El 12 de Septiembre el Doctor Oscar Blando y el politólogo Juan José Gianni mantuvieron una charla con el periodista Rodolfo Montes del programa "Final Abierto" en el bar "El Cairo" de Rosario sobre la reforma constitucional de Santa Fe y la Nación.
miércoles, 12 de septiembre de 2012
domingo, 9 de septiembre de 2012
No hay reforma política sino cambia la Constitución provincial
El director provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, cree que es tiempo de modificar la Constitución santafesina y asegura que el peronismo no presta consentimiento por dos motivos: la posibilidad de la re-reelección del gobernador y el mantenimiento del Senado tal cual funciona actualmente.
En una entrevista con LaCapital, Blando revela que Antonio Bonfatti se comprometió a no ir por un nuevo mandato si la Constitución es reformada, rechaza el intento de limitar el uso de la boleta única —como propuso el diputado de la UCR Santiago Mascheroni— y se muestra a favor de la limitación de los mandatos de los legisladores.
—¿Por qué es necesaria la reforma constitucional en Santa Fe?
—Es una Constitución cuya reforma está en el contexto de mediados del siglo XX, con una estructura pensada en la inestabilidad política. En aquel tiempo Frondizi estaba destituido. Roberto Rosúa cuenta una anécdota y dice que había tanto temor de que la Constitución de 1962 no fuese sancionada, que la publicaron en el diario El Litoral. El ruido de las armas estaba presente y eso prefiguró una estructura de gobierno. Eso privilegió la cláusula de gobernabilidad en el Poder Legislativo, a semejanza de la italiana de 1947. Santa Fe no cambió su Constitución en el proceso de reforma del 86-87 ni en el 94. Uno de los puntos a incorporar es el aggiormamiento de derechos y garantías: como el amparo, que debe adaptarse a la Constitución nacional. Santa Fe vive un proceso de reformas judiciales sustanciales, donde se crea el servicio de la acusación y de la defensa pública, que divide los roles, pero la Carta Magna sostiene que el procurador es jefe de los defensores y fiscales al mismo tiempo. Hubo un fallo de la Corte en el caso Bassó que habla de adaptar la Constitución al nuevo sistema.
—¿Otros puntos son autonomía y Poder Legislativo?
—Sin dudas. La autonomía municipal de Rosario se puede hacer por ley, pero supone atribuciones de competencia de poder, y eso se fija por la Constitución. Hay un operativo constitucional incumplido por la provincia. Y respecto a la organización del poder, aparecen los mecanismos de control, limitación, no concentración. El sostenimiento de la cláusula de la gobernabilidad es insostenible, pero algunos catalogan que es inconstitucional. Ataca el sistema representativo el tema de la composición de la Legislatura, que otorga la mayoría en Diputados al que gana las elecciones.
—¿Y por qué se supone que es inconstitucional?
—Eso supone una sobrerrepresentación por sobre los votos reales. El ejemplo de lo que pasó en Santa Fe: el PJ sacó el 34 por ciento y obtuvo el 56 por ciento de las bancas. Un sistema electoral en sentido estricto supone un procedimiento que establece cuántos escaños se consiguen según los votos obtenidos. Cuanto mejor se refleje el equilibrio entre votos y bancas mejor será el sistema. Santa Fe tiene un sistema inequitativo e injusto que roza la inconstitucionalidad. Pensemos que el Senado tiene el sistema de circunscripciones uninominales, del cual soy un ferviente opositor.
—¿Por qué?
—Se pueden desvirtuar o anular a las minorías. Al tener un solo candidato, el que gana por un voto se lleva todo. En el 2007, con Binner, significó que había ganado pero tenía una amplísima minoría en Senadores. Si hay una distorsión en Diputados y otra en Senadores, la Asamblea Legislativa que le otorga el acuerdo a jueces, al tribunal electoral y de cuentas, juega un papel sustancial. El sistema proporcional, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, hubiese significado que el PJ saque 21 bancas, el Frente Progresista 20 y el PRO 9. Eso es expresar la voluntad popular, lo otro es trastocar la voluntad popular.
—En vez de ir por más transparencia en la elección, se presentó un proyecto para limitar la boleta única.
— Lo primero que debemos preguntarnos es qué queremos solucionar con una reforma. Si queremos resolver el tema de la gobernabilidad, el problema no está en la boleta única sino en la Constitución. No hay reforma política sin reforma constitucional. La boleta única es un sistema de votación, pero no determina cuántas bancas se obtienen según los votos. Hay que tocar la Constitución. El tema de la boleta única por categorías, según todos los estudios, advierte que favorece el voto cruzado, profundiza el voto dividido.
—¿Y cuándo será la oportunidad de la reforma?
—El tema de la oportunidad política no es de mi área. ¿Pero cuáles son las razones para que se hable de una reforma de la Constitución nacional y no de la provincial? Por dos argumentos centrales a la hora de convocar al justicialismo: la reelección del gobernador y el Senado. La no reelección del gobernador está garantizada por Bonfatti, quien dijo que no va a utilizarla. Es más, puede haber una cláusula que lo inhiba de participar. Cuando él me convocó en enero me dijo que no iría a la reelección porque juró por una Constitución que se lo prohíbe. Mendoza y Santa Fe son las únicas provincias que no tienen reelección. Y respecto al Senado, el justicialismo siempre quiso mantenerlo. Pero en el proyecto que ingresó durante la gestión de Binner se establece el mantenimiento de esa Cámara. Después, sí, se puede discutir el diseño.
—Hoy por hoy no está clara la funcionalidad de la bicameralidad. Los roles se confunden, la diferenciación es muy difusa.
—El diseño administrativo del Senado no refleja la realidad geográfica, política y económica de la provincia. Sería posible hacer un diseño diferente, aún con el Senado. Por eso, si esos temas están resueltos (no reelección del actual gobernador y Senado), no veo argumentos de fondo como para no discutir la reforma.
—Ahora bien, no hay reforma política posible sin limitación de los mandatos legislativos. ¿Se contemplará eso en una reforma constitucional?
—Puede ser. Es una posibilidad. Hay legisladores que vienen desde la época del regreso de la democracia. Todo dispositivo que tienda a limitar los poderes es positivo. Es absolutamente posible que se limite el mandato de los legisladores en una reforma constitucional.
—Pero si Santa Fe va a la reforma constitucional se caerían los argumentos del socialismo para rechazar lo mismo a nivel nacional, algo que quiere el kirchnerismo.
—Hay argumentos por los que no se debe reformar la Constitución nacional, pero no me corresponde hablar de las razones políticas. El intento de quienes rodean al kirchnerismo, que empezó con "Cristina eterna" y siguió con las declaraciones de Ricardo Forster a LaCapital, teologiza la política. La eternidad es un concepto religioso, no político. Borges escribió que la eternidad es un artificio espléndido de la intolerable opresión de lo sucesivo.
miércoles, 5 de septiembre de 2012
El voto de los niños
"Niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad" dice la Convención de los Derechos del Niño que integra el bloque de constitucionalidad, y es por tanto, norma suprema, aplicable y operativa. Técnicamente hablando, el proyecto en discusión en el Congreso nacional propone habilitar el derecho al voto a niños de entre 16 y 18 años en forma optativa.
Preguntarle a un profesor de Derecho Político si está de acuerdo con la ampliación de los derechos políticos a las personas es como preguntarle a un médico clínico si está de acuerdo en la necesidad de que todas las mujeres se realicen el papanicolau. Se presume entonces mi respuesta. Sin embargo, el tema es algo más complejo y es saludable el debate público.
La universalización del sufragio ha sido históricamente una conquista de las luchas democráticas. El notable filósofo Norberto Bobbio decía que una sociedad en la que tienen derecho a voto los ciudadanos mayores de edad es más democrática que aquella que solo pueden votar los propietarios pero menos democrática que aquella en que también tienen derecho al voto las mujeres. Es decir, la ampliación del derecho al voto democratiza las sociedades. Ahora bien: el pensador italiano también sostenía que la calidad democrática de una sociedad se mide no sólo por el número de aquellos que tienen derecho a participar en las decisiones que lo afectan sino los espacios en que pueden ejercer este derecho.
Pregunto, ¿cuáles son los espacios reales donde los jóvenes pueden escuchar y ser escuchados? ¿en qué lugares se les permite opinar y más aún, participar, decidir y votar?
Sin perjuicio de ciertas políticas públicas gubernamentales, como ocurre actualmente en Santa Fe con el Gabinete Joven, una de las características de nuestro tiempo, sesgado por el individualismo y la fragmentación social, es la escasa representación que como sector tienen los jóvenes, especialmente en los espacios institucionales naturales donde se desenvuelven: los educativos. Todavía a casi 30 años de democracia, en muchos lugares del país los centros de estudiantes no existen y en muchos otros las autoridades de los colegios secundarios discuten si "aceptan" implementarlos.
Ni qué decir la actitud de directivos, docentes e incluso padres, de aplicar la ley vigente de mi autoría que tiene 20 años en Santa Fe, que es la que incorpora los Consejos de Escuela, órgano deliberativo y decisional, que permite dialogar y proponer soluciones compartidas en un mismo ámbito y donde el niño (y el adolescente) tienen voz y voto junto a los demás estamentos educativos. Muchos de los problemas actuales, como la violencia en las escuelas, tendrían canales de discusión y solución, si abriésemos la escuela a esta experiencia de diálogo y participación democrática. Dicho de otro modo: la paradoja consiste en que si el proyecto gubernamental prospera, el niño podrá votar a presidente de la Nación pero no puede elegir al presidente del centro de estudiantes. Podrá elegir a un diputado nacional pero no al consejero de su escuela.
¿Y nada tiene que decir la familia en todo esto? Cuántas veces escuchamos a padres que cuando sus hijos llegan a la Universidad, aconsejan: "no te metas en política" y menos en los centros de estudiantes porque "perdés el tiempo". Muchos padres tiene la fuerte responsabilidad de "bajar una línea" individualista, competitiva y antipolítica donde están absolutamente ausentes valores como compañerismo, solidaridad, compromiso social.
En esa línea "coherente" de pensamiento, desde el sistema educativo, poco se ha ayudado: so pretexto de la crítica al enciclopedismo, muchos planes de estudio eliminaron, cambiaron o subalternizaron la sistematización de los estudios históricos y las asignaturas sociales relacionadas con la instrucción cívica y democrática. "¿Para qué me/les sirve?" replicaron —autistas— no pocos padres, docentes y alumnos. Cuando algún chico, trataba de demostrarme la inutilidad de la materia en un colegio como el Instituto Politécnico y que su meta era "recibirse", como docente le respondía: "podrás recibirte o quizá no de arquitecto, ingeniero -hay muchos factores que influyen- pero es seguro que te vas a recibir de ciudadano. No desaproveches estos espacios que te dan los colegios públicos y gratuitos".
Por estas y otras razones, muchos jóvenes -nunca es bueno generalizar- llegan a nuestra Facultad de Derecho, con severas insuficiencias no ya de cultura política, sino de elemental información histórica y cívica. (Esto no hay que bendecirlo ni minimizarlo sino criticarlo y corregirlo). Y desde luego, "huyendo" de los espacios de participación, especialmente, los políticos.
La última dictadura y luego la década del 90 hicieron lo suyo: el temor de los padres hace referencia, en ocasiones, a los riesgos que sufrieron quienes decidieron participar en política en un pasado trágico. A su vez, uno de los peores legados del neoliberalismo fue la privatización del debate público y haber hecho creer que la cosa común puede resolverse con decisiones individuales y recursos privados.
También sería bueno a esta altura, preguntarles a los destinatarios de estas preocupaciones, los niños, sobre cuáles son sus aspiraciones, problemas, e inquietudes sociales y cívicas. Un Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la UNR que dirijo, conjuntamente con la Fundación Ejercicio Ciudadano titulado "Ciudadanía y participación: de la motivación a la construcción de espacios" busca fortalecer el vínculo entre los jóvenes y la política. Los participantes del proyecto del que diera cuenta La Capital del día 31/8/2012, elaboró un Decálogo de Demandas juveniles desde el año 2007, destinado a hacer visibles las principales necesidades antes los tomadores de decisiones. Los destinatarios del proyecto son chicos de entre 15 y 21 años, pertenecientes a cuatro y quinto año de escuelas secundarias. Ellos mismos priorizaron el Decálogo de demandas, entre otras: "quiero que me ayuden a conseguir mi primer empleo; a las mujeres se les hace más difícil; los docentes no nos escuchan; tengo un amigo gay y lo apoyo; nadie debería ir en cana por fumar porro; me siento inseguro a la salida de un boliche; a los jóvenes no nos tienen en cuenta a la hora de decidir cosas importantes". Los chicos de entre 18 y 21, dijeron: "la gente a las que voto, no nos representa". Los jóvenes entre 15 y 18 años, no reclamaron el derecho al voto.
Debemos tener en cuenta todos estos datos, factores y circunstancias, para no empobrecer o simplificar el debate. Como adelantamos: es loable ampliar el número de aquellos que tienen derecho a decidir sobre las cuestiones colectivas pero también los ámbitos en que pueden ejercer este derecho. Porque tanto o más importante es posibilitar la construcción de espacios de participación donde la voz de los niños, en los términos de la Convención, pueda ser escuchada y donde se les permita tomar decisiones y a la vez adquirir responsabilidades y compromisos. La voz de los niños no sólo tiene que ser escuchada en las urnas y cada cuatro años: este no es un tema electoral ni partidario —o no debiera serlo- sino de democracia y ciudadanía. El "voto" decisorio de los chicos debería ampliarse a los espacios culturales y barriales, a los partidos políticos, a las políticas gubernamentales, a las familias, y fundamentalmente al interior de las instituciones educativas. Esto permite construir ciudadanía: ampliar las fronteras de los derechos y garantías y adquirir conciencia crítica, social y cívica, teniendo presente, lo que decía Alicia Moreau de Justo: la democracia comienza en los bancos de la escuela.
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