lunes, 6 de diciembre de 2010

Presentación del libro "Democracia y Derechos Humanos"



El Dr. Oscar Blando, Profesor Tiutlar de Derecho Político y actual Director de Gabinete y Asistencia Técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, presentó el pasado.6 de diciembre, presentó el pasasdo 6 de diciembre a las 19hs. su libro “Democracia y Derechos Humanos. Una aporía irresuelta: legalidad inválida y Estado de Derecho” en la Aula Magna de la Facultad de Derecho. La presentación estuvo a cargo de la Vice Gobernadora de la provincia de Santa Fe, Dra. Griselda Tessio, el Profesor Rubén Chababo Director del Museo de la Memoria de la Municipalidad de Rosario y del Dr. Ricardo Silberstein, Decano de la Facultad de Derecho de la U.N.R.
También se presentó el libro en el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos "Alicia Moreau" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional deMar del Plata, el día 19 de noviembre y estuvo a cargo del Juez de Garantías de Mar del Plata, Dr. Juan F. Tapia y el Dr, Luis P. Slavin, Director del Centro de Investigaciones Carlos Nino (UNMDLP).

viernes, 14 de mayo de 2010

Un balance de los juicios por Derechos Humanos

La Dra. Griselda Tessio, Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe 2007-2011 y de vasta trayectoria en el campo de la Justicia y los derechos humanos, reflexiona sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina. La conferencia fue presentada por Oscar Blando y Alberto Ford y se desarrolló el 14/05/2010 en la Sala E del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, en el marco del Congreso Internacional Rosario 2010 "Profundizando la democracia como forma de vida", organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

martes, 16 de marzo de 2010

La "gente" y el servicio militar obligatorio

No es mi intención discutir aquí la conveniencia o no de reinstalar el servicio militar obligatorio que merece un análisis profundo que excede este espacio. Sí, me interesa tratar los motivos que esgrime parte de la sociedad para avalar el retorno al sistema anterior. El debate no es nuevo: el año pasado el portal Infobae hizo circular la siguiente "encuesta": "¿Cree usted que el retorno del servicio militar obligatorio sería una solución al descontrol de los adolescentes?". Los votos por el "sí" fueron, según publicaron, abrumadores: el 75,29 por ciento del total. Hace pocas horas, se interrogaba por un medio local a personas que caminaban por la peatonal sobre las buenas razones que justificarían regresar al servicio obligatorio. Y otra vez, los jóvenes en la mira. "Y si no, ¿cómo los parás?... ¿No ves que no se puede salir a la calle?". "Algún límite tienen que tener ante la falta de control de la escuela… ahí los van a educar"…
Tengo claro que no se trata técnicamente de encuestas, tan sólo de opinión publicada de alguna gente a quienes se las consulta circunstancialmente. Quizá sería distinto el resultado si el universo interrogado incluyese los pibes de 16 y 17 años, los familiares de los desaparecidos o los ex combatientes.
Pero no son menores por ello, las consecuencias de aquellas respuestas. Primero, porque, lamentablemente, creo que reflejan buena parte del pensamiento medio y que atraviesa franjas etarias y sociales; y segundo, porque muchas de las decisiones políticas, sociales y económicas desde hace tiempo se toman desde los poderes y desde la política, teniendo en cuenta estas valoraciones individuales de la "gente", elevándolas como sagradas y acríticas a categoría sociológica. La "gente" aparentemente despojada de enclaves ideológicos, desprovista de mezquinos intereses, alejadas de sus corruptos representantes, se autoproclama y se autoconsuela sugiriendo desde una visión antipolítica que ninguna cuota de responsabilidad tiene en los avatares de la cosa pública. La historia política argentina desmiente esa visión tan idealizada como falsa: el consenso a gobiernos de distinta estirpe, el respaldo a planes económicos y a reelecciones y hasta el apoyo –ya que estamos en tema– muy generalizado a conflictos bélicos, como los del Beagle y Malvinas.
Vale la pena intentar, al menos, desentrañar algunos discursos de la "gente", en este caso, referido al debate sobre las razones del volver al servicio militar obligatorio. Y otra vez, el tema de la inseguridad se cuela por los lugares menos pensados y el espíritu blumbereano sobrevuela. Pregunto: ¿la respuesta a la inseguridad ciudadana debe combatirse con los jóvenes incorporados obligatoriamente a las fuerzas armadas? ¿Qué se quiere decir en este caso con que "esto hay que pararlo" o "no se puede salir a la calle"? ¿Se pretende que los chicos cuando hagan la instrucción patrullen las calles con armas de fuego para combatir el delito? ¿Qué se pide cuando se afirma que los jóvenes tienen que tener algún control que la escuela no da y que ahí se van a educar? ¿Se sugiere que el cuartel suplante al aula y que el sargento al maestro en la "lucha" contra el descontrol de los adolescentes? ¿Para esto se quiere el servicio obligatorio? ¿Estas son las soluciones?
La educación, desde la escuela, el colegio y la universidad –con todos sus problemas y deficiencias– trata de infundir principios igualitarios, participativos y democráticos, formadores de ciudadanía, y es infinitamente más eficaz en todos los sentidos para los jóvenes, incluso para con el llamado "combate" contra el delito, que las consignas de orden, jerarquía, "subordinación y valor", especialmente cuando se lo piensa en términos de seguridad ciudadana. El imperativo constitucional obliga a los ciudadanos a armarse en defensa de la patria y de la Constitución y no tiene nada que ver con estas des-ideologizadas (¿?) propuestas de inmiscuirse en materia de seguridad interior, que además está prohibido por la ley de defensa nacional. En todo caso, discutamos el servicio militar que hoy recluta voluntarios, desde otra perspectiva, pero no desde ésta.
Quizá sea hora de algún modesto acto de circunspección: no vendría mal mirarnos como padres y como ciudadanos, qué ideas superadoras al servicio militar obligatorio en tiempos de paz tenemos para nuestros hijos, qué valores éticos y sociales transmitimos y consumimos y preguntarnos si como sociedad, estamos en el buen camino cuando el rating marca que Ricardo Fort quintuplica a Eduardo Galeano en la misma franja horaria...
Por fin, y ante una posible chicana discursiva sobre el autor de la iniciativa de la desobligación del servicio militar, me apresuro a responder: cuando reflexiono sobre esto no pienso en Menem, pienso en Carrasco.

miércoles, 27 de enero de 2010

Santa Fe y los juicios de lesa humanidad


Hay hechos en los procesos históricos de los pueblos que no pueden pasar inadvertidos. Hace más de veinticinco años Santa Fe vivía uno de los actos de vandalismo institucional más graves: en la madrugada del 8 de octubre de 1984 se robaban los expedientes de la Conadep desde el mismo edificio de los tribunales provinciales. Nada fue recuperado, las investigaciones judiciales no prosperaron, nadie fue responsable de nada: había ganado, una vez más, la impunidad. Hoy en Santa Fe, concluyó uno de los juicios más emblemáticos: la Justicia en la denominada causa Brusa y en fallo ejemplar, condenó por delitos de lesa humanidad a responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otros, a un ex juez federal, ascendido a esa categoría en plena democracia. Hemos empezado a dejar atrás la impunidad. Es un cambio cualitativo en lo institucional y en lo ético de notable profundidad.
Pero nada es casual sino causal. Estos juicios históricos que se vienen desarrollando en el país y en Santa Fe, son el resultado de la larga lucha plural y de resistencia de las víctimas: de querellantes, testigos, familiares, abogados, organismos de derechos humanos. Sin ellos, no habría habido juicios. Santa Fe quiso acompañar, impulsar y comprometerse con este proceso.
Nuestro gobierno creó la Comisión Provincial de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad con la finalidad, dentro de las respectivas competencias, de realizar tareas de apoyo, colaboración y articulación entre la provincia, la Justicia federal y las Municipalidades donde se tramitan dichas causas. También atendiendo a que se trata de juicios orales y públicos, se garantizó el acceso de la ciudadanía a la información a través de la difusión de manera online de las partes del juicio autorizadas por el Tribunal, imágenes que pueden ser captadas por cualquier canal del país y vistas en cualquier lugar del mundo. La difusión de estos juicios no sólo tiene un valor jurídico y político, sino cultural: colabora impidiendo que la impunidad sea aceptada por la conciencia social.
Por fin, se creó en ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes" que tiene como características esenciales: la dirección civil del programa, su integralidad (intervienen los Ministerio de Justicia y DDHH, de Salud y de Seguridad) brindando acompañamiento asistencial jurídico, psicológico y de seguridad civil y policial. Para la custodia personal y/o domiciliaria se creó una unidad especial que depende directamente de otro civil, el ministro de Seguridad, integrada con agentes seleccionados especialmente por los Ministerios del área y cuyos nombres fueron puestos a disposición —para que se hiciesen eventuales observaciones— de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, representada por todos los bloques parlamentarios.
Estamos convencidos que el Estado democrático, debe garantizar políticas públicas que generen espacios de confiabilidad para que el testigo —que debe pasar del relato privado al público, revivir lo vivido en una experiencia extremadamente traumática— produzca libremente con su testimonio, un acto jurídico y social fundamental: contribuir en la búsqueda para esclarecer la verdad y alcanzar la justicia. En estas causas, sin prueba testimonial no hay posibilidad de juicio condenatorio: la seguridad de los testigos es parte de una política de seguridad democrática. En el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2009), titulado "El derecho a la verdad", se sostiene que "la protección de testigos y víctimas (de violaciones manifiestas a los derechos humanos) es parte integrante de la lucha contra impunidad". Es que no hay democracia plena con impunidad.
Sabemos de lo difícil y riesgoso de este proceso: no hemos estado exentos de las provocaciones, de las amenazas e intimidaciones a testigos y funcionarios. La primera y principal responsabilidad es del Estado, pero también es tarea común: en este tránsito nos hemos sentido acompañados por los querellantes, testigos, organismos de derechos humanos e incluso, por la oposición: cada uno desde su lugar y aún desde la crítica, han contribuido ha enriquecer las propuestas y corregir y mejorar las acciones de gobierno.
Este también es un cambio cualitativo a resaltar en torno a las prácticas políticas en una sociedad democrática como la nuestra. Tal vez por ello, un querellante y protagonista principal en la causa Brusa, consecuente pero también crítico luchador, pudo llegar a decir cuando finalizó este juicio en referencia al Estado y al programa santafesino al que había ingresado, que éste consiguió "superar la lógica paternalista que se limita a «cuidar» los testigos como si fuéramos discapacitados o frágiles sobrevivientes de una tragedia cualquiera, asumiendo la responsabilidad estatal de impulsar el juicio y el castigo superando cualquier tentación de neutralidad frente a los genocidas o de intromisión en el movimiento de derechos humanos. Por una vez, el aparato estatal apoyó al movimiento popular y hay que celebrarlo".