El 14 de abril de 1962 se sancionaba la Constitución de Santa Fe en medio de profundas convulsiones políticas en el país. Durante el desarrollo de las sesiones que se habían iniciado en enero de ese año, caía el 29 marzo el presidente Arturo Frondizi merced a la última de las muchas asonadas militares que sufriera durante su mandato.
Pese a todo, y con el ruido de las armas como telón de fondo, los constituyentes de 1962 acordaron una Constitución que fue el reflejo de la política y de las ideas predominantes de ese tiempo en el mundo de posguerra y en la Argentina (que incluía al peronismo proscripto). Fue una reforma profunda y casi total. Sólo un artículo no fue discutido: la ciudad capital, que seguiría siendo Santa Fe.
Duros y profundos debates signaron las sesiones, pero de la lectura argumentativa de los discursos se advierte que predominó un denodado intento consensual en sus protagonistas.
Con los disensos del caso, la mayoría constituyente recogió la fuerte impronta de una cosmovisión "occidentalista" cuyo antecedente inmediato fue la Constitución italiana de 1947, que unió la doctrina social de la iglesia con el constitucionalismo social y lo que se ha dado en llamar el "solidarismo desarrollista", abandonando la matriz liberal individualista de la Constitución de 1900 que había tenido vigencia hasta entonces. Como en el texto constitucional italiano, el respeto a la libertad de cultos se confundía a su vez con el reconocimiento a la religión católica como única religión del estado (art. 3 de nuestra actual Constitución) y el igualitarismo social reclamaba un Estado mucho más activo para "remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida pública, económica y social de la comunidad" (art. 8 de nuestro actual texto).
La Convención dio cuenta de la disputa por ese entonces todavía vigente entre partidarios de la autarquía y la autonomía municipal: la Carta Magna no consagró esta última pese al antecedente de la Constitución progresista de 1921, derogada por el manotazo autoritario de 1935. También fue motivo de fuertes discusiones el tema de la inamovilidad de los jueces, la constitucionalización del amparo y la consagración del derecho a réplica, adoptado pese a los lobbys de cierta prensa de la época y que recién se instituye a nivel nacional en 1994. La organización del poder formalizó el actual sistema de "mayorías", buscando darle gobernabilidad al Ejecutivo y rodeándolo para ello de importantes facultades, fruto del contexto histórico y en momentos en que estaban intervenidas las instituciones democráticas de la nación y las provincias.
Sobresalieron los discursos y debates de muchos convencionales que ya no están entre nosotros: Aldo Tessio, Luciano Molinas, Roberto Rovere, Eugenio Malaponte, Decio Ulla, Héctor Gómez Machado, Mario Mosset Iturraspe, Luis Güena, Fernando Viñals, Arturo de la Torre, J. M. Rojo y el "Gringo" Viale, entre otros.
Los convencionales jurando en sus cargos.
Sabido es: adscribimos a la necesidad de reformar esa Constitución de 1962. Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista de mediados de los 80 que signó el derecho público provincial argentino ni modificó su carta magna pese a la reforma nacional de 1994. No es cuestión de revisionismo crítico, es necesidad de adaptación a los nuevos tiempos, incluso adecuación a principios y valores sustantivos incorporados al actual texto nacional.
Deberán contemplarse nuevos derechos, especialmente de los excluidos, de las minorías, de los que sufren "nuevas" discriminaciones y discutirse la adecuación de otros: la necesidad que una religión no sea "la" religión del Estado, la actualización de la acción amparo, la consagración reglamentaria de la autonomía municipal como lo ordena la Constitución Nacional, la incorporación de los institutos de democracia semi directa, el debate sobre la integración y representación en el poder legislativo, los mecanismos de control, la constitucionalización del consejo de magistratura y la incorporación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa adoptado legislativamente por la provincia según su nuevo sistema de enjuiciamiento penal, adecuación que la propia Corte provincial propició en el caso "Bassó".
La Constituyente del 62 tuvo la virtud de no estar presidida por urgencias reeleccionistas: ninguno de los partidos políticos tradicionales, salvo el minoritario Partido del Trabajo y del Progreso, propuso la reelección inmediata del gobernador. La anterior gestión provincial y la actual, que han manifestado la intención de convocar a un debate sobre la reforma de la Constitución, han advertido que si se decide la reelección del gobernador será a futuro, pero nunca podría beneficiar al funcionario que juró por una Constitución que lo prohibe. Ese compromiso despeja razonables dudas y posibilita el diálogo. Muchos intentos de reformas en Argentina naufragaron por las ambiciones reeleccionistas de sus propulsores.
Pero todos estos temas serán parte de un debate necesario y futuro, que deberá contar con el consenso de los partidos políticos, de las instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía.
Hoy es hora de reconocer los valores e institutos contenidos por la Constitución de 1962, muchos de los cuales siguen absolutamente vigentes. Y es hora también de honrar a los constituyentes que consagraron ese texto en un difícil clima político institucional. Por eso es justo que diversos sectores, pero esencialmente la Legislatura santafesina y el Ejecutivo que preside el gobernador Bonfatti, otorguen por estos días, ese reconocimiento a los constituyentes elegidos por el pueblo y que votaron la Constitución que nos rige: Roberto Rosúa, Danilo Kilibarda, Rafael Martínez Raymonda, Héctor García Sola, Clyde B. de Altieri, Miguel Salmen, Héctor Sandler, Pedro Fernández.
En un país donde tantas veces hemos subalternizado nuestras instituciones, tiene un alto valor simbólico y de convivencia cívica, esta conmemoración que es parte de la mejor historia de la provincia: la Santa Fe democrática.
El Gobernador Silvestre Begnis jura la nueva Constitución.
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