"Un gobierno democrático debe canalizar los disensos, no eludirlos ni reprimirlos"
Oscar Blando, profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional, cuestiona al presidente Javier Milei por pretender avanzar con reformas estructurales y una vasta desregulación económica sin “acuerdos políticos fuertes y debates amplios, públicos y democráticos”. Y, fundamentalmente, por tratar de eludir la Carta Magna nacional.
“El deber de todo gobierno democrático es canalizar los disensos, no eludirlos ni reprimirlos”, advierte a La Capital el también exdirector de Reforma Política y Constitucional de la provincia, que, de cara a un enero que promete alta temperatura política, asevera: “Milei demuestra una vocación autoritaria cuando afirma de modo extorsivo que, si no le aprueban el DNU, es porque los legisladores son coimeros. Tendrá que probarlo”
¿Cómo mensura las consecuencias institucionales de la ley ómnibus y el DNU del gobierno nacional?
Reformas estructurales, de desregulación económica (con privatizaciones) y del Estado, merecen acuerdos políticos fuertes y debates amplios, públicos y democráticos. No por vía DNU ni de leyes ómnibus que colisionan con principios y valores de la Constitución y el estado de derecho. Y esos acuerdos no se consiguen reprimiendo protestas o considerando sospechosos a los que piensan distinto y lo manifiestan. El megadecreto es un atajo que intenta eludir la Carta Magna y, por eso, causa una severa perturbación para la legalidad y la democracia. Subyace la intención de eludir las reglas del juego democrático. Con el DNU se busca sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa, un desvío de poder y un intento de obtener la suma del poder público, prohibido por el artículo 29 de la Constitución. Estas normas traen la máxima inseguridad jurídica: nadie sabe cuánto duraran, si el Congreso las derogará o si la Justicia las declarará inconstitucionales.
¿Milei no quiere disenso?
El deber de todo gobierno democrático es canalizar los disensos, no eludirlos ni reprimirlos. El presidente no debe calificar a los adversarios como enemigos, como lo hizo desde la campaña, ni dividir a la sociedad entre “personas de bien” o quienes él considera arbitrariamente que no lo son. Tampoco considerar los límites institucionales, el Congreso, un estorbo: son los reaseguros de la convivencia democrática que hay que preservar y no quebrantar. Y tener siempre presente: los derechos y las libertades se consagran y protegen desde la Constitución, que hay que respetar. No son la concesión graciosa de un gobernante, aunque se crea iluminado por las “fuerzas del cielo”.
Mientras el Congreso se prepara para una desafío crucial, las miradas también apuntan a la Justicia por un eventual freno al DNU.
En un estado constitucional de derecho, que se rige por frenos y contrapesos, existe un doble control: el político, a través del Congreso, y el jurisdiccional ejercido por los jueces. Estos últimos ejercen un control de constitucionalidad y convencionalidad. El Parlamento tiene un rol fundamental: no habrá DNU y ley ómnibus sin el acuerdo de los legisladores, que más allá de sus banderías políticas deben privilegiar los valores y principios de la Carta Magna y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. Estaremos atentos a cada voto, porque la democracia constitucional argentina depende, en gran medida, de qué deciden en esta circunstancia. Milei demuestra una vocación autoritaria cuando afirma de modo extorsivo que, si no le aprueban el DNU, es porque los legisladores son coimeros. Tendrá que probarlo. Pero, con esa misma lógica, ¿si se lo aprueban presupone que el gobierno los ha sobornado? La misma vocación autoritaria manifiesta el vocero presidencial (Manuel Adorni) al sostener que los legisladores deberán elegir entre lo que votó la gente o poner palos en la rueda. Primero, a los legisladores también los votó el pueblo, por lo que tienen la misma legitimidad que el presidente. Segundo, el Congreso no es un agencia del Ejecutivo sino debate, búsqueda de consensos y control. Se llama democracia. Tercero, en lugar de extorsionar deberían dedicarse a convencer.
Entre las medidas urticantes del Ejecutivo, por ejemplo, está la restricción al derecho de reunión.
Los derechos de reunión, de asociación, de protesta, no sólo son fundamentales básicos de la mayor consideración constitucional sino que están incluidos dentro del derecho a la libertad de presión base de la democracia. La restricción y penalización de esos derechos, el lenguaje empleado y su contenido, poco tienen que ver con un gobierno democrático o, por lo menos, con la vigencia de hecho de un estado de sitio encubierto y permanente. Además, esas normas represivas colisionan con derechos humanos garantizados por la Constitución y por los tratados de derechos humanos que incorporamos a ella, así como la jurisprudencia de la Cidh, de la ComisiónIDH y la Carta Democrática Interamericana. Todas esas normas no pasarían un test de constitucionalidad y convencionalidad. La normativa crea tipos penales abstractos de anticipación, criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión, penaliza la reunión de tres o más personas como en las épocas más oscuras de la Argentina. Debemos recordar que, cuando a las Madres de Plaza de Mayo les impidieron reunirse, comenzaron a circular en ese histórico espacio, convirtiendo las rondas en un grito de resistencia y libertad.
El presidente va también por una drástica reforma electoral.
Sí, a nuestro juicio negativa en su mayoría. Establece el sistema de candidaturas uninominales, suspende las Paso y elimina el régimen de publicidad electoral gratuita y los límites a los aportes para partidos y campañas. De ese modo, torna inequitativa la competencia, privatiza la campaña y echa por tierra un sistema de búsqueda de transparencia y publicidad de años. El sistema de circunscripciones uninominales tiene, entre otros efectos, el de no garantizar el pluralismo político y la proporcionalidad en los cuerpos legislativos: es electo un solo candidato, aunque gane por un voto. Eso hace que pueda distorsionarse la relación entre votos y bancas, es decir, permitiendo una desproporcionalidad entre los sufragios conseguidos y los espacios obtenidos. El ejemplo es el Senado de Santa Fe. Pero los sistemas uninominales tienen otros serios problemas: desde la imposibilidad de cumplir con el cupo constitucional a la eliminación de la paridad de género y, en base a cómo se diseñen las circunscripciones, la eliminación o reducción de las minorías. Incluso la tergiversación del voto mayoritario de la ciudadanía, haciendo ganar a quien no ganó. En el proyecto gubernamental, el Ejecutivo será el que diseñe las circunscripciones: tendremos un sistema de mileimandering, recordando al famoso gobernador del Estado de Massachusetts Elbridge Gerry (gerrymandering), quien modificó a su antojo los límites de su distrito.
¿Comparte la eliminación de las Paso?
Las Paso pueden tener una revisión crítica en su funcionamiento. Sin embargo, fomentaron la democratización de las organizaciones políticas, garantizando la competencia interna y evitando la opacidad en la selección partidaria, y permitieron una oferta electoral ordenada, depurada y más comprensible en las generales. Y contribuyeron a disminuir el volumen de la oferta (umbrales) de partidos sin representación, orientando la formación de frentes y coaliciones. Preferiría discutir posibles modificaciones a las Paso antes que su derogación.
¿Y la posible llegada de la boleta única al escenario nacional?
Hemos alentado la implementación a nivel nacional de la boleta única, pero de papel, no el voto electrónico. Ya sea con el diseño santafesino o cordobés. Es un salto de calidad institucional. El ejemplo de los doce años desde su implementación en Santa Fe es la mejor carta de presentación.
El radicalismo presentó en el Senado y en Diputados de la Nación leyes espejo para desactivar el DNU. ¿Sirve esa alternativa?
No la encuentro plausible porque no soluciona el problema. En extraordinarias sólo se pueden abordar los temas que envía el Ejecutivo y tratarlo en el Congreso es lo que no quiere Milei. Presentar una ley espejo al DNU significa estar de acuerdo con el contenido de ese megadecreto. Emprolijar un disparate jurídico y constitucional no subsana el disparate.
El DNU en la Argentina tiene un abultado historial de usos y abusos...
Los presidentes argentinos, en mayor o menor medida, usaron y abusaron de los DNU, pero nunca nadie dictó uno con 366 artículos que derogan o modifican normas, incluso los Códigos Civil y Aduanero y las leyes de contratos de trabajo y de alquileres. Hasta fulmina el derecho de huelga del artículo 14 bis de la Constitución. Por ser el megadecreto una verdadera plataforma de gobierno, con reformas tan extraordinarias que afectan derechos humanos básicos, la exigencia del debate democrático y plural y la necesaria búsqueda de consensos en el Congreso, el órgano representativo de la voluntad popular, es vital.
Publicado en el Diario La Capital de Rosario. Entrevista del periodista Javier Felcaro.
(31/12/2023)
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