tienen en cuenta a la hora de decidir cosas importantes". Los chicos de entre 18 y 21, dijeron: "la gente a las que voto, no nos representa". Los jóvenes entre 15 y 18 años, no reclamaron el derecho al voto.
Debemos tener en cuenta todos estos datos, factores y circunstancias, para no empobrecer o simplificar el debate. Como adelantamos: es loable ampliar el número de aquellos que tienen derecho a decidir sobre las cuestiones colectivas pero también los ámbitos en que pueden ejercer este derecho. Porque tanto o más importante es posibilitar la construcción de espacios de participación donde la voz de los niños, en los términos de la Convención, pueda ser escuchada y donde se les permita tomar decisiones y a la vez adquirir responsabilidades y compromisos. La voz de los niños no sólo tiene que ser escuchada en las urnas y cada cuatro años: este no es un tema electoral ni partidario —o no debiera serlo- sino de democracia y ciudadanía. El "voto" decisorio de los chicos debería ampliarse a los espacios culturales y barriales, a los partidos políticos, a las políticas gubernamentales, a las familias, y fundamentalmente al interior de las instituciones educativas. Esto permite construir ciudadanía: ampliar las fronteras de los derechos y garantías y adquirir conciencia crítica, social y cívica, teniendo presente, lo que decía Alicia Moreau de Justo: la democracia comienza en los bancos de la escuela.
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