En el mes junio, pero de 1968, se conmemoraba en el país el cincuentenario de la reforma universitaria y en Santa Fe se intervenía al poder judicial. Dos hechos que estarían trágica e indisolublemente unidos.
Apelo para estas reflexiones, a mi (falible) memoria, recordando el relato de testigos presenciales. Me reencuentro con amarillentos papeles de la época y recupero algunos pocos textos más recientes para reconstruir la historia.
Dos años después de producido el golpe de Onganía, —que destituyó al mas honesto presidente que haya tenido la Argentina, Arturo Illia— y tras numerosos atropellos a las libertades públicas, en oportunidad de celebrarse en Rosario, el cincuentenario de la Reforma Universitaria, ocurrió un acontecimiento de resistencia judicial, único en los anales de la historia forense argentina y latinoamericana, muy poco mencionado y hasta si se quiere extrañamente ocultado por la historiografía contemporánea (Sagüier, Eduardo, 2006).
Personalmente tengo un recuerdo imborrable de esos días: el recorte de un diario que salía por las tardes rosarinas pegado —insólitamente— en una de las paredes de los pasillos del Colegio Nacional Nº 1 donde cursaba mi secundario. El artículo tenía un sugestivo título que me impactó. Decía: "Cuando la policía cachiporrea a los jueces".
En efecto, había ocurrido que jóvenes universitarios de Rosario y abogados del foro intentaron homenajear a la juventud reformista de Córdoba con un acto al que habían anunciado su presencia, entre otros, Carlos Sánchez Viamonte, Alicia Moreau de Justo, Luciano Molinas y el propio Illia. El acto había sido prohibido por las autoridades provinciales como una continuación de la política de "los bastones largos". Ante ello, la comisión de homenaje solicitó amparo judicial. Esa Comisión estuvo co-presidida por el ing. Ismael Bordabehere, (hermano de Enzo Bordabehere, legislador asesinado en el recinto del Senado en el debate de las carnes que protagonizara De la Torre) que había firmado junto a Deodoro Roca, el Manifiesto Liminar de 1918. También participaban entre los organizadores Héctor F. Bravo y Carlos Perette y en la Comisión local, políticos como Camilo Muniagurria, Horacio Fidel López, y Miguel Ausburger.
El entonces juez Juan Carlos Gardella autorizó el acto público, pero el mismo fue impedido con una brutal represión de la que fue víctima el propio magistrado. Un posterior acto de repudio por esos hechos violentos también fue prohibido y reprimido pese a ser autorizado por otro juez, el doctor. Armando Frávega. La actitud de esos jueces fue seguida por otro magistrado, Enrique Basualdo. Ante los actos de insubordinación policial, los jueces terminaron sancionando con arresto al jefe de la Policía de Rosario, resoluciones que luego, una dócil Cámara de Apelaciones, dejó sin efecto.
La respuesta ante los acontecimientos en la Provincia que produjo Onganía, —convencido que era "un lugarteniente de Dios"— y su Ministerio del Interior, el "civilista" Guillermo Borda, -—reformador de facto del Código Civil— fue la intervención del poder judicial de Santa Fe. Nombró interventor Darío Saráchaga. La consecuencia inmediata de esa decisión fue la destitución de la Corte Suprema provincial además de la cesantía de Gardella, Frávega y Basualdo, vulnerando el principio de inamovilidad de los jueces consagrada en la Constitución de 1962 e iniciando uno de los períodos más oscuros de la judicatura santafesina.
Eran otras épocas: un puñado de dignos jueces, fiscales y secretarios, ante las tropelías cometidas en la Justicia, renunciaron en solidaridad a sus cargos: Zulema Stafieri, Olivella de Rossi, Laura Rodríguez Araya, Edmundo Flores, Sonia Belloti de Podestá, Celestina Bugni, Dora Gilardoni de Delatorre. Delia Rodríguez Araya envió su renuncia a la Corte Suprema en estos términos: "Habiendo jurado por la patria y por mi honor desempeñar fiel y legalmente el cargo que me confiara la justicia, los hechos ocurridos hasta la fecha hacen indispensable que me considere demandada por la Patria y mi honor —perdida la independencia y la autoridad del poder judicial, ante las cesantías de los señores jueces Gardella, Frávega y Basualdo— a presentar mi renuncia cumpliendo así el juramento". (La Capital, Señales, 13/2/2011). Lamentablemente otros jueces no sólo no renunciaron sino promovieron sus propios ascensos, algunos, insólitamente homenajeados por estas épocas.
Hubo por entonces algunos repudios iniciales a la intervención, entre ellos el del Colegio de Abogados de Rosario presidido por Roberto Rosúa y el de un grupo de hombres del derecho comprometidos con las instituciones democráticas: los abogados y profesores universitarios Oscar Borgonovo y Rodolfo Degiovanni, los doctores Israel Esterkin, Adalberto Bóccoli, Adolfo Trumper, Alberto Jaime, Evaristo Monsalve, Arturo de la Torre, Félix Cochero, Alberto Herranz, mi padre, Manuel Blando y otros, que seguramente omito involuntariamente.
Nada fue igual luego de aquellos acontecimientos desgraciados del 68 y lamentablemente, constituyeron el preludio de nuevos y más graves desatinos institucionales.
La intención de estas líneas es rescatar las justas luchas —y no las oscuras claudicaciones— y reconocer a los hombres y mujeres del derecho —jueces, funcionarios y abogados— que resistieron los atropellos autoritarios de aquella ignominiosa intervención judicial y también realizar un tributo a esos estudiantes y docentes reformistas que levantaron las banderas inclaudicables de la reforma universitaria sabiendo que, como lo advirtiera Joaquín V. González, "el postulado revolucionario de la participación en el gobierno de la universidad fue un logro consagrado, pero no debe olvidar el estudiante reformista que la conquista de la Universidad es solo un medio para lograr el supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición".
La intención de estas líneas es rescatar las justas luchas —y no las oscuras claudicaciones— y reconocer a los hombres y mujeres del derecho —jueces, funcionarios y abogados— que resistieron los atropellos autoritarios de aquella ignominiosa intervención judicial y también realizar un tributo a esos estudiantes y docentes reformistas que levantaron las banderas inclaudicables de la reforma universitaria sabiendo que, como lo advirtiera Joaquín V. González, "el postulado revolucionario de la participación en el gobierno de la universidad fue un logro consagrado, pero no debe olvidar el estudiante reformista que la conquista de la Universidad es solo un medio para lograr el supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición".
