Ambos sistemas en sentido "puro" cayeron en descrédito. El "político", por la manipulación político partidista y discrecional de designación que caracterizó al "modelo empírico-primitivo" en la que los Ejecutivos intentaron centralizar y aumentar el poder de las cúpulas judiciales (para controlarlas mejor) en un proceso de domesticación que produjo, precisamente, cúpulas jerárquicamente fuertes y políticamente débiles (Zaffaroni, E. "Estructuras judiciales", 1994). Y el sistema "profesionalizado" recibió las críticas por su tendencia a la corporativización, favoreciendo "aristocracias" y "familias judiciales" y alentando la promoción de un juez "aséptico" y "desideologizado": de acuerdo a esta concepción el juez será "apolítico" si resuelve según pautas tradicionales, repetitivas y respetuosas de las "jerarquías" superiores, y cuando se "aparta" de esos criterios o da entrada críticamente a la realidad con formulaciones novedosas y democráticas será tachado de un juez "poco técnico, ideologizado y político". El asunto más o menos valorativo del apoliticismo del juez es en realidad un postulado "ideológico" detrás del cual se contrabandea determinada política de justicia (Bergalli, R.).
Lo grave del largo proceso institucional argentino es que adoptó lo peor de ambos sistemas y la consecuencia -porque de esto se trata- fue la pérdida de independencia del juez en un doble sentido: falta de independencia "externa" al deber soportar las injerencias no sólo políticas sino de los poderes fácticos (Iglesia, por ejemplo), y falta de independencia "interna" que se manifiesta en la fuerza que los tribunales superiores ejercen para revisar las sentencias que no reflejan "adhesión" a los criterios jerárquicos.
No es bueno confundir la cualidad política que supone el ejercicio de la función jurisdiccional que emana de un órgano del Estado con la "partidización" del juez: sería impropio suponer que una decisión es política cuando la toma el Ejecutivo y el Legislativo, y que no lo es en cambio la que decide no aplicarla. Por otro lado, los jueces no deberían dejar de resolver ante el reparo de que el contenido de su pronunciamiento sea político, porque hacerlo no le transfiere tal condición militante, del mismo modo que al sentenciar sobre derechos artísticos no se transforma en poeta (Boffi Boggero, L.M.).
La reforma que se viene
Se podrá discutir a fondo sobre las bondades de los sistemas de designación y remoción de jueces con preponderancia política o profesional, pero la Constituyente de 1994 ha saldado en esta instancia ese debate: ha elegido la llamada fórmula mixta incorporando el Consejo de Magistratura. Esto no tiene discusión y el mandato de la Constituyente debe ser respetado. Es cierto, su pecado fue que estructuró un consejo "inconcluso", porque creó categorías de integrantes, pero derivó a una ley reglamentaria la forma de esa integración y nominación, y el número de los mismos. Sin embargo, en su artículo 114 estableció una pauta muy precisa: procurar "el equilibrio" entre la representación de los órganos políticos, de los jueces, de los abogados, así como del ámbito científico y académico.
El proyecto de ley actualmente en el Congreso que intenta reducir de 20 a 13 miembros la composición del organismo, dando una preponderante participación al sector político, violenta ese equilibrio que supone la no superioridad de uno sobre otro. Sin perjuicio de las críticas que puedan hacerse al funcionamiento del Consejo, toda reforma debe intentar corregir y perfeccionar la institución, cuestión que, sostenemos, no se logrará aumentando la influencia política sobre el mismo.
La representación política actual (9 de 20) representa el 45% de sus miembros y con la reforma propuesta (7 de 13) pasa a tener más del 53%. Mientras que ahora en la composición del Consejo los abogados tienen un peso preferente en la Comisión de Selección de Jueces, la nueva ley deja en claro que los letrados no tendrán allí asiento alguno (igual que en la Escuela Judicial) y tan sólo un escaño en la Comisión de Acusación. Sí tendrán más peso relativo y participación en ambas comisiones los legisladores y el representante del Poder Ejecutivo. En fin, el poder político de hecho elimina la representación de las minorías y tendrá hegemonía para administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, designar y remover jueces, reasumiendo facultades que fueron expresamente limitadas por la reforma de la Constitución nacional de 1994.
Pero además de la lesión constitucional vale la pena reparar en esto: en los sistemas en donde el Consejo de Magistratura tiene asignada la competencia de designar a los jueces, la presencia de los representantes políticos, concretamente del Poder Ejecutivo, es significativa y se diría hasta indispensable. En cambio, en los supuestos donde el Consejo sólo selecciona entre un universo de candidatos con el propósito de proponerlos al Poder Ejecutivo -en terna, como es el nuestro- para que el Senado luego apruebe la recomendación del gobierno, la presencia de la representación política, y concretamente del Ejecutivo, debe ser reducida y podría ser hasta "prescindente". Esta tesis contundente que comparto y que espero ahora no renuncie a ella, fue esgrimida por el actual diputado Rafael Bielsa (junto a Luis F. Lozano, en La Ley, Sec. Doctrina, T. 1994-B).
El Consejo de Magistratura no elimina la elección "política" emanada de la representación popular: los oficialismos mayoritarios siguen designando con acuerdo del Senado a los jueces federales. ¿Para qué entonces se empeñan también en tener mayoría en su selección? ¿Por qué borrar con el codo aquella sana restricción presidencial surgida al inicio de su gestión respecto al proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema?
Precisamente, uno de los nuevos integrantes de ese Tribunal, Eugenio R. Zaffaroni, ha dicho que "la independencia en la designación y promoción de los jueces debe estar garantizada eliminando en la mayor medida posible la injerencia del Poder Ejecutivo: es requisito indispensable para establecer cierto equilibrio entre los controles estatales, que son de la esencia del republicanismo y de la materialidad del estado de derecho".
Claro, si no se está convencido en la necesidad de la independencia de los jueces y de poner controles a los posibles abusos del poder -de todo poder-, de nada habrá valido la incorporación de ingeniosas y más o menos modernas instituciones judiciales, porque como se ha dicho, no existe remedio legal contra el nombramiento de jueces adictos, ni contra la jurisprudencia obsecuente ni contra decisiones que no respetan la tradición democrática.
(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 23/12/2005)
Cuando Hernán Cortés resolvió marchar sobre México y extender los dominios hispánicos, alguno de sus hombres se opusieron por el peligro que tal empresa significaba. Entonces Cortés tomó una decisión que, como se ha dicho y más allá del personaje, la historia convertiría en metáfora de los actos irreversibles: ordenó "quemar las naves" impidiendo cualquier marcha atrás de alguno de sus hombres.
Como metáfora esta referencia histórica puede aplicarse a la decisión sobre la que no cabe volver atrás en torno al status jurídico de los municipios: la Asamblea Constituyente de 1994 aseguró la autonomía municipal sepultando históricas disputas doctrinarias y jurisprudenciales entre los "administrativistas" (partidarios de la autarquía municipal) y los "autonomistas".
Sin embargo, esta decisión jurídico-política "irreversible" puede esconder una visión excesivamente "optimista", por ejemplo si pensamos en Santa Fe: es más bien un punto de partida más que de llegada. Quiero trazar algunas líneas sobre los desafíos y obstáculos que plantea el tema.
El fenómeno de la "revalorización de lo local" es a escala global. La globalización supone un juego de fuerzas centrípetas que tienden a aglutinar y acumular actividad central y fuerzas centrífugas que promueven la autonomía y la descentralización. La importancia de "lo local" en este proceso se refuerza por la disgregación que sufre el poder unívoco del Estado-nación.
Pero fenómenos como la descentralización puede significar fortalecer lo local en lo institucional, económico, con mejora de la calidad ciudadana o, por el contrario, puede reproducir a escala local la dinámica de incluidos y excluidos que se observa a nivel social.
El municipio aparece como el lugar donde se hacen "visibles" la fragmentación social, la crisis de representación y la falta de recursos pese a estar obligados a dar respuestas. El gobierno local suele ser el escenario receptor de las protestas ciudadanas: se descentralizan las funciones y también se descentraliza el conflicto (D. García Delgado).
Además, la descentralización no siempre se propicia como una forma de democratización del poder, sino como estrategia frente a la crisis. Esto ocurrió en los 90: la cesión de competencias a provincias y municipios estuvieron vinculadas a la crisis fiscal del Estado, a distribuir los costos del ajuste y, en definitiva, a encargarse de la nueva "cuestión social".
El Informe del Desarrollo Humano 2002 advierte que hubo descentralización sin financiamiento y sin niveles de coordinación. El ejemplo, la transferencia de los servicios educativos a las provincias (e incluso el intento de municipalizarlos). Más que descentralización hubo desatención, delegación de responsabilidades, en definitiva, achicamiento de la educación pública.
El debate hoy debe darse en torno a los grados y finalidades de la autonomía. El artículo 123º de la Constitución nacional ha reenviado a cada provincia para que establezca alcances y límites de esa autonomía en lo institucional, político, administrativo, económico y financiero. La autonomía supone distribución de competencias, por eso estas deben derivar de la Constitución y no de la ley siempre sujeta a los vaivenes políticos circunstanciales.
Lo que está en juego no es poco: es la orientación democrática de esa autonomía: si la descentralización será entendida como distribución de poder o como distribución de "cargas", si la participación se reducirá a lo instrumental o significará un mecanismo real para la toma de decisiones que permita la profundización de la democracia y la transformación social. Si los municipios deberán gozar de autonomía plena o semiplena, si habrá formas de participación popular más genuinas, si la provincia se arrogará el derecho de imponer formas distorsivas en las leyes electorales (la "provincialización" de las elecciones) que atenten contra la autonomía municipal y la representación política. Si los municipios asumirán mayores funciones sin la posibilidad de obtener los recursos necesarios, en definitiva, cuáles son las atribuciones de las que los municipios ya no pueden ser privados.
La cuestión es política: nadie quiere resignar poder y de esto se trata: de mayor o menor concentración de funciones, de más o menos control en la decisiones.
Santa Fe pareció "quemar la naves" con la Constitución de 1921. El manotazo centralista y autoritario de 1935 lo impidió primero, los intereses en pugna y la falta de voluntad política durante décadas, después. No desaprovechemos esta nueva oportunidad.
(artículo publicado en el diario "La Capital" el 14/09/2005)
Tal vez esta anécdota personal contada por la periodista Sandra Russo en uno de sus excelentes artículos exprese en la profesora no sólo una visión unilateral y fanática de la historia sino el origen de las obsesivas resistencias que ciertos temas provocan, como la despenalización del aborto, la unión civil entre personas del mismo sexo, la perspectiva de género y desde luego, la educación sexual en las escuelas.
El discurso fanático a veces se expresa brutal e inaceptable en los labios del vicario castrense Baseotto en su cruzada contra el preservativo y la educación sexual en los colegios -que dicho sea de paso, no ha recibido la debida condena de los fieles-, pero en otras, más sutil, surge y desarrolla como una de las formas de la hipocresía. El debate sobre la despenalización del aborto permite visualizar ambas actitudes: las posturas fanáticas se oponen a esa despenalización y a la vez, y contradictoriamente, también se oponen a la educación sexual en las escuelas. Las miradas sostenidas por la hipocresía asumen el reto con más coherencia: para que haya menos embarazos que terminen en aborto -dicen- "debe haber" educación sexual. Sin embargo, y salvo honrosas excepciones, esa aspiración no ha sido más que una pose: no sólo no aparece la educación sexual sistemáticamente en las escuelas y en los planes de estudios provinciales sino que cada vez que un proyecto desde el Estado se presenta, aquellos sectores que lo "reclaman" -hipocresía mediante- siempre se oponen. Pareciera que la educación sexual no puede ser parte de una política educativa pública, sino reducto privado con una orientación religiosa determinada. Así, los poderes fácticos y la falta de voluntad política se asocian, para "abortar" -valga el término- toda iniciativa. Tal vez, "para preservar a toda costa ese pedazo de Edad Media que cada uno lleva en sí".
En el año 1990 -es decir, se cumplen ya quince- presenté un proyecto de educación sexual para todas las escuelas públicas y privadas de Santa Fe. El destino de ese proyecto y el debate producido estuvo -como lo está hoy- signado por el discurso de la hipocresía.
Nuestra iniciativa sólo tuvo media sanción en Diputados y luego, como correspondía, "caducó" y perdió su estado parlamentario. Pero incluso la modestísima e incompleta vigente ley Nº10.947 del año 1992 que sólo incorpora la temática en las asignaturas Ciencias Biológicas y Sociales y nada más que para lo que por entonces era "primer grado del nivel primario y primer año del nivel secundario", habría que preguntar si se aplica, dónde y cómo. Es decir, nada.
Nuestro proyecto fue tildado por algún sector de "peligroso" y quienes lo impulsábamos, entre otros calificativos, de "ideólogos marxistas" (sic). A su vez, los representantes de la Iglesia hicieron de la crítica causa común: desde el ex arzobispo Storni (hoy vinculado a una causa judicial no precisamente por coherencia con la "moral y las buenas costumbres") hasta el padre Santidrián, quien desde estas mismas columnas sostuvo que pretendíamos "cambiar los valores éticos y morales de nuestra sociedad".
La "peligrosa" iniciativa proponía la incorporación de la temática, que preferimos llamar de la "sexualidad humana", en todos los niveles de la enseñanza y creábamos una comisión especial que, previamente a su implementación, delimitaría objetivos, integraría las temáticas a las currículas (no era una materia aislada), realizaría una tarea de difusión y sensibilización en la comunidad educativa con padres y docentes, bajo la consigna de "educar a los educadores". Esa comisión que podía ser integrada con otros sectores, originariamente estaba compuesta por "peligrosos ideólogos" santafesinos: la doctora Ana María Zeno -sexóloga-, el médico obstetra Walter Barbatto, la psicóloga-terapeuta sexual Mirta Granero, el profesor Mario Romero de Nigris, los sociólogos Hilda Habichayn y Héctor Bonaparte, y el pediatra Adalberto Palazzi. También recibí sugerencias y aportes de los especialistas Carlos Soto Payva y Liliana Pauluzzi.
El tiempo (sin educación sexual) ha pasado pero los problemas han ido creciendo. El sida, los embarazos no deseados, el aumento de la maternidad prematura y la muerte por el aborto inseguro están allí y deben ser combatidos desde distintos lugares: digámoslo con todas las letras: "En nombre de una más que discutible defensa de la moral, ciertos sectores prefieren, porfiadamente, el contagio por ignorancia a que los jóvenes reciban siquiera información sobre el sexo o los preservativos. Es como preferir la muerte antes que una vida supuestamente pecaminosa".
Este no es un problema entre "justos" y "pecadores", es un dilema de vida o muerte. Esta sociedad tolera, hipócritamente, mirando hacia otro lado y sin dar respuestas, miles de abortos (de "católicos" y "ateos") que se hacen pese a su "prohibición", y lo que es peor, tolera en silencio que las profundas desigualdades sociales aumenten el número de víctimas. Las despenalización del aborto es improbable que haga aumentar el número de abortos, lo que es seguro hará disminuir el número de muertes. Como también lo hace disminuir la prevención a través de programas como los de salud reproductiva o de procreación responsable, que deben ser en todo caso, mejorados, reforzados y no suprimidos, y que entre otras cosas, tienden a garantizar para todos, el "derecho a la anticoncepción".
¿Y la escuela...? La escuela tiene mucho por hacer en este tema: creemos que la sexualidad es una dimensión educable del alumno que incluso no debe circunscribirse a una simple información sobre el aparato reproductor, la anatomía y la fisiología del cuerpo. Se nace varón o mujer, pero la masculinidad y la femineidad se aprenden, a través de vínculos que unen a los niños con los adultos. Reconocemos el papel fundamental de los padres en la educación sexual porque allí están los modelos de identificación más tempranos y perdurables, pero estamos convencidos de que la escuela tiene mucho por decir, más allá de tabúes y prejuicios.
La escuela y los docentes son recipiendarios de los problemas e interrogantes que los chicos y adolescentes traen al aula sobre la temática de la sexualidad y éstos no deben ocultarse, callarse ni censurarse: la vida no puede dejar de entrar a la escuela... Hay que asumir la realidad de enfrentar una educación sexual del silencio, con poca información y mucha tergiversación: porque una sociedad educa sexualmente aun cuando oculte información, brinde datos falsos u omita hablar de sexualidad. La desinformación o la información distorsionada, el ocultamiento, la reducción de la sexualidad a un uso mecánico del aparato genital, son algunos de los aspectos de la "mala educación" que imparte nuestra sociedad. Esto empobrece el ejercicio de la sexualidad y restringe las posibilidades de una comunicación más plena entre las personas (H. Habichayn).
Para los que hoy se siguen oponiendo a que a sus chicos se les hable de educación sexual, como se ha dicho, el sexo debe seguir su ruta de falso silencio en aulas, livings, sobremesas, sacristías o cuartos coquetos de quinceañeras: es un residuo de aquella síntesis que habilitaba solamente la sexualidad reproductora y teñía todo lo que quedara en sus arrabales con la sospechas del mal.
Sin embargo, creo que estamos aprendiendo a desprendernos de la vinculación entre el sexo y el mal y estamos asociando, maduramente, al sexo con el amor y desde luego y aunque se lo niegue, con el placer. El debate sobre la sexualidad en las escuelas está instalado y estamos en condiciones de superar el falso silencio y la prédica de los fanatismos, aislando la hipocresía. Estamos "zafando del repollo, desprendiéndonos de los brazos de la cigüeña. Estamos sexuándonos socialmente". Que así sea.
(artículo publicado en el diario "La Capital" de Rosario el 04/03/2005)
