Inequidades de un sistema electoral

Una de las principales "áreas de análisis" de un sistema electoral es la conversión de votos en escaños (D. Nohlen). Puede decirse pues, que un sistema electoral en sentido estricto se ocupa del modo de distribución de cargos o bancas según el resultado electoral.
Siguiendo el principio democrático de que cada hombre vale un voto, un sistema electoral refleja más fielmente la voluntad popular cuando existe una relación proporcionada entre los votos de la ciudadanía y los resultados electorales.
Quiero detenerme solamente en analizar esta relación entre votos y bancas según los resultados electorales del pasado 2 de septiembre respecto del Senado provincial.Como sabemos, la unidad en base a la cual se organizan las elecciones (circunscripción electoral) tiene dos órdenes fijados por la Constitución en Santa Fe: circunscripción única plurinominal para Diputados y varias circunscripciones uninominales en el Senado: un senador por cada uno de los 19 departamentos, sin tener en cuenta relación poblacional alguna.
¿Cómo se ha reflejado esta relación entre votos y bancas alcanzadas según el resultado electoral en el Senado? Según lo muestra —al escribirse esta nota— la página oficial (www.santa-fe.go.ar/elecciones), el Frente para la Victoria (Bielsa) ha obtenido 13 bancas (senadores) lo que expresa el 68,42% de las bancas en juego; el Frente Progresista Cívico y Social (Binner) consigue 5 senadores, lo que representa el 26,32% de las bancas; y la UCR (Tate) logra un senador (el 5,26%).
Sin embargo, si se advierte la cantidad de votos conseguidos por partidos para senadores, el Frente de Bielsa obtuvo 670.590 votos, es decir, el 43,34% del total de sufragios; el Frente de Binner 764.235 con el 49,39% de los sufragios totales; y la UCR 48.348 votos con el 3,12% del total de sufragios.
Conclusión: el sistema uninominal permite casos como éste: el que no obtuvo mayoría de votos consigue mayoría de bancas... En efecto, el 43,34% del total de votos a senadores del Frente para la Victoria se convierten en virtud de este sistema electoral en el 68,42% de las bancas realmente conseguidas: 13 de la 19 en juego. Y a su vez, el 49,39% de los sufragios de Binner se transforman en realidad en un 26,32% de las bancas, ya que sólo obtiene 5 senadores.
Los llamados sistema uninominales "puros" tienen este grave inconveniente: permiten la desproporcionalidad entre los votos emitidos por la ciudadanía y su conversión en bancas. En el senado santafesino que se conformará a partir de diciembre hay una sobrerrepresentación parlamentaria del partido que salió segundo en cantidad de votos.
Esta "desproporción" se traduce en un hecho no menos importante: la Asamblea Legislativa (reunión de ambas cámaras para tratar temas tan trascendentes como aprobar o rechazar pliego de jueces o los miembros de organismos de control) tendrá mayoría del sector político que no ganó las elecciones: 35 legisladores el sector que representó Bielsa, 33 representantes del que ganó las elecciones (Binner) y 1 el radicalismo oficial.
Los sistemas uninominales tienen otros serios problemas, sobre todo uno que es clave: según cómo se "diseñen" las circunscripciones tanto puede servir para eliminar o minimizar a las minorías como tergiversar el voto mayoritario de la ciudadanía, permitiendo "hacer ganar" a quien "no ganó".
Desde luego, no hay ningún sistema electoral neutro o perfecto, pero el sistema uninominal fue reclamado por diversos sectores sociales, comunicacionales e incluso políticos en nuestro país luego de la crisis del 2001, y lo que es llamativo, a veces por expresiones minoritarias del espectro ideológico: estas elecciones han dado una lectura inequívoca: sistema uninominales (senado) y reducción de bancas (Concejo Deliberante de Rosario) han significado prácticamente la eliminación de las minorías.
La bandera de la lucha contra la "lista sábana" fue el sistema uninominal que permite efectivamente la personalización del voto: "¡Votemos a las personas y no a los partidos¡", se decía: "Es necesario que se conozca a quién se vota", elemento sustantivo, es cierto, para una buena decisión ciudadana, pero también debe argumentarse que en aras de esa personalización se sacrifican otros valores o principios que todo sistema electoral, a mi juicio debe mantener: a) el pluralismo político que supone la posibilidad de que se permita una diversidad de expresiones político-partidarias con bajos umbrales electorales de exigencia, b) grado de proporcionalidad que refleje las preferencias políticas de la sociedad y que éstas se expresen en la correspondencia entre votos y bancas obtenidas. Para que haya pluralismo y proporcionalidad necesariamente debe haber listas que incluyan a varios candidatos. Esto no significa la defensa de listas cerradas y bloqueadas (mal llamadas "sábana", ya que éstas son las boletas que "arrastran" candidaturas de diversas categorías: presidente, gobernador, diputados, intendente, concejales), ¿pero lo que no funcionó sustantivamente por su impredecibilidad (sistema uninominal), en 1902 por impulso de Roca puede funcionar ahora? El sistema proporcional que permite pluralismo y proporcionalidad supone una lógica de competencia electoral con funcionamiento de partidos políticos fuertes, prestigiados, con controles y programáticos, y esta no es una característica del sistema de partidos en la Argentina, lo cual agrava el problema.
¿No hay salida? Desde luego que sí. Pero no hay receta mágica ni única. Menos hay soluciones simplistas y que ignoren problemas mayores a los que se quieren solucionar. El sistema uninominal puro es impredecible y genera inequidades. La tendencia parece acercarse a sistemas mixtos que combinen territorio con población, personalización con proporcionalidad. Una futura y necesaria reforma política y constitucional en Santa Fe, entre otras cuestiones, lo debería contemplar. No es un tema menor para un sistema político, especialmente porque está en juego la credibilidad ciudadana, clave de la legitimidad democrática.


(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 12/09/2007)

Código de Faltas: avance y continuidad

Una ley es la expresión de conflictos, intereses encontrados, ideologías que influyen y determinan su sanción. Es algo cercano a una síntesis: en términos del constitucionalista Horacio Rosatti, la ley formal "es lo que queda", es algo "residual". Y entre "lo que no queda" están lo debates, las opiniones de los distintos sectores consultados, la oposición parlamentaria, la voz de las minorías, que no constan en la redacción de la ley formal. Vale valorizar el debate público, especialmente antes y no después que una ley sea aprobada.
El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto del nuevo Código de Faltas que hizo suyo el dictamen de la Comisión de Reforma del Plan Estratégico. Sin embargo, algunos integrantes hemos planteado reparos que quedaron en minoría y pretendo aclararlos. En el proyecto hay avances respecto a la legislación en vigencia: se derogan figuras que desde estas mismas columnas hemos criticado: la "ofensa al pudor" y el "travestismo". Propuse suprimir también la "prostitución escandalosa" pero la mayoría creyó conveniente mantenerla, por lo que propicié que por lo menos se incorporase bajo el capítulo relativo a la "tranquilidad pública", esto es, ya no se sanciona la oferta pública de sexo sino las molestias y disturbios y, lo que sí es importante, será un acción de instancia privada o ejercida por el ministerio público.
Propuse, y se admitió, incorporar la sanción a toda forma o acto de discriminación y, entre ellos, los que realizan propietarios o empleados que impiden o restringen el acceso y permanencia a los "lugares privados destinados al uso público" (bares, cines, hoteles, etc.), sanción agravada en caso que dichos actos sean realizados por funcionarios públicos. Es decir, se sanciona el llamado “derecho de admisión” con fines discriminatorios.
En el nuevo proceso contravencional se ha eliminado la incomunicación del contraventor y el secreto de la "investigación preparatoria" y en cuanto al lugar de detención del infractor deberá estar acorde a los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos: cuando el arresto no cumpla esas condiciones deviene "automáticamente en inconstitucional e inejecutable" y el funcionario que lo ordenase será pasible de las sanciones del Código Penal.
Un papel importante es el rol de la policía que a mi juicio no ha quedado claro y es clave para que podamos decir que hay un cambio y no "gatopardismo": según el nuevo proceso la policía debiera dejar de realizar la investigación quedando en manos del ministerio público; sin embargo, la redacción actual es, por lo menos, ambigua. En minoría he planteado una fórmula más categórica diciendo que “corresponde al ministerio fiscal llevar adelante la investigación contravencional preparatoria. El fiscal puede delegar excepcional y fundadamente la misma a la policía previa proposición de las diligencias de pruebas a realizar e indicando el hecho a atribuir al contraventor". La Legislatura puede clarificar este tema y modificar el papel de la policía que ha engendrado tantos abusos, arbitrariedades y hechos de corrupción.
Respecto a las manifestaciones públicas del gobierno sobre que el proyecto ahora sanciona+ la "obstrucción del espacio público" (los piquetes) en una especie de definición de "empate" ideológico, es una interpretación que corre por su cuenta: en realidad, la redacción actual es la fusión modificada de dos artículos ya existentes en el Código actual (obstrucción maliciosa _término ahora eliminado_ del tránsito, art. 66 y reuniones y manifestaciones sin previo aviso, art. 68). Es más, la reforma propuesta agrega que "el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención", por lo que será un juez quien deba interpretar la ley, en donde, reitero, no ha habido innovación y no se conocen demasiados antecedentes jurisprudenciales de los jueces de faltas que hayan echado mano a ella con fines sancionatorios.
Otras críticas parten de que el proyecto propone mantener la cuantía de las sanciones actuales, que a mi juicio y aunque sea en forma alternativa, tienen en el "arresto" como la "pena" principal. Nos opusimos: aquí se sancionan contravenciones y no delitos ya que para eso está el Código Penal. El "arresto" debiera dejar de ser la sanción principal y generalizada, dejándola solamente para casos de gravedad suficiente por su grado de violencia o porque implique riesgo a la integridad física de las personas. La privación de la libertad debe ser el último recurso y no el primero. Deben privilegiarse otras posibilidades como el trabajo de utilidad pública, el apercibimiento, la inhabilitación, etcétera. El Código de Faltas debe velar por la convivencia ciudadana y debe intentar consagrar un sistema de resolución de conflictos esencialmente basado en soluciones reparadoras por sobre las punitivas.
He planteado también mis disidencias sosteniendo que de acuerdo a principios legales y constitucionales no puede haber "prisión por deudas" (se puede privar de la libertad a quien no paga una multa) y he postulado la eliminación de la figura del "ebrio habitual" y la mendicidad (dejando sólo la sanción para la inducción a mendigar a menores): en una provincia en donde la pobreza afecta al 28,6 por ciento de la población (índice del Indec) se sigue proponiendo criminalizar la pobreza disfrazada de "molestias" a automovilistas...
También he propuesto en minoría la derogación de la figura que faculta a los funcionarios públicos (la policía) requerir a las personas que suministren datos relativos a su identidad, antecedentes, dado que dicha exigencia es inconstitucional: es un símil de esa figura que desde siempre atacamos: la detención por averiguación de antecedentes que aún sigue vigente en Santa Fe.
Los legisladores provinciales tienen la oportunidad de profundizar un cambio acorde a las modernas legislaciones, modificando el proyecto del Ejecutivo en sus aspectos negativos, porque la legislación contravencional no es un tema de "menor cuantía": como ha dicho Eugenio Zaffaroni, debido a las escasas garantías que suelen rodearla, "es un campo propicio para la arbitrariedad, los apremios ilegales y la afectación de la dignidad humana; dada estas características, resulta un formidable instrumento de control social, que tiene incluso más importancia práctica que el Código Penal, puesto que penetra en ámbitos en los que aquel no puede (la creación artística, la crítica social, religiosa, de reunión); la legislación contravencional aplicada en forma arbitraria, es una de las vías más efectivas por las que la reacción penal puede condicionar carreras criminales y estigmatizar socialmente a las personas".

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 22/05/2007)

En defensa de la política

No hay dudas: el disconformismo ciudadano con la política tiene su sustento en la crítica visión sobre el comportamiento de sus principales actores: los dirigentes políticos.

Existen fundamentos: las insuficientes gestiones de los gobiernos, el incumplimiento de los mandatos electorales, las denuncias –y la impunidad- sobre hechos de corrupción, el doble discurso. Hay más: en épocas del proyecto desideologizador neoliberal –cuyas secuelas aún percibimos- se sentaron las bases del pragmatismo ético: se consagró el “todo vale” y era exitoso el slogan que justificaba al gobernante que “roba pero hace”. Y predominó la claudicación, la renuncia y así, la política tuvo un discurso nada épico: “no hay alternativas” sólo “hay que adaptarse a la globalización”. La política sin estado (o mejor, con estado cómplice) se volvió impotente frente a los mercados: ganaron los tecnócratas, adalides de la antipolítica y reinaron los “expertos” que convencieron a muchos –aún hoy-que el problema ante la crisis, se resuelve “gestionando” y no gobernando para transformar la realidad y que la pobreza y la exclusión que vino de la “mano invisible”, se soluciona con “puños de hierro”.

La crisis de 2001 trajo consigo –paradójicamente- en muchos dirigentes una actitud conservadora: antes de ser arrastrados por la repulsa social adoptaron la “política kitsch”: encuestas en mano miden el humor de la “gente” prefiriendo “ir a lo seguro” y limitarse a enunciar y proponer aquello que se considera aceptable-porque-ya-aceptado en vez de contribuir a la renovación democrática con nuevos valores, ideas y estilos políticos.

Pero digámoslo también: los políticos no son una “clase” que viene de un planeta distinto al nuestro: son parte de la sociedad y como tal, debemos hacernos cargo. No creo que seamos como se ha dicho, “un país de millones de ciudadanos cultos, honestos e inteligentes usurpados por una clase política rapaz y corrupta, argumento que podrá ser todo lo autoconsolador que se quiera pero es peligroso y falso”:  1) Peligroso, porque el discurso de la antipolítica, (aunque a veces se recicle en discursos de “nueva política”) esto es, la desacreditación generalizada de “los políticos”, de los partidos y de los órganos deliberativos, ha tenido en nuestro país una clara orientación autoritaria, predecesora de tentativas conspirativas o intentos hegemónicos: desde Leopoldo Lugones en 1.924 pasando por militares que se tiznaron el rostro hasta gobiernos de variada estirpe, en todo los casos, sus prédicas no plantearon mejorar la democracia sino suprimirla, presentarla como inviable o vaciarla de contenido. 2) Falso, porque muchos de esos críticos no son ajenos ni son las víctimas de la situación política, económica y social en la que nos encontramos. Por el contrario, han sido -y son- protagonistas fundamentales y en gran medida responsables de lo que nos pasa: son los mismos incendiarios disfrazados de bomberos.

Hay que revalorizar la política porque no hay democracia sin política. Lo que sí se necesita es un cambio de ideas, una renovación de propuestas, un ensanchamiento de los espacios de participación de los actores políticos en la toma de decisiones. Una de las formas del cambio en este escenario es recuperar el sentido de lo público... y recuperarlo en una país cargado de viejos y nuevos autoritarismos, individualismo, exclusión y anomia, no es poca cosa. Y esto incluye recuperar también el debate público.......la democracia no es monólogo, es diálogo, confrontación de ideas y de proyectos en una dialéctica de consensos y disensos. Como decía Castoriadis: el problema de esta sociedad es que dejó de interrogarse...Es saludable, renovador (y democrático) que el mayor número se involucre en la decisiones de lo colectivo: uno de los peores legados del neoliberalismo fue la privatización del debate público y haber hecho creer que la cosa común puede resolverse con decisiones individuales y recursos privados.

La aparición de la Dra. Griselda Tessio en la política santafesina, más allá de especulaciones electorales o preferencias partidarias, mejora sin dudas, la calidad del debate público y por tanto, eleva cualitativamente el discurso democrático.

Tessio no ha disimulado sus posturas ideológicas, ni ha llegado blandiendo la demagógica “vulgata antipolítica” heredera del qualunquismo europeo y vernáculo: a reivindicado la política como instrumento de cambio y transformación social. Tessio no llega a la política de la mano del cupo femenino, aunque no sea un demérito, pero muchas veces este mecanismo ha sido utilizado para cumplir un requisito legal. Ha sido propuesta por méritos propios, antecedentes y trayectoria y alcanzará la función gubernativa si la voluntad popular así lo decide. Ha renunciado a un cargo en un país en el que -sin especulaciones- pocos renuncian, y menos a cargos rentados y que gozan de inamovilidad.

El campo de lo jurídico y el de lo político son espacios diferentes pero no excluyentes. El discurso jurídico de los derechos humanos debe transformarse, renovado en sus contenidos y prácticas, en acción política para intentar que en la díada poder-derechos humanos la relación se incline a favor de éstos y para que de una democracia electoral pasemos a una democracia de ciudadanía: el grado de desarrollo de una democracia está esencialmente vinculado con el nivel de vigencia de los derechos ciudadanos y esta tarea está inconclusa y requiere el compromiso del mayor número.

La justicia pudo haber perdido una funcionaria de admitida valía, pero la política ha ganado una mujer con compromisos éticos y convicciones que, como todos, deberá sostener y revalidar con sus actos. Ha renunciado a un lugar –de aparente- “comodidad” profesional para ingresar a un espacio mucho más beligerante, menos reconocido y a veces ingrato como es el de la política. Diría en palabras de Hanna Arendt: “la humanidad no se adquiere nunca en soledad... sólo puede alcanzarla quien expone su vida y su persona a los “riesgos de la vida pública”.

(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 24/03/2007)