La seguridad, la salud, la educación, el trabajo, debieran ser temas de permanente preocupación política, no sólo cuando se acercan las elecciones. Pero estas cuestiones de fondo, que tendrían que presidir toda agenda pública, no deberían tampoco clausurar ningún debate institucional, como la desafección ciudadana de los representados con sus gobernantes, la crisis de los partidos políticos, los dilemas de la representación política, que incluye los temas de toda reforma política: ¿cómo se nominan y luego se eligen a los candidatos?, ¿cómo se financian los partidos?, ¿qué grado de participación tiene nuestra democracia?. ¿cómo fortalecemos a los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático? No hace tanto, aquellos reclamos ciudadanos, bajo la confusa consigna del “que se vayan todos”, coadyuvaron a la caída de un gobierno constitucional.
Santa Fe en cambio, ha avanzado en lo institucional, sustancialmente: ante el fuerte reclamo social y político, derogó la tristemente célebre ley de lemas, cumpliendo el ex gobernador Jorge Obeid con el compromiso asumido junto a todos los candidatos de entonces. Y la provincia, en acuerdo casi unánime, decidió implementar, antes que en la Nación, el sistema de elecciones primarias, simultáneas y obligatorias que nos rige. Ahora, con amplio consenso legislativo, se discutió la sanción de un nuevo sistema de votación: se aprobó la boleta única y se trabaja para su mejor implementación.
No es este el debate y el clima institucional que viven muchas provincias argentinas: Chubut con denuncias cruzadas de fraude, no termina el recuento de votos hace semanas para saber quién será su próximo gobernador; Buenos Aires discute si las listas colectoras son legales o por lo menos legítimas, y en otros lares, la alternancia en el poder, elemental principio republicano, está puesta en duda: Eduardo Brizuela del Moral intentaba su tercer mandato al frente del Ejecutivo de Catamarca y el actual gobernador José Luis Gioja en San Juan propicia la reforma de la Constitución local para lograr su re-reelección y así acceder a un tercer período. En Tucumán, José Alperovich, merced a una cláusula transitoria agregada a la Constitución, logró que su segundo mandato fuese considerado el primero y así aspirar a ser elegido para un tercer período consecutivo. En Formosa, Gildo Insfrán buscará este año su quinto mandato consecutivo desplazando de la grilla a su colega Adolfo Rodríguez Saá, quien gobernó San Luis desde 1983 hasta fines de 2001, cuando asumió por pocos días la Presidencia de la Nación.
En Santa Fe en cambio, el actual gobernador no ha intentado la reelección como lo hizo algún antecesor de la Casa Gris, que pretendió declarar inconstitucional el artículo 64 de la Constitución que impide la reelección, mediante una medida judicial que la Corte Suprema Nacional rechazó en 1994. Hoy hay un proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo en la Legislatura en donde el actual gobernador se autoexcluye de la contienda y favorece el debate de una tan pendiente como necesaria reforma de la Constitución de 1962.
Pero los santafesinos no estuvimos exentos de escándalos y denuncias de fraude.
En 2001 el Tribunal Electoral de Santa Fe le negó la posibilidad de presentarse al partido de Elisa Carrió, con las siglas ARI (que significa Alternativa para una República de Iguales) obligándolo a ir bajo el sello de otro partido: fue el Socialista Auténtico. En cambio, el Tribunal admitió la presentación de otro sublema con las siglas “ARI”, pero que significaba “Ahora Reales Ideas” y en cuya boleta sólo resaltaba la sigla. Conclusión sacaron casi la misma cantidad votos. Años antes, un candidato a concejal se había convertido en “el Clon” por presentar un sublema en el que su apellido aparecía en letras enormes, que confundieron al electorado con su primo candidato a intendente. Conclusión: el más conocido no salió intendente y el menos conocido, fue concejal. Más recientemente, el 24/7/2009 La Capital daba cuenta de una maniobra fraudulenta en Casilda: un partido presentó listas cuyos candidatos nunca fueron consultados. La intención, se decía: “Apropiarse del dinero que le corresponde al partido para la impresión de boletas que nunca se harían (las impresiones) porque las listas eran truchas”.
La boleta única impide la concreción de estas y otras “picardías” y trampas electorales. Al ser el Estado quien tiene la responsabilidad de diseñar, imprimir y distribuir las boletas en lugar de los partidos, reduce la posibilidad de fraudes electorales, termina con el negocio de la impresión de boletas, asegura no sólo que todas las candidaturas estén disponibles para los votantes sino que todos los partidos y frentes tendrán un espacio y visibilidad equivalentes, es decir, equidad en los espacios asignados. Se acaba la práctica de robar u ocultar boletas en el cuarto oscuro, ya que será el presidente de mesa el encargado de entregar una boleta a cada elector. Nadie tendrá acceso a las boletas si no es a través de la entrega que, al momento de votar, hace la autoridad de mesa. Se garantiza así al votante autonomía: encontrará todas las opciones y los candidatos sabrán que sus candidaturas estarán disponibles para todos los ciudadanos. Se garantiza el derecho igualitario a elegir y ser elegido.
La boleta única ataca las prácticas clientelares ya que no se podrá utilizar las boletas para el intercambio de favores por votos, por ejemplo, a través del llamado “voto cadena” (se suprimen los sobres) y elimina asimismo la posibilidad de distribuir boletas falsas o adulteradas de los adversarios para perjudicarlos, práctica que ha venido creciendo en los últimos años. Evita la lista sábana horizontal y los candidatos a diputados y concejales ya no serán elegidos por “colgarse” de una candidatura conocida para gobernador o intendente, sino que lo serán a partir de la decisión autónoma de los votantes.
En América latina sólo Argentina y Uruguay no utilizan la boleta única. Y el 80% de los países en el mundo usan la boleta por categoría y no por partidos (con alternativas en los diseños de boletas), habiendo sido adoptada por Estados con alto y bajo grado de desarrollo social y cultural: desde Bangladesh, India, Sudáfrica, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, hasta Australia (país de origen), Austria, Canadá, Japón, Alemania, Rusia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.
Una de las “recomendaciones” que hizo hace algunas décadas el politólogo alemán Dieter Nohlen sobre los sistemas electorales fue que lo primero había que hacer era “pensar los objetivos que se quieren alcanzar con un sistema electoral o su reforma”. La boleta única intenta disminuir o suprimir prácticas electorales tramposas, haciendo más transparente los comicios, dándole al elector un extraordinario poder de autonomía y decisión. Eso es todo y no es poco. Pero no debe pedirse a la boleta única que supere o modifique los rasgos de un sistema electoral, porque no lo es en sí mismo, sino que expresa una de sus áreas: el sistema de votación. Los temas de debate como el de las circunscripciones electorales (por ejemplo, el sistema uninominal en el Senado), el de las candidaturas (si las listas son cerradas y bloquedas), la cantidad de diputados que se eligen (50 pero 28 se lleva la mayoría) o la cuestión de cómo se convierten los votos en escaños (por ejemplo, el sistema de mayoría en Diputados) son propios del sistema electoral santafesino donde casi todas estos asuntos están resueltos en la Constitución. Si se quiere el cambio en la mayoría de los temas apuntados, deberá modificarse la Carta Magna santafesina. Pero esa es otra discusión, que sin dudas, en algún momento debemos estar dispuestos a dar.
Por ahora, y a diferencia de muchas provincias donde se viven situaciones institucionales más complejas, Santa Fe se apresta a celebrar elecciones (internas abiertas primero y generales después), con un saludable clima preelectoral, con una mayoría de aspirantes a la Casa Gris con propuestas y trayectorias, -más allá de las lógicas y necesarias diferencias- y se prepara para un nuevo cambio, esta vez, en su sistema de votación, lo que constituye todo un desafío: ser la primera provincia de la República Argentina en votar con la boleta única, con la intención de lograr mayor transparencia electoral y mejorar su calidad institucional y democrática.
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