Hay hechos en los procesos históricos de los pueblos que no pueden pasar inadvertidos. Hace más de veinticinco años Santa Fe vivía uno de los actos de vandalismo institucional más graves: en la madrugada del 8 de octubre de 1984 se robaban los expedientes de la Conadep desde el mismo edificio de los tribunales provinciales. Nada fue recuperado, las investigaciones judiciales no prosperaron, nadie fue responsable de nada: había ganado, una vez más, la impunidad. Hoy en Santa Fe, concluyó uno de los juicios más emblemáticos: la Justicia en la denominada causa Brusa y en fallo ejemplar, condenó por delitos de lesa humanidad a responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otros, a un ex juez federal, ascendido a esa categoría en plena democracia. Hemos empezado a dejar atrás la impunidad. Es un cambio cualitativo en lo institucional y en lo ético de notable profundidad.
Pero nada es casual sino causal. Estos juicios históricos que se vienen desarrollando en el país y en Santa Fe, son el resultado de la larga lucha plural y de resistencia de las víctimas: de querellantes, testigos, familiares, abogados, organismos de derechos humanos. Sin ellos, no habría habido juicios. Santa Fe quiso acompañar, impulsar y comprometerse con este proceso.
Nuestro gobierno creó la Comisión Provincial de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad con la finalidad, dentro de las respectivas competencias, de realizar tareas de apoyo, colaboración y articulación entre la provincia, la Justicia federal y las Municipalidades donde se tramitan dichas causas. También atendiendo a que se trata de juicios orales y públicos, se garantizó el acceso de la ciudadanía a la información a través de la difusión de manera online de las partes del juicio autorizadas por el Tribunal, imágenes que pueden ser captadas por cualquier canal del país y vistas en cualquier lugar del mundo. La difusión de estos juicios no sólo tiene un valor jurídico y político, sino cultural: colabora impidiendo que la impunidad sea aceptada por la conciencia social.
Por fin, se creó en ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes" que tiene como características esenciales: la dirección civil del programa, su integralidad (intervienen los Ministerio de Justicia y DDHH, de Salud y de Seguridad) brindando acompañamiento asistencial jurídico, psicológico y de seguridad civil y policial. Para la custodia personal y/o domiciliaria se creó una unidad especial que depende directamente de otro civil, el ministro de Seguridad, integrada con agentes seleccionados especialmente por los Ministerios del área y cuyos nombres fueron puestos a disposición —para que se hiciesen eventuales observaciones— de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, representada por todos los bloques parlamentarios.
Estamos convencidos que el Estado democrático, debe garantizar políticas públicas que generen espacios de confiabilidad para que el testigo —que debe pasar del relato privado al público, revivir lo vivido en una experiencia extremadamente traumática— produzca libremente con su testimonio, un acto jurídico y social fundamental: contribuir en la búsqueda para esclarecer la verdad y alcanzar la justicia. En estas causas, sin prueba testimonial no hay posibilidad de juicio condenatorio: la seguridad de los testigos es parte de una política de seguridad democrática. En el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2009), titulado "El derecho a la verdad", se sostiene que "la protección de testigos y víctimas (de violaciones manifiestas a los derechos humanos) es parte integrante de la lucha contra impunidad". Es que no hay democracia plena con impunidad.
Sabemos de lo difícil y riesgoso de este proceso: no hemos estado exentos de las provocaciones, de las amenazas e intimidaciones a testigos y funcionarios. La primera y principal responsabilidad es del Estado, pero también es tarea común: en este tránsito nos hemos sentido acompañados por los querellantes, testigos, organismos de derechos humanos e incluso, por la oposición: cada uno desde su lugar y aún desde la crítica, han contribuido ha enriquecer las propuestas y corregir y mejorar las acciones de gobierno.
Este también es un cambio cualitativo a resaltar en torno a las prácticas políticas en una sociedad democrática como la nuestra. Tal vez por ello, un querellante y protagonista principal en la causa Brusa, consecuente pero también crítico luchador, pudo llegar a decir cuando finalizó este juicio en referencia al Estado y al programa santafesino al que había ingresado, que éste consiguió "superar la lógica paternalista que se limita a «cuidar» los testigos como si fuéramos discapacitados o frágiles sobrevivientes de una tragedia cualquiera, asumiendo la responsabilidad estatal de impulsar el juicio y el castigo superando cualquier tentación de neutralidad frente a los genocidas o de intromisión en el movimiento de derechos humanos. Por una vez, el aparato estatal apoyó al movimiento popular y hay que celebrarlo".
